La reciente declaración de un grupo de 30 personalidades de centroderecha que critican ácidamente el modo en que terminó planteándose la segunda proposición constitucional, puede ser analizada desde dos perspectivas.

Una, la simplemente humana (o una mirada a la coherencia de comportamientos que deja al descubierto esa declaración).

Muchos de quienes ahí se expresan en términos tan duros pertenecen al mundo que comenzó a entregar la Constitución del 80, con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019; varios son del sector que obtuvo una paupérrima representación en la Convención Constituyente; algunos son parte de grupos que vulneraron su compromiso de poner término al proceso el 4 de septiembre de 2022, invocando una palabra empeñada que no podía tener valor jurídico alguno… contra su propia palabra anteriormente comprometida; varios forman parte del sector que nos obligó a un segundo proceso, que determinó 12 bases sin consulta popular y que bajó los quórums de reforma de la Constitución vigente; muchos integran el sector que designó la mitad de los expertos, pero que, de nuevo, obtuvo una minoritaria representación en el Consejo y, finalmente, imaginamos que pertenecen al amplio conglomerado que se sintió representado en esa instancia por quienes desde la UDI, RN y Evópoli dieron los votos para aprobar un texto, al que ahora critican sin piedad.

Cuando se integra un sector que nos condujo de modo tan lamentable a la situación actual, ¿hay derecho a imputarles supuestos errores a otros?

Otra dimensión, mucho más importante, es la doctrinaria.

Nos dicen que Chile necesita una centroderecha con identidad y proyecto propio, con vocación de mayoría y una agenda reformista anclada en sus principios, dialogante y que, sin renunciar a sus convicciones, apele a su tradición de ser promotora de buenos acuerdos por el bien de Chile.

Con independencia de que todo eso es justamente lo que el sector que representan no hizo desde noviembre de 2019 en adelante —según acabamos de recordar—, la cuestión de fondo que subyace a ese planteamiento, retórico y generalista, es esta, decisiva en política: entre la realidad y los principios, ¿qué debe primar?

Al respecto, el Partido Republicano no ha hecho más que seguir un sensato planteamiento de Jaime Guzmán, formulado por allá por 1989, cuando con especial valentía planteaba que los dirigentes “en vez de mirar las encuestas para determinar lo que les conviene decir, reflexionen en sus conciencias lo que deben plantear, incluso arrostrando transitorias incomprensiones, a fin de modificar las deformaciones de criterios que las encuestas puedan reflejar existentes en la ciudadanía”, porque “el verdadero liderazgo siempre ha consistido en guiar a la opinión pública, en vez de halagarla servilmente o dejarse guiar por sus vaivenes”.

Los republicanos intentaron acomodarse a esa exigencia —sin hacer explícita profesión de fe guzmaniana—, pero con fidelidad a esa concepción. Es lo que José Antonio Kast ha reconocido al afirmar que no fueron capaces de explicar bien lo que convenía a la ciudadanía. Pero qué distinto es eso de algo así como “no ser capaces de hacer lo que la mayoría de la ciudadanía quiera”. Son dos derechas incompatibles entre sí.

Cuando los 30 firmantes hablan de buenos acuerdos por el bien de Chile, por ejemplo, ¿están disponibles para mantener la precariedad del embrión en gestación? o ¿para privar a los padres de las decisiones fundamentales sobre sus hijos? o ¿para vulnerar la propiedad o la libertad en materias de previsión y de salud?

Porque es a esas realidades donde hay que aplicar los principios y jugarse la carta de las convicciones. Si no, ¿dónde?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 27 de diciembre de 2023.