Al comenzar este 2024, una vez más hemos tenido noticias lamentables en torno a los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES). La novedad no ha estado en los números, sino en el oscurantismo instalado oficialmente por el Ministerio de Educación para que los datos disponibles no puedan ser utilizados, como se había hecho habitualmente, para investigar, comparar, cruzar información, revisar tendencias y sacar o contrastar conclusiones.

En términos simples, los resultados muestran algunas claves fundamentales, que conviene tener en cuenta a la hora de realizar los análisis:

-De los 100 mejores colegios en el ranking de la PAES, 97 son particulares pagados. 

-Los resultados muestran un aumento en “la brecha” entre los establecimientos pagados y los estatales.

-En los 100 mejores colegios del ranking solo hay dos de carácter estatal; hay 3 entre los 200 primeros, y varios muestran una continua decadencia.

-El Instituto Nacional –por décadas emblema de la enseñanza estatal en Chile– descendió desde el 9° lugar hasta el 267 en solo 15 años. Lo mismo ha ocurrido con otros establecimientos considerados “emblemáticos”.

-La disminución de los establecimientos emblemáticos no solo se ha reflejado en el ránking, sino que también había tenido una manifestación en la reducción de los puntajes.

Por cierto, los problemas de la enseñanza no se pueden limitar a revisar los resultados de las pruebas de admisión a las universidades –considerando los múltiples problemas sociales que afectan a los jóvenes y las familias chilenas–, pero sin duda se trata de un instrumento que algo debe significar, por cuanto lo acepta el Estado y las universidades para la admisión a la educación superior. En la práctica, peores resultados en la PAES permiten menos opciones para postular a la educación superior, con todo lo que ello significa en disminución de la libertad y las oportunidades. El tema es demasiado complejo como para reducirlo a eslóganes o limitar la información disponible.

Me parece que hay dos problemas centrales que no se analizan con la seriedad y consistencia debidas. El primero se refiere a que Chile se va convirtiendo, año a año, en una gran fábrica de desperdicio de talentos, especialmente en los sectores populares. No es necesario analizar los colegios con mejores resultados, en lo cual influyen diversos factores, desde los recursos económicos, el ambiente escolar, los preuniversitarios o clases particulares, la expectativa de estudiar una carrera o el esfuerzo personal. El problema es el otro: por qué hemos dejado que se multipliquen los malos resultados en los establecimientos del Estado, al que accede más de un tercio de la población, con muchos estudiantes de menos recursos, pero que no hay razón para condenarlos a tener malos aprendizajes y su consecuencia práctica, los puntajes. Es muy grave que no haya esfuerzos sistemáticos y serios para mejorar los aprendizajes de los sectores más vulnerables y que las cifras muestren el deterioro, no solo en la PAES, sino también en otros instrumentos.

Lo anterior se debe a un tema lamentable y de fondo: en la práctica, la enseñanza no es un tema prioritario, ni en Chile ni en sus autoridades; los malos resultados no importan ni tienen costos; los eslóganes vacíos (“educación gratuita y de calidad”) se imponen en algunos debates y proyectos, pero sin que se produzca un cambio de sentido en la orientación del trabajo. Lo mismo ocurre con la aprobación de las leyes: el fin al copago y a la selección no han tenido resultados positivos, que puedan evaluarse de acuerdo con las promesas de sus promotores, en temas como el supuesto “efecto par” y otros conceptos. Sería bueno sincerar la discusión: ¿debemos conformarnos con tener una enseñanza estatal de mala calidad? ¿Los padres deben saber que sus hijos tendrán malos resultados al egresar de la enseñanza estatal? ¿Hay ideas serias, relevantes y medibles que permitan augurar un cambio en el camino?

Evitar la divulgación de los resultados no va en la dirección correcta. Solo refleja confusión, temor a la comprobación de lo que todos sabemos y deseos de ocultar el fracaso de las reformas educacionales de los últimos años. En realidad, es probable que todos sepan que después de unos días esta discusión pasará, será tapada por otras noticias y dejaremos de discutir las malas noticias de la educación. Y así pasará este trago amargo, como cada vez que aparecen los resultados de las pruebas y los rankings, que confirman año a año las noticias negativas y persistentes.

La promesa de los cambios legales durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue educación “gratuita y de calidad”, como decían con escasa convicción pero repetidamente las autoridades de la época. Por el contrario, la enseñanza estatal se ha transformado en un gran motor de reproducción y aumento de la desigualdad en Chile. Ni siquiera se ha cumplido la promesa de bajar de los patines a quienes están más aventajados, por cuanto se ve cómo han ido disminuyendo quienes ya obtenían malos resultados, pero no ocurre lo mismo con los grupos que tenían mejores logros. La cuestión de fondo es que la enseñanza estatal puede ser gratuita, pero no es de calidad, promesa incumplida durante largos años.

El drama de la educación chilena no radica solamente en el fracaso de sus resultados y en la persistencia de las malas orientaciones, sino también en la indolencia con que se enfrentan los problemas relacionados con ella y en la falta de una convicción real para revertir la decadencia. Las reformas en curso mejorarán poco o nada –si es que no seguimos empeorando– los logros educacionales. Pasar de los establecimientos municipales a otros administrados por los Servicios Locales de Educación (SLEP) no pasa de ser un cambio administrativo y político, pero es difícil cifrar ahí las esperanzas de una mejor educación. La repetición de los paros –de profesores o de estudiantes– solo puede anunciar un desorden permanente, menos clases y aprendizajes, así como un ambiente de enseñanza cargado de interrupciones y, muchas veces, de violencia. Prohibir la información solo limitará el debate académico, que podría contribuir a mejores propuestas para el futuro: no faltará el creativo que en el futuro sugiera dejar de dar información sobre la pobreza o el desempleo, para evitar estigmatizar personas, lo que muestra lo insustancial del argumento.

No sabemos qué pasará ahora, pero es probable que no haya cambios relevantes. En igual fecha del próximo año –como fue también a comienzos de 2023– seguramente estaremos diciendo algo parecido: los mejores colegios son particulares pagados, la enseñanza estatal sigue a la baja, los resultados muestran escaso aprendizaje y hay muy pocos establecimientos estatales entre los 100 o 200 mejores colegios de Chile. Y todo seguirá igual. Ese es el principal drama de la educación chilena: el fracaso asociado a la indolencia. Dos malas noticias, repetidas hasta la saciedad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 7 de enero de 2024.