La semana pasada conocimos los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Es el segundo proceso en que se realiza esta prueba, luego de dos años con la Prueba de Transición (PDT) y de diecisiete con la Prueba de Selección Universitaria (PSU). La principal noticia con respecto a los resultados es un proceso que tristemente se ha terminado volviendo costumbre, que es la crisis de la educación “pública”. Esto se ha visto más notoriamente con la educación estatal –en proceso de desmunicipalización–, pero ha afectado en una medida no menor a los colegios particulares subvencionados.

Es difícil poner un punto de partida para esta verdadera “degeneración” del sistema público de educación. Si nos ponemos algo exagerados, las protestas masivas del año 2006, conocidas como “Revolución Pingüina”, pueden haber incubado el germen de lo que vivimos actualmente: una absoluta falta de respeto por la autoridad –profesores, padres o tutores y directivos–, una desconfianza del Estado por las instancias más cercanas a los verdaderos problemas de la educación –municipios, instituciones privadas, directores y padres de familia–, colegios que pierden clases gran parte del año –con paros y tomas que muestran altos niveles de violencia– y que son incapaces de recuperarlas, profesores ideologizados que adoctrinan a los estudiantes, nula libertad de elección de los padres, entre otros problemas que requerirían más de una columna para abordar con la justa profundidad y completitud. 

Cinco años más tarde, en 2011, comenzaría el autodenominado “movimiento estudiantil”, cuna de los dirigentes políticos que hoy nos gobiernan, dirigentes que saltaron al estrellato público en defensa de “la educación pública”, pero que solamente profundizaron los problemas que enumeramos en el párrafo anterior. En 2015, por su parte, la entonces Presidenta Michelle Bachelet promulgaba su “Ley de Inclusión”, que no incluía a nadie y sólo se preocupaba de establecer limitaciones a los colegios subvencionados y emblemáticos, prohibiendo la selección por criterios académicos o de otro tipo, el financiamiento compartido y el retiro de utilidades por parte de los dueños de los establecimientos. Dos años más tarde se promulgaría la ley que iniciaría el proceso de desmunicipalización de los colegios públicos.

Prácticamente todas las políticas exigidas por los otrora dirigentes estudiantiles e impulsadas por el segundo gobierno de Bachelet se encaminaban a realizar “cambios estructurales” en lo macro, sin reconocer que la “calidad” de la enseñanza pasa por cambios “culturales” en lo micro. De esta manera, poco importa en la práctica si el colegio lucra o no lucra, o si es municipal o particular, si la enseñanza que se otorga es la adecuada para una formación integral del estudiante. Al contrario, de bien poco sirve un colegio privado si sólo da una instrucción mecanizante que no ofrezca a los alumnos un horizonte trascendente de sentido para sus vidas. 

De todas formas, esos aspectos “estructurales”, aunque no son los más importantes en el proceso de enseñanza, sí tienen una importancia crucial. Si habían casos exitosos de establecimientos que brindaban una formación de excelencia –liceos emblemáticos y colegios subvencionados–, en vez de estimularlos y de fomentar que sigan surgiendo iniciativas similares –Liceos Bicentenario–, lo peor que podíamos hacer era ahogarlos. Y eso es justamente lo que se ha hecho en la última década.

El primer gobierno de Sebastián Piñera había dado en el clavo con dos políticas públicas cruciales para mejorar la educación pública: los Liceos Bicentenario y la Beca Vocación de Profesor. Justamente, los pocos colegios estatales que siguen teniendo resultados decentes son aquellos que se encuentran adscritos al primer programa o que siguen un modelo similar. Por el contrario, los gobiernos de Bachelet II y Gabriel Boric han ido en una línea diametralmente opuesta. El gobierno de Bachelet, como decíamos, por diseñar políticas que terminaron por desmantelar la educación estatal, mientras que el de Boric por su nula capacidad de gestión educativa y su preocupación por imponer una agenda ideológica. Entre medio, Piñera II intentó atacar los problemas profundizados por su antecesora y revertir parte de sus efectos, con los proyectos “Aula Segura” y “Admisión Justa”, sin embargo, sólo pudo aprobar el primero de ellos como ley de la República.

Como decíamos al comienzo, uno de los problemas de la educación chilena es la desconfianza del Estado por las instancias más cercanas a los verdaderos problemas de la educación –municipios, instituciones privadas, directores y padres de familia–. Esta desconfianza, común a la ex Nueva Mayoría y al Frente Amplio, es una de las principales responsables del hundimiento de los establecimientos educacionales en los ránkings. El otro de los problemas, la violencia al interior de los colegios, no sólo ha sido tolerado por ambas izquierdas en los últimos diez años, sino que ha profundizado los efectos de esta crisis. 

Si para el Presidente Gabriel Boric la Educación Pública es algo más que un eslogan, debería darse cuenta de que los problemas del sistema de enseñanza se resuelven con más subsidiariedad y no con menos. Luego de recuperar la seguridad al interior de los colegios, es necesario devolverle la confianza a los directores, padres y profesores, para otorgarle verdaderas competencias en la enseñanza de los estudiantes y rehabilitar su autoridad. Por su parte, facilitar la creación de nuevos colegios particulares subvencionados con el subsidio necesario para poder financiar una educación integral para sus alumnos. Sin esas cuatro necesarias políticas, la educación pública –estatal y privada– seguirá empeorando su rendimiento, y la gran estafa de la última década seguirá vigente.