El nuevo plebiscito que se aproxima será posiblemente el tema que seguirá copando la agenda política del país. Tras el exitoso rechazo de la pésima propuesta de la Convención el 4 de septiembre de 2022, el escenario hoy es muy diferente. Los chilenos tendrán que votar por una propuesta de ley fundamental que contradice el espíritu, la forma y el contenido del fracasado proyecto de Atria, Stingo, Loncón y otros. Por lo mismo, es necesario involucrarnos en el debate. Aún cuando la fatiga constitucional desespere a parte importante de la población, es importante ponderar la relevancia que tiene la decisión del 17 de diciembre.

La ciudadanía tendrá en la papeleta dos alternativas: “A Favor” o “En Contra”. El “A Favor” es un mandato de la ciudadanía al Presidente de la República a promulgar el nuevo texto constitucional en conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente. El En Contra supone un rechazo a la propuesta del Consejo Constitucional y un cierre del segundo proceso. Las dos propuestas –la nueva Constitución del Consejo o la continuidad de la vigente– generan cierto atractivo en el mundo conservador. ¿Cómo inclinarse por una o por otra?

Ante todo, es preciso definir cómo un “conservador” debe evaluar estas cuestiones. En la modernidad, se identifica a las constituciones con los textos que contienen las normas fundamentales de una comunidad política. De este modo, lo esencial en su contenido debe ser coherente con lo que entendemos como propio de un orden social recto y justo: reconocimiento de la dignidad de la persona humana, protección a la familia, garantía de la autonomía de los cuerpos intermedios, resguardo de las libertades cotidianas, un buen sistema político, medios de control de los actos del poder político, etc. En una fórmula más sencilla, una eficaz custodia de los bienes fundamentales para el desarrollo integral de todas las personas.

En virtud de esto, es conocida la bondad de la Constitución vigente. Pero la propuesta del Consejo no se queda atrás. Solo en lo que se refiere a los derechos fundamentales podemos mencionar algunas novedades esperanzadoras: refuerza la protección de la vida, recalcando la condición humana del niño que está por nacer, promueve nuevos apoyos a la vida familiar, afirma el contenido de libertades de elección, refuerza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la diversidad de proyectos educativos, establece de forma expresa la objeción de conciencia y establece la propiedad sobre los fondos de pensiones y un mecanismo de indemnización ante expropiaciones regulatorias. En materia de sistema político se hace cargo de los problemas de fragmentación –introducidos a través de malas reformas a la Constitución vigente– y determina nuevos límites para una mayor representatividad.

En líneas gruesas vemos que se introducen modificaciones positivas que profundizan los grandes aciertos institucionales de la constitución de 1980. Por lo mismo también hay una sintonía con la realidad política nacional, con nuevas reglas para los desafíos en materia de seguridad, orden público e inmigración ilegal, así como un reconocimiento más significativo de los elementos propios de la identidad nacional. Y es que, contrario a lo que algunos piensan, la propuesta evita con gran éxito las principales aspiraciones refundacionales del octubrismo. Se establece la necesidad de fomentar la participación femenina en política, pero no se impone ninguna forma de paridad obligatoria que distorsiona la voluntad de los votantes. Se valora a los pueblos indígenas y su rol en la nación chilena, pero no se pretende otorgarles privilegios o convertirlos en comunidades especiales. Y se da un tratamiento razonable al problema medioambiental, sin caer en la tentación ecosocialista.

Con todo lo dicho, pareciera que la propuesta del Consejo no solo cumple con los estándares de razonabilidad para un conservador: es una muy buena opción. Pero hay un grupo que tiene una legítima desconfianza hacia el proceso en sí. Consideran que la mejor forma de castigar las trampas de los distintos sectores políticos es rechazar la propuesta. ¿Es esto realmente así? ¿Un nuevo fracaso constitucional será un castigo para los sectores que impulsaron el proceso? Si así lo fuera ¿por qué el Partido Comunista ya se posicionó claramente en contra del proyecto del Consejo? ¿Por qué los expertos de la izquierda –Domingo Lovera, Verónica Undurraga y otros– han sido tan críticos del mismo y desean su rechazo?

Incluso si lo vemos desde otra perspectiva, es claro que el castigo no será para quienes nos llevaron a esta incertidumbre constitucional: será para el mundo conservador. Sí, porque lo que temen algunos sectores socialistas y estatistas es que el 17 de diciembre se de plena legitimidad democrática a una Constitución que refuerza y profundiza lo que más desprecian de la Ley Fundamental vigente: su espíritu. El espíritu de la Constitución vigente, fundado en un proyecto de sociedad libre y justa, que tanto bien ha dado a los chilenos, está plenamente recogido y mejorado en el proyecto del Consejo como se ha mostrado anteriormente. Un triunfo de la opción En Contra podría ser la ocasión perfecta para la nefasta reanimación –sino resurrección– del octubrismo. 

Si realmente queremos pasar la cuenta a los distintos políticos e intelectuales que tanto daño hicieron al clima político y que pusieron en serio riesgo la unidad de la Patria y nuestras libertades, tenemos la oportunidad perfecta de darles un poco de su propia medicina y concluir este segundo proceso constitucional con la aprobación plenamente democrática de un texto que reivindica los principios e instituciones del orden político-jurídico surgido en 1980, dando una digna y honorable sucesión a la Constitución vigente: la Constitución del Consejo.