La crítica situación que vive el servicio educativo público en Atacama es del terror, pero era algo que se podía prever. Desde que se diseñó e implementó el sistema de educación pública a través de la creación de los SLEP, nunca se atendieron las objeciones y cuestionamientos técnicos. Tampoco se escucharon los reparos de fondo, y de hecho lo que prometieron no se ha cumplido ni de lejos: la segregación no desapareció, la inclusión es poco más que un eslogan que a través del sistema de postulación a los colegios públicos ha generado numerosos problemas a las familias (con una baja importante en la matrícula) y la calidad no solo no ha mejorado, sino que los indicadores del SIMCE y las evaluaciones para ingresar a la Educación Superior demuestran que han pronunciado su declive.

Pero si ello no fuera poco, los responsables del sistema en esta Región han dado espacio a la corrupción, lo que ha significado un deterioro financiero de proporciones mayúsculas. Analizada la situación por los parlamentarios y por el propio Ministro de Educación, ocurre que ahora ponen en cuestión la posibilidad misma de desmunicipalizar los establecimientos educacionales, sin que ninguno de los tomadores de decisión en este ámbito, presente una propuesta que se haga cargo, verdaderamente, de mejorar la educación pública. Esta situación ha dejado en evidencia que todo este “Plan de Nueva Educación Pública” ha sido solo un experimento social. Un experimento ideológico que ha tenido graves consecuencias en las personas: en los docentes, en los alumnos, en sus familias, y por cierto, en la propia institucionalidad educativa.

Esta dramática situación en lo inmediato exige respuestas. ¿Acaso el Ministerio de Educación no debe liderar una gestión y un plan que se haga cargo de esta situación en lugar de lamentarla, como si solo fuera un espectador más?, ¿qué responsabilidad ha tenido el Director de Educación Pública y cuál es su propuesta en la solución de los problemas?, ¿por qué los más de 30.000 escolares a los que se les ha privado injustamente de clases por casi dos meses, no han recibido un plan pedagógico remedial personalizado?, ¿quién asumirá la responsabilidad de que los jóvenes que hoy cursan Tercero y Cuarto medio no alcancen los aprendizajes necesarios para cumplir con éxito su acceso a la Educación Superior?, ¿por qué los profesores han sido obligados a realizar su trabajo en condiciones inaceptables, y qué garantías se les da respecto a que ahora la realidad para que lleven a cabo su labor será la adecuada?

Muchos profesionales que tuvimos nuestra formación escolar en la educación pública vemos con desazón y algo de tristeza la realidad que hoy se vive, porque sabemos que es posible lograr buena educación en los colegios públicos.

Chile merece un sistema de educación pública decente, eficaz, respetado, que sea nuevamente, un foco de desarrollo humano y de confianza, seguridad y optimismo para sus ciudadanos. ¿Cómo abordar con seriedad, honestidad y credibilidad este desafío?, ¿quiénes asumirán el liderazgo en esta crucial y decisiva misión para el bien del país?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Discusión el domingo 29 de octubre de 2023.