Ya nos encontramos en los últimos metros planos de la pista. Después de meses de trabajo, la Comisión Experta, el Consejo Constitucional y la Comisión Mixta, están prestos a entregar su proyecto de Constitución Política de la República. En ese contexto, ya conocemos gran parte del texto final y, en consecuencia, ya podemos comenzar a discernir cómo votaremos el próximo 17 de diciembre.

En estos momentos, la derecha está dividida en tres o cuatro grandes posturas. Por el lado de quienes aprueban, unos lo hacen porque valoran el rol del Partido Republicano en el proceso y ven con buenos ojos el resultado. También aprueban quienes, no completamente convencidos de todas las propuestas, quedan satisfechos con el texto y quieren cerrar de una vez por todas la cuestión constitucional. Por el lado de los que rechazan, están los que creen que esta propuesta es extrema y plagada de enmiendas “partisanas”, y los que creen que es una Constitución “habilitante”, a la medida del socialismo del siglo XXI, el octubrismo y la Agenda 2030. 

Cuesta entender que un mismo texto pueda ser leído bajo paraguas tan disímiles. Más bien, parecen ratificaciones de los sesgos preconcebidos de cada sector, sin entrar al detalle del texto. Si queremos discernir prudentemente qué es lo mejor para Chile, debemos salir de nuestros prejuicios y comparar los distintos textos: el de la Constitución vigente, el Anteproyecto de la Comisión Experta y la Propuesta Constitucional. 

Aunque es discutible qué texto “es mejor” entre la Carta Magna actual y la propuesta por el Consejo, me parece evidente que la Propuesta final del Consejo mejora considerablemente el Anteproyecto, como bien hemos desarrollado en esta tribuna durante el año. Principalmente, el reforzamiento de la protección del derecho a la vida y un fortalecimiento de la provisión mixta de los derechos sociales, en particular el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho a vivir en un ambiente seguro, o el reconocimiento de que las contribuciones atentan contra los derechos de propiedad y vivienda, entre otras mejoras.

También hay que pensar “políticamente”. No sólo debemos aprobar o rechazar un texto “en abstracto”, sino que la opinión que le merece a los distintos sectores también es relevante. Desde el Partido Comunista (PC) han explicitado constantemente su rechazo a este proyecto, con la retórica que los caracteriza, pero para decir que no les gusta porque ellos eran felices con el “mamarracho”, porque creen que la democracia es el control absoluto por parte del partido y del Estado, y no la libertad de las personas, las familias y las organizaciones. Por eso, no se entiende que sectores de derecha –incluso al interior del Partido Republicano– como los autodenominados “patriotas”, así como sectores libertarios, entre otros, estén dispuestos a votar junto con el Partido Comunista –con todo lo que eso implica–, sólo porque piensan que los republicanos amarillaron durante el proceso –lo que no cuadra con las enmiendas propuestas y aprobadas–.

Estamos frente a la oportunidad de oro de votar por una Constitución septiembrista. Una Constitución como la que actualmente nos rige, pero sin el estigma de la “falta de legitimidad social”. No desperdiciemos la oportunidad por la competencia infantil de quién es amarilla menos.