Estamos en el tercer proceso constituyente. Precisemos

Andrés Barrientos | Sección: Política

Recientemente se recordó que han pasado cuatro años tras la insurrección de octubre de 2019. A medida que se decantan los sedimentos de la violencia perpetrada por grupos identitarios, lumpen y otros dispositivos y que disminuyen los análisis superficiales que se dio pantalla en esas fechas, parece que cada vez comienza a tomar forma la evaluación sobre dicho lamentable período en la forma de golpe de estado, bajo el apellido de posmoderno o golpe blanco. Tan así, que aparecieron en una misma semana integrantes del gobierno del expresidente Piñera, y él mismo, fortaleciendo la tesis de la eventual “toma del Palacio de la Moneda” que el ex director del INDH, Sergio Micco, señaló tras dejar su cargo. Fuera del juicio de valor que se puede haber hecho sobre la acción gubernamental ante este hito, es importante disputar el hecho de la naturaleza de la insurrección y despojar la falsa realidad instalada como un “estallido social” y su supuesta espontaneidad. Ante esto, aparte de sacar lecciones debemos preguntarnos seriamente si se ha restaurado el Estado de Derecho o no.

Otro aspecto que requiere atención particular es el relativo al relato de que actualmente nos encontraríamos en un segundo proceso constitucional y encienden las alertas y miedos sobre algunos personajes políticos que buscarían un eventual tercer proceso. La realidad es que desde el período posreforma aprobada de Ricardo Lagos, el nuevo proceso constituyente —que ha devenido en el actual en contenido— fue iniciado el año 2016 en el segundo mandato de Michelle Bachelet, que pocos quizás recordarán en un país de memoria frágil, pero que así fue anunciado por sus sostenedores. Sí, ese mismo proceso que contó con los llamados “Encuentros Locales Autoconvocados” y que decantó en una propuesta de reforma habilitante, e inspirada —como dice su mensaje N° 407-365— en los “movimientos sociales desde el año 2011 [que] han incorporado dentro de sus demandas la urgencia del cambio constitucional” y cómo no, en su Artículo 2 establecía que “La República de Chile es un Estado de Derecho democrático y social”, un verdadero “verlo venir” de la batalla perdida por las fuerzas de izquierdas en la reforma 2005 que quiso ser incorporada por el exsenador Silva Cimma y que se encuentra en la historia de la ley, y pasará a ser consagrada 18 años después en la propuesta que se discute en la actualidad. Un ejemplo perfecto del cual V. I. Lenin estaría orgulloso de lo que señaló en 1904: “Un paso adelante, dos pasos atrás”

Del primer proceso —impulsado por la violencia como dice el mensaje presidencial— pasamos al segundo proceso gestado por una nueva ola de violencia, por supuesto mucho más intensa y que efectivamente despojó del poder al Ejecutivo en términos prácticos y la anomia institucional terminó volviéndose norma. Con características especiales, aniquilación de la igualdad del voto y ante la ley, cuotas, escaños reservados y propuestas incineraban el derecho de propiedad, Chile se levantó para rechazar rotundamente. Por tanto, si hoy se discute un nuevo texto constitucional, lo correcto es señalar que Chile está inmerso en un tercer proceso constitucional, porque, además, si profundizamos en los tres procesos se ha incurrido en enormes gastos fiscales. 

Bajo el primer proceso del gobierno de Bachelet II se desembolsaron 2 mil millones de pesos, el segundo proceso bajo Piñera II-Boric I se gastaron 68 mil millones de pesos y el tercer proceso Boric I se estima que tendrá un costo de 79 mil millones de pesos. 

Puede que para los sostenedores de la política formal no sea algo importante, pero son estas precisiones las relevantes, si se entiende qué es hacer una batalla cultural, paso a paso, palabra por palabra, ladrillo por ladrillo. Cuando la desesperanza se ha tornado una tónica y el hastío una norma, lo que preocupa, por cierto, esperamos que en los próximos meses se escuche a los chilenos de esfuerzo y a todos los más vulnerables y sin voz, porque a todas luces parecieran estar diciendo que se debe poner fin a la aventura constitucional, que solo ha profundizado el deterioro.