Durante la década de los años 80 mucho se habló de la codicia como vicio que caracterizaba especialmente a inversionistas bursátiles y a empresarios que sin importar los medios, actuaban movidos por alcanzar cada vez más dinero. Refleja muy bien esa época la película de Oliver Stone, “Wall Street”. En ella, en un momento se ve al protagonista afirmar ante un grupo de ejecutivos que “la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena; es necesaria y funciona. La codicia clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La codicia en todas sus formas: la codicia de vivir, de saber, de amor, de dinero; es lo que ha marcado la vida de la humanidad”. Hace unos pocos años se ha insistido en este tópico en otra película también con mucha resonancia, basada en la biografía de Jordan Belfort, “El lobo de Wall Street”. Aquí el deseo voraz de la codicia se extiende a todo lo que sea atractivo poseer.

Sin embargo, es necesario advertir que la codicia es un vicio latente en diversas actividades humanas y nace en la mente de individuos egoístas que nunca satisfacen sus apetitos básicos, dando lugar a conductas inmorales para cumplir sus fines: mentira, fraude, corrupción, robo, adulterio, etc. Desde esta perspectiva, el apetito ilimitado de la codicia se puede presentar también en las reparticiones del Estado cuando existe la posibilidad de disponer de caudales públicos a discreción y sin control. 

Ahora bien, es necesario subrayar que pocos actos son más perjudiciales para el bien de una sociedad que la corrupción de sus funcionarios públicos. Cicerón, el pensador y político de formación estoica lo entendió muy bien: “no hay vicio más execrable que la codicia –señaló–, sobre todo entre los próceres y quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”.

Así, el grosero, procaz y abusivo proceso de corrupción que se ha denominado “Caso Convenios” es un ejemplo en que la codicia ocupa un lugar destacado en numerosos funcionarios de confianza política. Circunstancia que se agrava cuando expresamente a estos individuos se los instala en funciones con facultades para administrar dineros fiscales bajo escaso control. Los delitos en investigación dan cuenta, de hecho, de una situación muy grave. No obstante, es importante notar que sería aún peor si estuviésemos en presencia comprobada de un grupo organizado para malversar caudales públicos, pues en esta fase el Estado estaría siendo afectado por lo que se denomina “mafia”. Las mafias, entre otros aspectos, son organizaciones criminales con estructura jerárquica, con un sistema de normas y reglas para quienes son miembros, con códigos de conducta y métodos precisos para llevar a cabo sus delitos.

De este modo, la situación funda una difícil interpelación que exige pronta respuesta de parte de las autoridades: ¿estamos en presencia de una mafia? En otras palabras, ¿el Estado está siendo víctima de una organización estructurada para defraudar al fisco, o se trata de casos independientes que han coincidido en su operación delictiva? 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Discusión el domingo 13 de agosto de 2023.