Impresiona el programa de actividades que ha organizado la izquierda con relación a los 50 años del Pronunciamiento Militar.

Su contenido pone en alerta a una ciudadanía ya suficientemente consciente de cuánto odio suele expresarse en estas oportunidades y de cuánta destrucción generan esas actividades. 

Pero no somos los ciudadanos los llamados a hacernos cargo de esas dos dimensiones, en cuanto afecten el orden público en las calles de Chile. Es el Gobierno a quien le corresponde esa tarea, a través de las fuerzas de orden y seguridad.

Por eso resulta muy importante que en estos días se le haga un planteamiento abierto en que se le comunique la inquietud sobre el modo en que va a afrontar los previsibles actos de violencia.

El presidente Boric debe dejar muy en claro –nunca lo logra, pero esta vez hay que exigírselo muy perentoriamente– cuál va a ser el comportamiento del Ejecutivo desde la semana final de agosto en adelante. No sirve que diga algo así como “en esta fecha dramática, debemos respetar todas las sensibilidades de protesta y dolor y confiamos en que todos los chilenos se comporten adecuadamente”. 

Una frase como esa significaría decir, sin afirmarlo explícitamente, que no habrá control preventivo ni represivo alguno, que se considera que la violencia y los destrozos serán inevitables consecuencias del dolor y de la protesta, que su gobierno no hará nada que pueda colocarlo en posición análoga al Piñera de octubre y noviembre de 2019 (a pesar de toda la pasividad que aquel gobierno exhibió en esa gravísima crisis).

Lo delicado del modo en que el presidente Boric defina –si se logra que lo haga– la postura del gobierno frente a los próximo 15 días, no es que ella determinará sólo lo que efectivamente se hará desde el Ejecutivo, sino que además será una señal muy clara para las fuerzas de la violencia, y no solo para esas dos semanas, sino para la continuidad que le quieran dar a una segunda eventual ola insurreccional.

Es mucho, mucho, lo que el país se juega en esta nueva oportunidad para la Primera Línea, una oportunidad que esta vez puede dimensionarse de antemano y, por lo tanto, debe llegar a comprometer institucionalmente al presidente y a su gobierno, si no lo hace de modo adecuado.