El affaire Fundación Democracia Viva es la punta del iceberg de una trama mayor de irregularidades en el uso de los recursos públicos. ¡Lamentable! Porque en este caso lo único claro es que en Chile se utilizan fondos fiscales, recabados de los impuestos aportados con esfuerzo por millones de ciudadanos, para fines particulares y partidistas, distrayéndolos de su destino al bien común. También, porque este ilícito se suma a una ya larga lista de casos de corrupción anteriores. Las últimas décadas han sido tristemente “prolíficas” en la materia.

La falta de probidad va en aumento y se va haciendo cada vez más habitual, esto es, un auténtico vicio. Entretanto, se esgrimen disculpas pueriles, o se le echa sistemáticamente la culpa al empedrado. Entre las primeras, se aducen rápidamente inocencias, desconocimientos o “montajes” en contra; si es menester, incluso provenientes de los socios en política. Dentro de las segundas, el mal siempre recae en las deficiencias estructurales: en las leyes, en la institucionalidad, en los sistemas de transferencias de fondos, en los controles, en los incentivos, etc. Nunca -o casi- en las personas involucradas, seres libres vale la pena recordar, que actúan inmoralmente. A estas alturas son poco creíbles, por recurrentes, las explicaciones angelicales que ofrecen los afectados por las denuncias (quienes en realidad han sido los “beneficiados”).

Situados frente al contexto descrito, hay quienes aún se niegan a aceptar la verdad. Las argumentaciones que intentan dar sustento a sus ingenuidades, aunque esgrimidas con majadería, suelen ser insuperablemente débiles. Es frecuente escuchar, por ejemplo, que los montos en disputa son relativamente bajos, puesto que en otras latitudes se “roba” más, y están acostumbrados, nosotros no; por lo tanto, magnificamos. Y, así, toda laya de sandeces afines.

En fin, encontramos sugerencias para todos los gustos: que hay que estrechar filas (¿en torno a qué o quién cabe cuestionarse?), que no es correcto sacar provechos mezquinos denunciando a los involucrados, que debemos abordar el tema en forma general y con altura de miras (las más de las veces, ésta constituye una abierta invitación práctica a no mirar o, como mucho, a conformar alguna nueva comisión ad hoc), que existe un estudio internacional donde aparece nuestra nación relativamente bien “rankeada” en materias de percepción de corrupción en el sector público (triste consuelo: hay otros peores que nosotros). Es decir, mejor no hacer valer la ley y las responsabilidades.

Si no queremos ver a Chile convertido en un país doblegado ante la gangrena de la corrupción es, por cierto, imprescindible trabajar en mejorar todo aquello que sea preciso para estos efectos. Sin embargo, el paso inicial ineludible es llamar las cosas por su nombre, decidirnos por una necesaria limpieza quirúrgica en todo lugar donde se requiera, desenmascarar a los responsables, enjuiciar y penalizar a los ¡corruptos! (decídase a creerlo, los hay y son victimarios, no víctimas), a hacer efectivo de una vez por todas aquello de “cayere quien cayere”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 8 de julio de 2023.