Llegó el momento, y esta semana comenzará a sesionar el Consejo Constitucional, luego de la tradición –entrega– del anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta en los últimos meses. Son muy altas las expectativas respecto de cómo será el liderazgo republicano del Consejo. Antes de que asuman incluso ya hay proyectos que proponen limitar su rol, ante el peligro de que los consejeros republicanos propongan una mejor Constitución que la actual, y la izquierda deba elegir “entre la Constitución de Pinochet y la Constitución de Kast”.

Como explica muy bien Joaquín García-Huidobro, para comprender cómo se comportará la bancada comandada por Luis Silva al interior del Consejo, es relevante reconocer que hay “dos almas” al interior del mundo republicano, “que se expresan en las distintas actitudes ante el proceso constitucional”. Así, aunque ambas valoran la Constitución actual, no tienen la misma postura respecto de qué hacer ante un proceso constitucional que sigue avanzando. Por un lado, están quienes ya se decidieron por rechazar el texto, antes de conocer el proyecto definitivo; y, por otro, quienes comprenden la oportunidad histórica de ofrecer al país una Constitución que resuelva la crisis socioinstitucional de los últimos años.

Naturalmente, el escenario es muy distinto al del proceso anterior, y en esta ocasión la bancada republicana tiene “el sartén por el mango”, con gran posibilidad de maniobra a la hora de proponer enmiendas al anteproyecto de los expertos. En ese sentido, parece poco razonable “tirar la toalla” antes de siquiera dar la pelea en aspectos que para los republicanos son fundamentales. Personalmente, pienso que son pocas –pero relevantes– las correcciones que deberían proponer los republicanos con miras a redactar un proyecto de nueva Constitución que compita con el actual y no sólo con el “mamarracho”. 

Éstas, que ya he adelantado en las columnas anteriores, pasan por 1) incorporar la protección del derecho a la vida del que está por nacer; 2) promover la provisión mixta de todos los derechos sociales; y 3) consagrar constitucionalmente el derecho de los afiliados a la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, con independencia del órgano que los administre. Las dos últimas son de gran apoyo popular, y los consejeros cometerían una torpeza de gran calibre si no aprueban incorporarlas, considerando que el proyecto anterior fue rechazado –entre muchas otras razones– por temas como éstos. Y, pese a que podamos estar en el caso de que la primera propuesta no cuente con el apoyo de todos los consejeros de derecha y centroderecha, es un deber moral para quienes se declaran provida, el de promover el aumento y no disminución de las protecciones del que está por nacer, aunque exista el riesgo de perder.

Todos los ojos de la opinión pública están puestos en lo que hagan o no hagan los republicanos en el Consejo Constitucional. Ante la oportunidad que les han dado 3.468.258 ciudadanos de que sean los principales opositores siquiera a la idea de una nueva Constitución, esperamos que asuman la responsabilidad patriótica de encauzar el proceso de manera que sea exitoso en el objetivo olvidado por la clase política: recuperar la paz social. Y eso requiere una Constitución septiembrista, que nos una como país, tanto a los chilenos de hoy, como con los de ayer y los de mañana. Como enseñaba Juan Vázquez de Mella y Fanjul: “La tradición histórica es el sufragio universal de los siglos contra el cual ninguna ley constitucional puede prevalecer”.