Los inversionistas necesitan confiar en que el Estado los va a proteger de los abusos de poder en el mercado y la sociedad, para así recuperar el capital con una rentabilidad en un rango razonablemente predecible. Si esa confianza no existe, los inversionistas con legitimidad (respetuosos de la ley y responsables con la sociedad) van a dejar de invertir en la economía, porque no tienen manera legal de compensar las pérdidas económicas producto de un ambiente económico de mayor riesgo. Cuando eso pasa, entran en escena inversionistas dispuestos a no seguir la ley, y menos respetar el bien común de la sociedad. La rentabilidad de estos inversionistas es ilegítimamente subsidiada por la sociedad, que debe asumir externalidades producto de la ilegalidad.

El progreso social y el desarrollo económico de un país está correlacionado con la cantidad y calidad de la inversión que busca explotar sus recursos. Por eso está en el mejor interés de la sociedad el tener un mercado atractivo para inversionistas que son competitivos en términos de la cantidad de su capital y calidad de sus conocimientos. Esto significa que el rango de riesgo para la inversión debe ser realista y competitivamente acotado. Es decir, sin riesgos ni sorpresas innecesariamente peligrosas. Cuando el Estado no es capaz de mantener un ambiente de inversión donde la justicia es congruente con un respeto consistente por la ley, la sociedad debe empezar a bajar sus estándares con inversionistas de menor calidad.

Uno de los problemas de Latinoamérica es que la región no es capaz de atraer inversionistas en la cantidad (capitalización) y la calidad (conocimientos) necesarias para impulsar un proceso de desarrollo económico exitoso. El que se mete a invertir en Latinoamérica sabe que va a tener que lidiar con todo un mundo de problemas que no tendría en un país desarrollado. Ese riesgo de los costos sorpresa de un país donde el Estado no es capaz de mantener el orden institucional se tiene que compensar con una mayor rentabilidad.

Pero la realidad es que muchas veces los únicos inversionistas capaces de sobrevivir económicamente en los mercados latinoamericanos son aquellos que tienen el estómago y la mente criminal para explotar la informalidad y la ilegalidad que permite un Estado fallido.

Los países que se desarrollan de manera convincente lo hacen con una masa crítica de buenos inversionistas que se especializan en explotar de manera legítima y legal el potencial productivo del país. En Latinoamérica esa clase de inversionistas muchas veces tiene que sobrevivir en ambientes donde hay que saber lidiar con economías informales e incluso la ilegalidad.

El inversionista que es respetuoso de la ley y responsable con la justicia no puede competir económicamente con el crimen organizado, que es capaz de sobrevivir en la sombra de la informalidad y prosperar al margen de la ley. Nadie puede competir económicamente en un mercado donde el crimen organizado puede imponer su ley al Estado. Cuando el Estado permite que el crimen organizado sea competitivo, porque su rentabilidad es subsidiada con externalidades sociales, los inversionistas honestos dejan de ser rentables en ese mercado.

En Latinoamérica el crimen organizado es extremadamente competitivo en el mercado, porque el estado no es capaz de contener la informalidad económica y penalizar de manera eficaz la criminalidad. Entonces es muy rentable explotar la informalidad y la criminalidad. Es más, en Latinoamérica el ambiente económico y social creado por la ineptitud e incompetencia moral del estado penaliza al inversionista honesto que no explota la informalidad y la ilegalidad para obtener en el margen una mayor rentabilidad reasignando costos y beneficios en la sociedad.

El costo de tener un Estado fallido es tener inversionistas que hacen un uso socialmente ineficiente de los recursos económicos de la sociedad. Porque la mayor rentabilidad que consiguen con su inversión es a costa de generar externalidades para la sociedad. Este es el costo de no tratar bien a los buenos inversionistas, y dejar que el sistema político los explote, como si estos inversionistas tuvieran los riesgos de un país donde el Estado los protege de la criminalidad.

Una cosa es un Estado que no logra controlar de manera perfecta los costos sociales de las externalidades que producen los inversionistas en la economía. Otra cosa es un Estado fallido, que ya no es capaz de controlar los costos sociales de las externalidades que producen los inversionistas criminales en la economía. En el primer caso el Estado aún puede aprender de la experiencia regulatoria en el mercado para mejorar la institucionalidad del estado. En el segundo caso el Estado ya no puede aprender de la experiencia regulatoria en el mercado para mejorar la institucionalidad del estado. Entonces, la sociedad tiene que recurrir a la inversión de empresarios que no respetan la legitimidad de la sociedad, ni la legalidad del Estado.

No hay desarrollo económico sostenible en el tiempo sin un Estado que proteja la rentabilidad de los inversionistas realmente competitivos que respetan la legalidad del Estado y la legitimidad de la sociedad.