Hasta el 7 de mayo pasado, quienes votamos por los candidatos del Partido Republicano al Consejo Constitucional, habíamos mantenido una clara unidad de propósitos.

Pero, en las últimas semanas, han surgido unas pocas voces disonantes, legítimas, pero equivocadas.

Veamos en qué hemos estado de acuerdo:

1. Que había que votar Rechazo el 4 de septiembre de 2022 para salvar a Chile;
2. Que, producida esa victoria electoral, había que insistir en que debía aplicarse el artículo 142 y que, por lo tanto, el proceso estaba terminado y seguía vigente la Constitución de 1980-2005;
3. Que, por lo tanto, era completamente ilícito, nulo, iniciar un nuevo proceso constituyente;
4. Que, si era conveniente hacer reformas al texto constitucional vigente, ellas debían hacerse en sede parlamentaria;
5. Que, una vez ratificado contra nuestra voluntad un nuevo proceso constituyente, no debíamos abandonar el campo a la izquierda, por lo que había que participar en la elección y votar por los candidatos republicanos, para obtener una buena representación y evitar un nuevo mamarracho. 

El 35.4% de los electores dio su voto a los candidatos republicanos.

Y aquí entonces comienzan las divisiones.

Hay quienes sostienen que los 22 republicanos no debieran colaborar en la redacción de una nueva Constitución, en virtud de los 5 puntos antes analizados. Los más amables afirman que al hacerlo “se han dado vuelta la chaqueta”, y los más toscos hablan torpemente de “traición”.

Ni una ni otra sensibilidad es correcta; más bien, son claramente injustas.

Ningún candidato Republicano afirmó que en caso de ser electo renunciaría a su cargo, o asistiría solo pasivamente a las sesiones, autoprivándose del derecho a voz y voto en el Consejo. Todos presentaron sus candidaturas para hacer un trabajo que no deseaban, pero que tampoco querían dejar entregado a una mayoría de izquierda, con las nefastas consecuencias que ya vimos en el primer proceso. Ninguno se ha dado vuelta la chaqueta, ninguno es un traidor, todos quieren cumplir el mandato que sus electores les dieron (y eso obviamente incluye a quienes hoy los critican, pero que votaron por ellos): hacer el mejor texto posible, aunque no querían tener que hacerlo. 

Y al trabajar en un buen texto, cumplirán con el objetivo de fondo: conservar las instituciones fundamentales de la Constitución hoy vigente, y mejorarlas en aquello que parezca adecuado.

¿No estábamos todos los electores de los republicanos de acuerdo en que eso era lo que correspondía hacer en sede parlamentaria? Forzados a una sede que no se quería, pero en la que existe la posibilidad de hacerlo bien, ¿por qué renunciar a esa tarea de Bien Común?

Si se razona así, los caminos que hoy se han bifurcado pueden volver a converger.