La violencia en los estadios es un problema omnipresente desde hace décadas, que gastó kilos de tinta, mucho tiempo, cientos de discusiones y un sinnúmero de planes fracasados. El Estado y especialmente los clubes (los primeros responsables del espectáculo que organizan y venden) han sido incapaces de atacar la raíz de un fenómeno que parece superar con largueza sus posibilidades.

Después de años sufriendo los estragos del lumpen en los estadios, pocos creen en el mensaje de quienes deben proponer y ejecutar las soluciones. La violencia crece como la maleza y quienes deberían establecer los límites eluden sus responsabilidades.

Es un clásico que después de cualquier incidente Estadio Seguro sea el depositario de todas las culpas. Volvió a ocurrir luego del escandaloso capítulo del “piño” de delincuentes que saboteó el clásico universitario. ¿Qué fue lo primero que hicieron las autoridades políticas ante el desmadre en Concepción? Cuestionar el eslabón más frágil e indefenso de la cadena. Y empleando el discurso de siempre, para la galería, vacío, cargado de oportunismo y de una ignorancia supina: pidieron la salida de la jefa de Estadio Seguro al unísono, como si eso ayudara a rematar el espiral de violencia que tiene raptado el fútbol chileno y que hace rato cruzó el límite de lo tolerable.

Estadio Seguro es parecido al Sernac: un león sin dientes, sin herramientas legales, tampoco económicas ($590 millones de presupuesto anual) y sin poder en la toma de decisiones. Aunque nació con aires ampulosos, es un departamento técnico compuesto por una decena de personas con una función únicamente asesora. Estadio Seguro solo recomienda a una autoridad superior, específicamente a la delegación presidencial de la región que cobija el espectáculo deportivo; por lo que es absurdo exigir responsabilidad política a un organismo que no tiene ninguna atribución política.

El tema es relevante no tanto por el desconocimiento de los parlamentarios como porque desnuda uno de los mayores obstáculos que tuvo este flagelo desde sus orígenes: la escasa voluntad política para erradicar a los violentos de los estadios, manifestada en el rotundo fracaso de todas las medidas de prevención y control.

Es necesario modificar o derogar la ley 19.327 de Derechos y Deberes en los Recintos Deportivos, porque ha demostrado ser ineficaz y porque es perentorio crear un marco legal que endurezca las penas. No hay otro camino. Lo que pasó en Concepción regaló otro botón de cientos de ejemplos: hubo 22 detenidos y un día después fueron todos liberados.

Sin contar las fundadas sospechas de que están permeadas por el narcotráfico, las barras bravas también cumplen con los considerandos para ser declaradas asociaciones ilícitas, porque eso son: un grupo de individuos que se reúne y coordina para delinquir.

¿Por qué la autoridad política ha demorado tanto en considerarlas así? Tiene que ver con su pasividad, debilidad de carácter, con la distancia que observa el fenómeno y porque igual como ocurre en los barrios secuestrados por el narco, la impresión es que el Estado tampoco llega al interior de estas bandas criminales.

Es cierto que el fútbol es una actividad entre privados (que los clubes olvidan cuando deben invertir en tecnología de punta para garantizar la seguridad de los asistentes), pero también es verdad que el Estado no puede minimizar su rol en el problema. Por su efecto social, por las características de los grupos disruptivos y porque violenta el bien común que debe proteger por mandato supremo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 4 de mayo de 2023.