A diferencia de procesos eleccionarios anteriores, en los que la campaña se tomaba nuestras calles y los carteles se volvían incluso molestos para los conductores, a menos de dos semanas de que termine el período legal de campañas, las “palomas” y los volanteos prácticamente han brillado por su ausencia. 

Naturalmente, no es que no hayan señaléticas o se repartan folletos, sin embargo, el “ambiente” no llama la atención por dar cuenta de un momento electoral como a los que nos estábamos acostumbrando en los últimos años, desde octubre de 2020 hasta el 4 de septiembre pasado, entre plebiscitos, elecciones municipales, de gobernadores regionales, presidenciales, parlamentarias y primarias.

Al mismo tiempo, cuando uno conversa con gente que no se interesa especialmente por los asuntos públicos, lo normal es que no sepan que se avecina una elección en menos de quince días. 

Y es que pareciera que, al contrario de la tozudez de nuestra clase política noviembrista, la gente ya no querría dedicar tanto esfuerzo y quemar tantos cartuchos en cambiar la Constitución cuando hay varias urgencias sociales que deberían ser prioritarias y que hoy ocupan los segundos o terceros lugares de la agenda política: la delincuencia y falta de orden público, el aumento sin control de la migración irregular, el copamiento del sistema sanitario, el debilitamiento del Estado de Derecho o la emergencia educacional pospandemia, eran temas bastante más importantes y urgentes que la cuestión constitucional.

Asimismo, no sólo por el fracaso de la Convención autora del “mamarracho”, sino que por la nula gestión del actual Gobierno, la que ha sido profundamente desmenuzada por Juan Pablo Zúñiga en sus columnas, han terminado por desilusionar a la gente, despertándola del sueño –o pesadilla– del reformismo constitucional para volver a la dura realidad y caer en la cuenta de que el que antes de octubre de 2019 era la “joya de la corona” de América Latina, hoy vive un triste proceso de “bananización”, con un progresivo debilitamiento de las instituciones, un estancamiento económico y un aumento sostenido de la violencia en nuestras calles que están muy lejos de resolverse y que el zafarrancho constituyente no ha hecho si no empeorar.

Los resultados electorales de septiembre pasado, así como las últimas encuestas, no han hecho más que confirmar esa intuición del septiembrismo: la recuperación del orden público, el rescate de las instituciones políticas y sociales y la reactivación económica son las principales prioridades a las que la clase política debería dedicar todos sus esfuerzos, mientras que la cuestión constitucional, aunque posiblemente necesaria, era poco más que un deporte de salón de la élite noviembrista, que persuadió a la ciudadanía de su urgente necesidad, olvidando las verdaderas urgencias sociales. Y es que, después de todo, la Constitución no era prioridad.