Como en el “día de la Marmota”, comenzamos un nuevo proceso constitucional. El lunes pasado empezaron a sesionar la Comisión Experta, mandatada a redactar un anteproyecto –un borrador– de Constitución Política, y el Comité Técnico de Admisibilidad, que velará por el buen funcionamiento del proceso de acuerdo con el derecho. También se dio inicio oficialmente a la campaña electoral para el Consejo Constitucional, cuyos miembros tomarán el borrador de los expertos para preparar un proyecto de Carta Magna.

Con todo lo parecido que pueda ser al proceso constituyente iniciado en 2019 y finalizado en 2022, tienen diferencias substanciales que merecen ser recopiladas, que dan cuenta de un mejor diseño del “Acuerdo por Chile”, frente al “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”, y que nos ofrecen razones para un moderado optimismo con respecto a la cuestión constitucional. 

La primera y más importante es que el anteproyecto es redactado por “expertos” designados por ambas cámaras del Congreso Nacional y no por los consejeros electos. En ese sentido, aunque el Poder Legislativo no asuma directamente su legítima potestad constituyente, en esta ocasión la delega a un comité de expertos con representación similar a la de ambas cámaras. 

Otra diferencia relevante entre ambos procesos es la absoluta falta de contrapesos reales en uno y un correcto balance de poder en el otro. Si en el proceso “octubrista” la mayoría de la Convención Constitucional tenía el sartén por el mango, hoy no puede decirse lo mismo del Consejo Constitucional, donde éste deberá tomar lo aprobado por la Comisión Experta como base, quedando con poco margen para innovar.

Un tercer punto en favor de este nuevo proceso es que los consejeros serán elegidos con voto obligatorio, lo que ofrece la oportunidad de que quienes triunfaron en septiembre pasado puedan alcanzar la mayoría del órgano redactor, pudiendo así escribir una Constitución infinitamente más razonable que la rechazada en septiembre. 

Esto cobra aún más fuerza con el cuarto y el quinto punto que quiero destacar: los “bordes” del proceso anterior nada tienen que ver con las “bases” del actual –que se asemejan casi completamente a la Constitución de 1980, aunque dejan bastante espacio para lentes doctrinarios diversos–, y el sistema electoral definido –similar al de los senadores–, que garantizan que ambos órganos despachen un producto sensato. 

Con todo, aunque el proceso tenga todos estos elementos positivos, debemos estar alertas. Aunque están las condiciones para que se apruebe una Constitución similar o mejor que la actual, todo indica que el resultado se acercaría más a una carta liberal (progresista) pero técnicamente bien diseñada, sin los extremos de la propuesta rechazada en septiembre pasado –propios del “octubrismo”–, pero tampoco cercana a una visión cristiana del mundo como la que ha dado forma a la constitución histórica de Chile durante cinco siglos de historia. Usando la analogía de los meses, pareciera que nos acercaremos más al “noviembrismo” que al “octubrismo” o al “septiembrismo”.

Eso requiere que la derecha y la centroderecha alcancen una votación tal que “Chile Seguro” no tenga ni siquiera la tentación de coquetear con la centroizquierda derrotada en el plebiscito de hace seis meses, cosa que ha hecho constantemente desde ese momento, olvidando su condición de legítimo ganador de esa batalla. También, requiere la disposición de los Republicanos para proponer reformas que necesita nuestro sistema político, con miras a ofrecer una válvula de escape a la crisis institucional que vivimos. 

Esperamos que ambos –junto con la centroizquierda democrática– asuman su responsabilidad patriótica y, siguiendo sus principios más profundos, promuevan una carta defensora de la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, y no del liberalismo o la socialdemocracia de moda.