La semana pasada la opinión pública chilena se vio conmocionada por varios videos que corrieron como la pólvora. Su factura y estilo, por desgracia, resultan tristemente familiares a los venezolanos, quienes en gran medida, y por razones que justamente se relacionan con esos videos, han decidido abandonar masivamente su país durante los últimos años. En estas grabaciones, varios individuos notablemente jóvenes y con fuerte acento popular venezolano aparecen portando armas de guerra, desde fusiles de asalto hasta granadas, pasando por pistolas y subametralladoras. Los protagonistas de los videos alegan pertenecer a “La Mafia del Norte”, afirman que se encuentran operativos en la otrora plácida Chillán y amenazan con eliminar a sus competidores o víctimas de extorsión. 

No sólo en Chile se han elaborado videos de este tipo. En toda la región proliferan grabaciones que se apegan al mismo patrón general. Pero si bien es cierto que múltiples organizaciones criminales realizan prácticas semejantes, la elaboración de estos videos por parte de delincuentes venezolanos ha llegado a convertirse en un sello de identidad del “Tren de Aragua”, una megabanda criminal enfrascada en toda clase de delitos y negocios ilícitos, desde la extorsión hasta el sicariato, pasando por el narcotráfico, la prostitución y el tráfico de migrantes.

Esta organización criminal nació en el estado del mismo nombre (Aragua) en Venezuela, en el contexto de las muy cuestionables políticas que el Estado venezolano ha desarrollado en materia de seguridad durante las últimas dos décadas. Pero para entender su naturaleza es preciso repasar el proceso que le dio origen. ¿Cómo fue posible que un país que hace 30 años (al igual que Chile hoy) tenía una las democracias más estables de la región, contaba con el segundo PIB per capita de América Latina y atraía a cientos de miles de migrantes, cayera en pocos años en semejante abismo? Conviene comprenderlo, y de ser posible, extraer las lecciones pertinentes.

El otro estallido

En febrero de 1989, cuando se cumplían 30 años de experimentar su más reciente transición a la democracia, Venezuela sufrió un estallido social como consecuencia del descontento que generó el alza del pasaje del transporte público, una medida más dentro de las muchas que conformaban las reformas neoliberales de aquel momento en la región. La represión estatal, en la que participaron los militares y que se cobró la vida de al menos 400 personas, contribuyó también a generar la sensación de que ciertos grandes consensos políticos y sociales habían tocado a su fin. Desde entonces el descontento popular creció y la delincuencia se fue saliendo de control.

Al calor de ese descontento se eligió a Hugo Chávez como presidente de la República en 1998, a pesar de —o quizás por— haber protagonizado un golpe de estado militar en febrero de 1992. Desde tal posición, y hasta su muerte en algún momento comprendido entre 2012 y 2013, se dedicó a subvertirlo todo. Chávez aún es recordado por alocuciones en las que presentaba a los delincuentes como víctimas, mientras que los 19 planes de seguridad que implementó en 14 años de gobierno indujeron un caos tremendo y seguramente deliberado entre los órganos judiciales, penitenciarios y policiales. Mientras tanto, estigmatizaba al empresariado venezolano como enemigo de la patria.

Los resultados fueron desastrosos. Para hacer referencia a un único indicador, la tasa de homicidios intencionados, que se encontraba en 25,15 por cada 100.000 habitantes en 1999, alcanzó en 2014 una cifra récord de 63,34 según cifras del Banco Mundial. Organizaciones independientes elevan esa última cifra hasta una tasa que superaba los 80/100.000. Paradójicamente, este incremento en los delitos violentos coincidió con las mayores alzas en los precios del petróleo y en el gasto público de Venezuela, propiciando una inusitada expansión del consumo generalizado en la población: en un momento en el que la pobreza remitió, la delincuencia se disparó más que nunca.

En 2013, ya con Nicolás Maduro como presidente, el problema se agravó con la política de “zonas de paz”: para supuestamente facilitar el diálogo gubernamental con las bandas criminales, se ordenó el retiro de la fuerza pública de tales zonas, dejándolas en manos de los delincuentes. En el estado de Aragua, las zonas seleccionadas correspondieron a las localidades de Las Tejerías, San Mateo, San Sebastián, San Vicente y Turmero. Fue allí donde en torno al liderazgo criminal de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, comenzó a nuclearse la organización que a la postre terminaría siendo conocida como el Tren de Aragua, megabanda que no sólo funciona con sus propios efectivos, sino también como un gran paraguas delictivo que incorpora a otras bandas menores y locales, dentro y fuera de Venezuela, dentro de su modelo de negocios criminales. 

Control desde la cárcel

El hecho de que el Niño Guerrero se encuentre hoy recluido en el Penal de Tocorón, en el mismo estado de Aragua, no le impediría dirigir las actividades criminales de la organización, ya que él vendría a ser el “pran” (acrónimo de “Preso Rematado Asesino Nato”, verdaderos warlords del crimen organizado) que controla dicho centro penitenciario, uno de los 8 que —de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), y entre un total de 53 penales que hay en Venezuela— se encuentran bajo administración de los propios internos por decisión oficial. Según diversas fuentes, los reclusos de Tocorón no sólo organizan peleas de boxeo, juegos de béisbol y “toros coleaos” —una suerte de deporte de rodeo típicamente venezolano—, sino que cuentan con un zoológico e incluso tendrían habilitadas taquillas de pago para que los extorsionados por el Tren de Aragua puedan pagar allí sus involuntarios aportes.

Sin embargo, la megabanda aragüeña no parece quitarle el sueño al régimen venezolano. Según Insight Crime, el Tren de Aragua recibe fondos estatales a través de su fundación “Somos El Barrio JK”. De acuerdo con diversos políticos, analistas y la propia Insight Crime, la explosión del Tren de Aragua habría coincidido con el período en el que Tarek El Aissami fue gobernador de dicho estado. Posible pariente de Álex Saab, acusado de narcotráfico y miembro de la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, El Aissami ha sido también, entre otras cosas, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, ministro del Interior, vicepresidente de la República y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Actualmente el Tren de Aragua no sólo opera con fuerza en Venezuela, sino también en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y aunque su estructura no alcanza las dimensiones de las mayores organizaciones criminales de América Latina, tales como el Primer Comando de la Capital o el Comando Rojo en Brasil, los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, o los grupos colombianos remanentes de la subversión armada —Ejército de Liberación Nacional (ELN), ex FARC, Urabeños, etc.—, el flujo de migrantes que huyen de un país colapsado le sirve para camuflarse y comenzar a operar en otros países. La conclusión para la región es que ayudar a resolver el caos de Venezuela es ayudar también a resolver los problemas de todo el hemisferio.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el martes 15 de noviembre de 2022.