Grupos de escolares y estudiantes han comenzado a incrementar la violencia, los desmanes y la destrucción de sus colegios, varios de ellos emblemáticos. Se encapuchan, se ponen overoles blancos, lanzan bombas molotov, incendian buses e invaden estaciones del metro y, al sentarse en las orillas de los andenes, ocasionan la suspensión del servicio. Se intenta reeditar lo que fue el “estallido social”, sin considerar que la población está hastiada de tener que sacrificar tiempo, trabajo e ingresos por este tipo de conductas violentas.

Es insólito que el exconvencional Hugo Gutiérrez diga: “nuevamente los jóvenes haciéndose cargo de las irresponsabilidades de los viejos”. Qué diferencia con el video de un padre que retiró a su hijo del Liceo de Aplicación, porque, en sus palabras, “la educación la tienen secuestrada”, y si bien está de acuerdo con las demandas de que hay que mejorar el sistema, “el problema es que cuando te escondes detrás de una máscara, con una molotov, no consigues nada”.

El mayor problema de estos estudiantes es la ausencia de autoridad materna y paterna, y de esto da muestra el papá que retiró a su hijo del Liceo de Aplicación. Son los padres los que deben preocuparse de la educación de sus hijos y sobre todo de esa minoría que se resiste a ir a clases y que provoca todo tipo de desmanes. La responsabilidad civil de reparar los daños tanto materiales como morales que causan los hijos corresponde a los progenitores en la medida que habiten la misma casa; y, más aún, la responsabilidad se presume si se trata de delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, “que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. Son normas del Código Civil que señalan que son los padres los que deben responder por los hechos ilícitos de sus hijos que causan daño a otros.

Junto con las sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, deberían deducirse acciones civiles contra sus padres para que se hagan cargo de las micros incendiadas, lanzamiento de bombas y piedras, y detenciones de estaciones de metro. Esa misma ley, tratándose de menores de entre 14 y 18 años, señala que la víctima podrá perseguir la indemnización conforme con el Código Civil ante los tribunales civiles. Si son menores de 14 años, no son imputables penalmente, pero los padres deben responder por los daños. Tratándose de alumnas y alumnos de colegio, no debiera ser tan difícil acceder a sus identidades y a quienes son sus padres. Es lo que podrían hacer las autoridades del metro para salvaguardar sus instalaciones de destrucciones y paralizaciones.

La ciudadanía está agotada de declaraciones vacías y querellas innominadas. La ministra Tohá ha dicho que no hay derecho a quemar buses ni a destruir semáforos: ¡vaya sorpresa! Lo que se necesita son acciones y no palabras. Las autoridades, Presidente, ministra del Interior y subsecretario del Interior, deben establecer ya una estrategia de control de esta violencia estudiantil, y ello debe ir acompañado de un respaldo fuerte y sólido a Carabineros.

Sabemos que cuando hay alguna lesión de estos jóvenes, el calificativo de “violador de derechos humanos” se lo llevan los policías, que inmediatamente son dados de baja y pasados a la justicia penal. Es lo que vimos durante todo el estallido octubrista. Las autoridades deben apoyar a los uniformados; son ellos los que enfrentan la violencia de estos grupos. De lo contrario, seguirán disminuyendo las postulaciones a Carabineros, proseguirán las renuncias, y ninguno se atreverá a controlar a estos vándalos usando la fuerza legítima del Estado.

Como política de largo plazo, es necesario establecer incentivos para fortalecer la familia y promover su estabilidad. Y se trata de la familia genuina y no de las supuestas “formas” de familia. Sin la presencia del padre y de la madre, estos jóvenes —insistimos, minoritarios— seguirán adoptando posiciones anarquistas y destructivas en vez de aprovechar las oportunidades que tienen para estudiar y llegar a ser ciudadanos responsables.

Si no detenemos estos desórdenes ahora, luego no nos lamentemos. El Gobierno tiene la palabra.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el miércoles 14 de septiembre de 2022.