Una de las principales demandas ciudadanas es mejorar la realidad social. Para ello, los derechos sociales son una gran herramienta, pues comprometen al Estado a desarrollar progresivamente su máximo esfuerzo para la satisfacción de las necesidades sociales, logrando una realidad social. Inicialmente, derechos sociales y realidad sociales no son lo mismo.

Los derechos sociales se encuentran ya incorporados en lo que podríamos denominar el “bloque de constitucionalidad”. Están en el Pacto Internacional al respecto suscrito por Chile y vigente. Conforme el actual artículo 5 de la Constitución, dicho pacto tiene un rango a lo menos superior a la ley, por lo que hoy ya obliga a todo el Estado. No obstante, hay consenso que ello no basta.

Por lo mismo, para muchos, el punto central ahora sería expresar en detalle los derechos sociales en la Constitución. Esto es legítimo y apoyado mayoritariamente por la ciudadanía. Pero la primera gran pregunta es si el borrador de nueva Constitución permitirá hacer realidad social los derechos sociales. La segunda pregunta es si realmente se está informando a la ciudadanía.

Los derechos sociales obligan al Estado a desarrollar políticas y ellas se financian con recursos. Sin recursos, no hay realidades sociales a partir de los derechos sociales. Acá, el borrador falla profundamente, pero no precisamente por consagrar derechos sociales, que es correcto. Falla en otras normas, pues destruye confianzas, debilita derechos y libertades, no pone énfasis en el progreso y crecimiento y, por ello, no solo es dudoso que a futuro existan recursos para hacer realidad nuevos derechos sociales sino incluso, los suficientes para mantener el gasto social que hasta hoy despliega el Estado. Esto es gravísimo. Sin crecimiento habrá menos recaudación por impuestos y menos trabajo, consecuentemente, menos derechos sociales como realidad social.

El segundo problema comienza cuando electoralmente se venden los derechos sociales como derechos individuales a tener “tu casa”, “tu operación a la cadera”, “tu pensión digna”, etc. Ello desfigura el contenido de estos derechos y, en realidad, los transmuta a derechos individuales demandables por cada persona como prestación. Esto traicionará las expectativas, afectará la fe de los ciudadanos en la democracia y, lo que es peor, transformará una eventual nueva Constitución en semántica. Ello implica que pierda su eficacia normativa; se desaten las amarras del poder y, finalmente; se llegue a operar en contra de los derechos y libertades de las personas.

Por uno u otro lado, nuestra futura Constitución tendrá derechos sociales más explícitos. Lo importante es que el conjunto de normas de dicha Constitución, así como la forma en que se vocean, no destruyan la posibilidad que los derechos sociales se hagan una realidad social y la única manera de lograrlo es por medio de una nueva oportunidad en la redacción, que solo la alternativa del Rechazo puede entregar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el martes 16 de agosto de 2022.