Hubo una época en que la minuta de la nueva izquierda, repetida en matinales y columnas, era que cuando todos leyéramos el proyecto constitucional final, el Apruebo recuperaría el terreno perdido. Pero ahora que el borrador está listo, cambiaron de consigna: “Aprobar para reformar” (aunque en paralelo promueven quórums de dos tercios hasta 2026 para poder hacer cualquier reforma). ¿Por qué cambiaron la cantinela? Porque cualquier lectura reflexiva del texto final revela que todas las taras y vicios intelectuales y morales de los convencionales -tan condenados por las mayorías- fueron traspasadas íntegramente al documento. Luego, los mismos que nos decían ayer que leyéramos, hoy nos dicen que mejor no.

Exploremos un ejemplo. Un fundamento clave de todo orden democrático es la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Un régimen que crea distinciones odiosas entre ellos, fijando privilegios injustos para grupos determinados, no es propiamente democrático. La izquierda identitaria, que adquirió un peso desmedido dentro de la Convención gracias a las listas de independientes y los cupos reservados, siempre ha reñido con este principio. Esto, porque su ideal es la igualdad corporativa entre todas las identidades grupales, y no la igualdad entre todos los ciudadanos. Luego, no ven un problema, sino lo contrario, en asignar privilegios a ciertos grupos de la población en desmedro de otros, con el supuesto objetivo de lograr una nivelación política entre dichos grupos, aun a costa de crear desigualdades injustas entre los individuos que los componen. Invito al lector a leer lo que sigue con el borrador de la Convención a mano.

En el proyecto constitucional hay dos frentes identitarios mal resueltos. Uno es la tensión evidente entre sus aspiraciones paritarias para las mujeres en relación a los hombres (numerales 1, 3, 385) y la pretensión declarada de incluir mediante acciones afirmativas a las “diversidades y disidencias sexogenéricas” (1, 2, 3, 105, 249, 254). No es claro si el régimen paritario estará anclado en el sexo o en el género. Ni tampoco cómo se montarán las acciones afirmativas para grupos “no binarios” sobre la paridad binaria establecida. El proyecto, así, establece ventajas especiales para las mujeres, pero no definen “mujer”. ¿Son mujeres las personas de sexo femenino o las de identidad femenina? ¿Y, de ser lo segundo, qué pasa con las demás identidades?

El segundo frente identitario mal resuelto, y por lejos el más problemático, es el indígena. No es exagerado decir que los chilenos no adscritos a una etnia pasan a ser ciudadanos de segunda categoría bajo el régimen propuesto. A los miembros de 11 “naciones o pueblos” (más los que “renazcan” después con la ayuda interesada de algunos antropólogos) se les garantiza un régimen institucional paralelo al de todos los chilenos (6, 113, 117, 127, 190, 192, 242, 279, 288, 292, 312, 340, 353, 463, 489, 499). Tendrán su propio gobierno, territorio, leyes, procedimientos judiciales, símbolos nacionales, lengua oficial, escuelas, seña étnica en documento oficial de identidad, procedimientos médicos y medios de comunicación. La tutela estatal sobre todos estos ámbitos es limitada, pero su financiamiento vendrá de los impuestos de todos los chilenos. Junto con estos privilegios, cuyo acceso probablemente estará mediado por las oligarquías étnicas hoy establecidas (aunque el numeral 69 dice que cualquiera que se “autoidentifique” como indígena puede postular a ser reconocido como tal, y aprovecha de meter por la ventana al “pueblo tribal afrodescendiente”), los indígenas podrán participar, “si quieren”, de la vida del Estado chileno (que está obligado a incorporarlos a todo nivel dentro de su estructura institucional, como señala el numeral 6 y los escaños reservados en 67, 68 y 69).

El chileno que no pertenece a ninguna etnia deberá financiar con sus impuestos todos estos privilegios indígenas, sin poder acceder a ninguno de ellos. Estará sujeto a un solo régimen institucional, en vez de poder elegir el que le convenga según la ocasión. Y no participará de ninguna entidad con “derechos colectivos” especiales. Todo lo cual está en directa contradicción con lo establecido en los numerales 101, 102 y 104, que declaran la igualdad de derechos y dignidad para todas las personas. Tal como en La granja de los animales de Orwell, el proyecto constitucional establece, en suma, que todos somos iguales, pero algunos -según la raza- son más iguales que otros.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el sábado 28 de mayo de 2022.