¿Cuánto prestigio ha perdido la profesión pedagógica en los últimos sesenta años? No tenemos una medición periódica que precise lo que todos sabemos, a saber, que a los pedagogos en nuestro país ya no se les reconoce autoridad, y que ejercer la docencia escolar no reviste hoy un ascendiente social. 

Nadie estará en desacuerdo que el declive que enfrenta la profesión docente tiene su epicentro en la menguada calidad educativa que alcanzan los estudiantes. No obstante, en torno a la devaluación de esta profesión que debería ser una de las más respetadas, inciden algunos factores notorios que el Estado debería saber recomponer o construir.

Así por ejemplo, la formación inicial de los profesionales de la educación ha sido poco rigurosa, en cuanto a que por mucho tiempo se admitió a proseguir una carrera pedagógica a jóvenes con calificaciones insuficientes, en lugar de ofrecerle a los jóvenes con mejor puntaje en las pruebas de selección universitaria un atractivo camino para desarrollarse profesionalmente como educadores. En este punto, conviene subrayar que sería un error de marca mayor volver a una situación semejante.

Otro factor, de tipo financiero, es que no se ha diseñado un sistema con incentivos económicos adecuados para quienes optan por este tipo de vocación, de tal manera que un estudiante sobresaliente del ciclo escolar vea en el desarrollo profesional docente una forma de concretar su vocación con un sustento económico superior.

Y otro factor clave de tener en cuenta, radica en la insuficiente orientación y acompañamiento profesional en los puestos de trabajo. Este último aspecto incluye por cierto, un sistema eficaz de dirección, acompañamiento, supervisión y evaluación del desempeño profesional. 

Es tan gravitante el último factor mencionado, que por ello sorprende que el ministro de Educación haya comunicado que el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para suspender la evaluación docente este año porque, en su perspectiva, la medida de evaluar a los profesores sería un elemento estresor. Para ser justos, con esta medida el ministro reafirma lo que el actual equipo de gobierno sostuvo en sus campañas, en cuanto al propósito de establecer solo un esquema de evaluación docente ‘formativa’ sin consecuencias ante un mal desempeño. 

Conviene notar que eliminar o debilitar el sistema de evaluación de desempeño docente actual acentuará aún más el declive de la calidad de la educación, pues los equipos directivos y los sostenedores dejarán de contar con elementos objetivos para: a) orientar técnicamente a su cuerpo docente; b) diseñar los planes de mejora sostenida tanto para recompensar con sentido de justicia a aquellos pedagogos sobresalientes, como también para, en última instancia, prescindir de aquellos docentes que no dan con el propósito que cada centro escolar requiere; y c) establecer junto a los alumnos, una comunidad de aprendizaje basado en evidencias. 

En lógica consecuencia, si se tiene a la vista que los niños y jóvenes alcancen una mejor educación, entonces el gobierno debería reforzar un sistema de evaluación de desempeño docente con más atribuciones para que los directivos de cada colegio puedan actuar oportunamente ante un ejercicio profesional excelente, adecuado, o mediocre. De esta forma se estaría rehabilitando en parte el prestigio de la profesión pedagógica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el jueves 12 de mayo de 2022.