El gobierno debió ceder ante la falta de votos para aprobar el “Estado de protección y resguardo”, el eufemismo que inventó presionado por el Partido Comunista para aparentar que no recurriría al Estado de emergencia como su antecesor. Terminó finalmente aplicando el estado constitucional de emergencia, única forma de contener la violencia en la zona, ya que en el período en que no se utilizó por decisión de Boric los hechos de violencia aumentaron en 171%, pasando de 45 a 122; las usurpaciones pasaron de 2 a 10 episodios y los atentados incendiarios crecieron de 23 a 44, alterando la relativa paz vivida entre el 21 de octubre de 2021 y el 26 de marzo de este año en La Araucanía.

Pero el PC no perdió en toda la línea, pues si bien aceptó el estado de emergencia, con Teillier escoltando a la ministra del Interior en el momento del anuncio, se aseguró de que este fuera “acotado”, con el objetivo de tener la menor presencia militar posible. Así, se ha señalado que se aplicará sólo en algunas vías (en la ruta 5 para evitar movilizaciones de camioneros, por ejemplo) y no necesariamente en caminos rurales, dónde se produce la mayor cantidad de atentados a habitantes de la macrozona sur y destrucción de sus maquinarias y camiones, robo de madera y cosechas de granos, como ya lo han hecho ver los afectados.

Veremos cómo funciona este engendro, pues si se ponen muchas cortapisas a los militares para ejercer su función de mantener el orden público y la paz en la zona, la violencia continuará y el gobierno se encontrará en nuevos problemas. Priorizar sus equilibrios internos por sobre las necesidades de los chilenos le cobrará inevitablemente la cuenta al gobierno.

Pero el PC y las fuerzas indigenistas radicales que rodean a Gabriel Boric metieron de contrabando otra iniciativa, según deslizó la ministra del interior Izkia Siches al anunciar el estado de emergencia. Dijo que el gobierno requeriría el apoyo de las Naciones Unidas para dialogar con “el pueblo mapuche”, como señaló en su alocución. Esa parte de su discurso pasó inadvertida entre los medios, concentrados en buscar ganadores y perdedores entre las fuerzas políticas. El gobierno debe aclarar el alcance de los dichos de la ministra Siches, pues sería gravísimo que Chile cediera soberanía frente a un organismo internacional, que nada tiene que hacer en conversaciones entre quien representa al Estado de Chile y supuestos mandatarios (sin otro mandato que su uso de la violencia) del pueblo mapuche. Esto es particularmente grave ante un proyecto de constitución que habla de la existencia de varias naciones en Chile, entre ellas, la mapuche.

La mentira de que en Chile hay una nación mapuche, oprimida por otros chilenos, ha dado origen a un proyecto de constitución que amenaza con permanente enfrentamiento y segregación entre chilenos. Incluir en este enredo a las Naciones Unidas puede terminar algún día con cascos azules en La Araucanía. Y como corolario de la confusión reinante en quienes gobiernan nuestro país, cabe consignar que el estado de emergencia que acaba de decretar el gobierno de Boric no sería posible si rigiera la constitución que se nos propone.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el jueves 19 de mayo de 2022.