Los dichos de Siches dan luces claras respecto hacia dónde se encaminan los acontecimientos con el actual gobierno. La ministra trató de justificar la decisión de retirar las querellas por atentado contra la seguridad interior del Estado a 139 individuos que participaron en la ola de violencia que asoló al país a contar del 18 de octubre de 2019, aduciendo segregación por parte de la justicia, puesto que -en sus propias palabras- “si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene apellido, no pasa nada; si yo pillé a esa persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad”. En síntesis, los méritos legales no serían ya el argumento principal para sustentar una acción judicial, sino el intentar “emparejar” supuestas discriminaciones que, en desmedro de los más desposeídos y los habitantes de la IX Región (¿o los mapuches?), realizarían los organismos policiales y el sistema judicial, si se compara con el trato que recibiría un blondo del sector oriente de la capital. ¡Suerte tuvieron los “139”!, de ser encasillados en la primera categoría de “clase” por el Poder Ejecutivo. Y ya se deben de dar por advertidos los “castaños claros” de la segunda.

En otra intervención, esta vez a propósito de una publicidad televisiva donde AFP Hábitat enfatizaba que sus afiliados son dueños de sus ahorros, la titular de Interior explicitó que “lo más probable es que en esa mirada de ‘es mi plata’ , ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar”. Al día siguiente, la Superintendencia de Pensiones (SP) determinó impedir que la AFP mencionada pudiese seguir exhibiendo la señalada difusión. Curiosa la explicación de doña Izkia, y no menos la medida de censura adoptada por la SP. Resulta evidente que el gobierno no desea que los ciudadanos sean informados sobre la verdad, esto es, que cada uno es propietario de los ahorros que ha efectuado en las AFP. Ahora, los avisados directamente son todos quienes cotizan imposiciones en el sistema previsional privado y, seguidamente, todos los habitantes de Chile: la propiedad privada queda tempranamente cuestionada. No es un derecho que guste en Palacio.

En síntesis, la avant-première de la ministra Siches nos anticipa criterios de actuación política que animan a la coalición gobernante. Son al mismo tiempo un déjà vu, con reminiscencias sesenteras y setenteras (del siglo pasado). El antagonismo de clases (los “rubios” y los “morenos”; los “ricos” y los “pobres”; los “con” y “sin” apellidos; los “criollos” y los “pueblos originarios”); el malquerido derecho de propiedad, salvo que sea “estatal”; el arbitrio de la censura. Cada vez es más nítido que las alusiones del Mandatario al ex Presidente Allende no son un recurso meramente estético o retórico.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el lunes 28 de marzo de 2022.