Como no ha pasado inadvertido para nadie en los dos últimos años, nuestras libertades ciudadanas han sufrido notables restricciones con motivo de la pandemia, según se nos señala, por razones de salud pública, aunque también es cierto que la real eficacia de las mismas es algo que aún se discute.

Ahora bien, más allá de lo acertado o no de estas medidas, quisiéramos llamar la atención en un aspecto de fondo alejado de la contingencia, pero que resulta del máximo interés: este consiste en lo que podríamos llamar el “centro de gravedad” de la actividad de los ciudadanos en una sociedad moderna.

En efecto, hasta antes de nuestra actual situación, en las sociedades democráticas la actividad de los ciudadanos tenía como punto de partida su propia autonomía, o si se prefiere, se basaba en la sola libertad de los sujetos. Es por eso que podíamos gozar de un cúmulo de posibilidades de acción para llevar a cabo una casi infinidad de conductas de motu proprio, esto es, sin tener que pedirle permiso a nadie ni justificar dichas conductas. A fin de cuentas, era lo mínimo que se podía exigir en una sociedad supuestamente libre. Y aunque existían algunas restricciones determinadas por la autoridad, ellas siempre eran la excepción, no la regla; tenían que ser inevitablemente justificadas (o lo que es lo mismo, no podían ser arbitrarias); derivaban de un bien considerado superior que ameritaba fundamentadamente dicha limitación; y -muy importante-, debían ser a posteriori, es decir, ulteriores a la posibilidad del actuar libre de las personas, que no dependía de esta reglamentación para llevarse a cabo, sino sólo para ser limitado o restringido en aras de ese bien superior.

Ahora, por el contrario, nos encontramos en una situación diametralmente opuesta, pues un cúmulo de actividades que antes podíamos realizar sin autorización de nadie hoy sólo pueden llevarse a cabo previo permiso de la autoridad. En consecuencia, de no mediar esta autorización, no es que la actividad se limite o sea impedida de seguir adelante, como era antes, sino que en teoría ni siquiera podría surgir como tal. Para decirlo de manera simple: no es lo mismo preguntar “¿por qué no puedo hacer esto?”, que preguntar “¿puedo hacerlo?”. 

Lo anterior constituye un cambio radical, pues es muy diferente poder llevar a cabo una conducta de manera libre y tener eventuales limitaciones excepcionales, que requerir un permiso como requisito sine qua non para llevarla a cabo. Y lo es, no sólo porque en el primer caso se trata de un actuar libre, salvo en aspectos excepcionales, y en el segundo de una actividad regulada de antemano (o si se prefiere, de una libertad vs. un permiso), sino porque el centro de gravedad del actuar de los ciudadanos pasa desde ellos mismos a los criterios o incluso a los caprichos de la autoridad. Y este ha sido siempre el sueño de todos los gobiernos totalitarios: controlar hasta en los más mínimos detalles la vida de sus ciudadanos.

Por lo tanto, es de esperar que esta grave situación de restricción de libertades (que se insiste, es algo que genera bastante polémica), cese una vez que las cosas comiencen a volver a la normalidad. Sería francamente lamentable, tremendamente injusto y absolutamente intolerable, que la autoridad pretenda aprovecharse de esta situación e intente hacer permanentes medidas que siempre prometió serían excepcionales.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.