Hace algunas semanas que se extiende en el debate público una polémica en el ámbito de la cultura que es de mucho interés para la educación, aunque no lo parezca.

El Concejo Municipal de Las Condes tomó la determinación de no entregar recursos públicos a la Fundación Teatro a Mil. Si bien se esgrimieron varias razones, llama la atención la que citara una concejala en El Líbero: “Se entiende que son todas personas cercanas o miembros del Partido Comunista, que han participado fuertemente en actividades políticas” y que “es una cartelera postmoderna, que a ningún vecino le llama la atención”.

Por otra parte, la Municipalidad de Viña del Mar decidió no facilitar dos dependencias públicas al proyecto Puerto de Ideas para la realización de dos charlas. Si bien las declaraciones son desmentidas por la municipalidad, los encargados de la fundación acusaron que la jefa de gabinete de la alcaldesa rechazó la colaboración argumentando que “no vamos a desarrollar ninguna actividad cultural con Puerto de Ideas, porque a ellos los financia la Embajada de Israel”, según consignó el Mercurio.

¿Qué tienen en común estas dos anécdotas? Primero, que los vecinos y los contribuyentes no pudieron opinar mucho sobre si querían o no participar de las actividades en cuestión, pues las autoridades decidieron previamente por ellos. Segundo, que funcionarios públicos tomaron decisiones sobre el uso de recursos financieros e inmuebles públicos como si fueran propios y que el criterio que al parecer primó –las supuestas preferencias políticas de las fundaciones– resulta arbitrario y discriminatorio.

¿Por qué esto es importante para la educación en Chile?

Nuestro país cuenta hoy con un (imperfecto) sistema de financiamiento público a la demanda en educación. Esto permite que el Estado, al financiar las instituciones públicas o privadas que los estudiantes o padres elijan, materializa la libertad de enseñanza. Las personas son libres de organizarse para crear establecimientos educacionales con un proyecto específico (ya sea católico, evangélico, judío, deportivo, artístico u otro), y si dicho establecimiento cumple con los criterios mínimos legales, el Estado financiará a quienes quieran educarse ahí. Para dar un ejemplo: se recordará que en Chile existió la Universidad Arcis, controlada durante un periodo por el Partido Comunista, y que contó con académicos destacadísimos y un aporte muy relevante en varias áreas del saber, y que seguiría siendo un gran proyecto de no haber sido administrada por los seguidores de Lenin. Solo en 2013, 1.170 estudiantes que eligieron esta institución fueron beneficiados con créditos estudiantiles y 316 con becas de arancel, es decir, nada menos que 44% de sus alumnos.

Esto es posible solo porque nuestro sistema de financiamiento a la educación escolar y superior tiene sus raíces de forma profunda en la idea de libertad. No hay funcionarios intermedios ni cargos circunstanciales o fanáticos de ningún tipo, que puedan negarle el financiamiento de forma arbitraria a un proyecto educativo que cumple la ley y que es elegido por los padres y estudiantes. De manera usual este sistema de financiamiento (la subvención escolar y las becas y créditos estudiantiles) es fuertemente criticado justamente por quienes quisieran, como las autoridades municipales comentadas, decidir a dedo según su propio criterio, a veces mezquino, quien ellos estiman que tiene derecho al dinero de todos, y quién no.

¿Está este sistema bajo amenaza? Sí. De hecho, la oposición y el sector que apoya a Gabriel Boric, ha sido férreo opositor a este tipo de financiamiento, negando sus virtudes y llegando incluso a rechazar una inyección importante de recursos para la educación parvularia solo por llevar el nombre de “subvención”. Pero quienes tienen el deber de proteger este sistema son los convencionales constituyentes. De ellos dependemos para que nuestra educación y nuestros niños sigan siendo libres de arbitrariedades.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el viernes 3 de diciembre de 2021.