En medio de una situación compleja es difícil entender qué está pasando, si los hechos involucrados no se comprenden o encapsulan dentro de un concepto adecuado. Para el 27-F del año 2010, las máximas autoridades del país corrían catatónicamente, totalmente desconcertadas antes de colapsar, mientras un panel les transmitía desde atrás que habíamos sufrido un sismo grado 8,8…en la escala de Richter: la que reporta la energía liberada por un terremoto. Muy útil, sin duda, en la órbita científica y académica, pero que no dice nada acerca de los daños provocados, como la escala de Mercalli, único efecto relevante para adoptar sin mayor dilación las correspondientes medidas político-administrativas.

Algo parecido a lo que pasa con el 18-O. Con el agravante aquí de haberse empleado un eufemismo como técnica de confusión, para volver más aceptable una realidad desagradable: la alusión a un “estallido social”, que ya el 19 de octubre de 2019 empezó a ocupar, para dulcificar los hechos, Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación de la presidente Bachelet y directora de la Fundación Horizonte Ciudadano. Por ello después se habla de liberar a los “presos de la revuelta”, pues dentro del arsenal intelectual de la izquierda radical siempre ha estado que las palabras crean realidades; o sea, que la manipulación del lenguaje permite alterar el pensamiento de la gente. En la obra La insurrección que viene (2009) el Comité Invisible (autores franceses anónimos vinculados al anarquismo) enseña precisamente que “desertar de la política clásica significa asumir la guerra, que se sitúa también en el terreno de la lengua”.  

Con un contenido politológico más rico y denso, “Revolución” constituye un término útil para comprender mejor acontecimientos como los ocurridos en Francia en 1789 y sus réplicas de 1848, 1871 y 1968. Cuyo objetivo final, abolir los últimos retazos de la cosmovisión greco-cristiana, así como acabar con todas las instituciones y normas que les son derivadas (el “imaginario colectivo”), a día de hoy calza con los cambios estructurales de mentalidad que se busca implantar. Los incendios y vandalización de iglesias se multiplicaron en Francia entre marzo y abril de 2019, coincidentemente.

Pero esta Revolución no se desarrolla únicamente a través de medios violentos. Otro de sus campos de acción es la “guerra jurídica” o lawfare, neologismo que contrae las palabras law (ley) y warfare (guerra), una de cuyas facetas anticipó el intelectual anarco francés Michel Foucault: luego de invertir el aforismo de Clausewitz, diciendo que la política es la continuación de la guerra por otros medios, indica que “se trata de reivindicar unos derechos desconocidos, es decir, declarar la guerra declarando derechos”. Incluso en el Chile actual puede verse a los mismos actores protagonizando actos de violencia y luego realizar activismo jurídico: el “Klan Kiltro” que participó en los ataques en Plaza Baquedano para los días del 18-O, se conoce hoy como la “Lista del Pueblo” que está redactando una nueva constitución política. 

Son muchos los casos de uso de la ley como arma de guerra. Los derechos humanos que sirven para perseguir a policías y militares; el medio ambiente como sujeto de protección penal internacional con que acosar a gobiernos y empresarios; las autonomías progresivas de los hijos que erosionan la autoridad de la familia; las leyes anticorrupción contra los opositores; los derechos reproductivos que justifican el aborto de niños; la verdad oficial que permite perseguir delitos de pensamiento; los derechos de identidad que minan cuanto queda de comunidad nacional. Y ahora van por las “Bases de la Institucionalidad”, donde la Carta de 1980 recoge una ontología que ha permitido compatibilizar Estado de derecho y Democracia, con significativo progreso para el país.

Independientemente del juicio de valor que puedan merecer dichos contrapuntos, un juicio de realidad lleva a concluir que -aprovechando la oportunidad que se les presenta para tomar revancha- los revolucionarios en curso han trocado la ley en un instrumento de sometimiento de sus enemigos históricos. No es por ignorancia o error que la Convención Constitucional haya partido por eliminar el concepto “república de Chile”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Camerata, el lunes 30 de agosto del 2021.