En julio de este año había un signo de interrogación sobre lo que iba a representar la Convención Constitucional en la vida nacional. Ya no lo hay. Después de 70 días de funcionamiento, proyecta una enorme sombra sobre nuestra convivencia, la estabilidad institucional y las posibilidades de progreso. ¿Con qué se asocia hoy la Convención? Con desorden, desmesura y estridencia. Con desplantes como los de la convencional Elsa Labraña en la TV: “Capaz que a alguien se le ocurra hacer un himno nuevo, por qué no, u otra bandera. Estamos en un proceso de refundación del país”.

Alguna gente bien intencionada decía hasta hace poco que no había que anticipar conclusiones, puesto que aún no se discuten los contenidos de la nueva Constitución. Pero con lo visto y escuchado, ya tenemos una idea de lo que mueve a los representantes del bloque que controla la Convención, integrado por el Frente Amplio, el Partido Comunista, la ex Lista del Pueblo y los convencionales indígenas: Elisa Loncon los representó al lanzar la proclama de la refundación el primer día.

Existen diferencias entre los asociados del bloque, pero ellas no les impiden coincidir en la faena de demolición.

La supuesta “vía institucional” que iba a encauzar la solución de los problemas que trajo octubre de 2019, ha sido en realidad un inmenso equívoco, que agudizó los factores de inestabilidad. Al respecto, es abrumadora la responsabilidad de los senadores y diputados, que se hicieron a un lado del debate sobre la Constitución por miedo a contradecir a los constitucionalistas de Plaza Italia. Optaron por el método de Poncio Pilatos: regalaron su potestad constitucional a un segundo parlamento, y luego dieron facilidades para que ganaran terreno los falsos independientes.

Hemos visto que, en tiempos de crispación, y especialmente cuando la violencia lo contamina todo, se incrementan las trampas y los fraudes como métodos de acción política. La bancarrota moral de la Lista del Pueblo y, particularmente, el capítulo de extrema degradación protagonizado por Rodrigo Rojas Vade, promotor de la irracionalidad en las calles, han hecho pensar a mucha gente acerca de cuántas otras mentiras pavimentaron el camino a la Convención.

Algunos convencionales que poseen mayor ilustración sobre lo que es una Constitución o que cuentan con experiencia parlamentaria, han tratado de enrielar las cosas, con la esperanza de que llegue un momento en que prevalezca la cordura. Pero son minoría. Lo que predomina en la Convención es el intento pasional, intelectualmente precario, de reemplazar los fundamentos de la democracia representativa por algo difuso, contradictorio, en el que asoman las pulsiones autoritarias a cada paso. Los jefes del bloque dominante no están pensando en construir la casa de todos, sino la casa de ellos. Y dan por segura la remodelación plurinacional de Chile, que establecerá diversos territorios y consagrará novedosas autonomías. Se trata de un proyecto de reingeniería que parece hecho por diseñadores ebrios, indiferentes a las consecuencias sociales, económicas, institucionales y militares de la aventura. No dudan, desde luego, de que todo será financiado por el Estado-Nación.

Así las cosas, es preferible que el Gobierno no les pida a los gobernantes amigos que declaren su apoyo al proceso constituyente, como hicieron Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en la gira del Presidente Piñera. Ellos no tienen por qué conocer la suma de torpezas que determinó que en Chile estén avanzando dos procesos políticos paralelos —las elecciones y la Convención—, frente a lo cual el Ejecutivo y el Congreso han optado por cerrar los ojos ante el riesgo de colisión entre el orden legal vigente y el que pueda surgir.

La incertidumbre político-institucional está provocando efectos corrosivos en todos los ámbitos. La Convención contribuye a ello, pero también los líderes políticos que han renunciado a preocuparse por el interés nacional y actúan con extrema inconciencia acerca de lo que está en juego. Si el Bank of America recomendó excluir a Chile de su estrategia latinoamericana, “debido al riesgo estructural del país”, quiere decir que ya estamos pagando la cuenta de la liviandad y la demagogia que condujeron a la situación actual.

Lo más importante no es la suerte que corra la Convención, sino impedir un retroceso político-institucional. El próximo Presidente y el próximo Congreso deberán empeñarse en fortalecer las bases del régimen democrático, lo que incluye despejar cualquier duda sobre la hipotética provisionalidad de sus cargos. Tienen que ejercer plenamente las atribuciones con las cuales serán elegidos y garantizar a toda costa la estabilidad institucional. Ojalá que haya lucidez y coraje suficientes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago, el sábado 11 de septiembre de 2021.