Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía. 

Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.