El día martes 17 de agosto, la Federación Nacional de Abogados fue invitada a exponer por 15 minutos a la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente. Fueron en representación de la Federación Luis Fernando Sánchez y Magdalena Moncada. Durante la exposición de Magdalena, la constituyente Manuela Royo interrumpió el discurso con la llamada “moción de orden”, y luego, redujo el tiempo de exposición a la mitad, dándole a Luis Fernando sólo un minuto para hacer su exposición.

Aquí se encuentra el cuerpo completo de la exposición de Magdalena que fue censurada en la comisión:

Estimados miembros de la comisión, mi nombre es Magdalena Moncada, y vengo en representación de la Federación Nacional de Abogados a exponer brevemente sobre la dicotomía existente entre la necesidad de proteger los derechos humanos, y el grave debilitamiento del poder del Estado para poder efectivamente ampararlos.

1. En estos últimos años, y especialmente desde octubre de 2019, hemos sido testigos del decaimiento y sistemático ataque a la estructura misma de la institucionalidad chilena. En efecto, las bases que han conformado el Chile moderno, con una institucionalidad sólida, un Estado eficiente, una estructura jurídica respetada y consistente, se han visto debilitadas de manera reiterada por la clase política, ciertos funcionarios del poder del Estado y algunos miembros de la sociedad chilena, canalizados a través de diversos movimientos sociales y populares.

Como parte de un proceso político y filosófico, este debilitamiento y ataque obedece a una forma de entender el Estado, mediante el cual éste debe ser desarticulado y abrogado para dar paso a una “nueva institucionalidad”, horizontal, sin autoridad, sin solidez y asistemático, pues es visto como un dispositivo de poder y opresión que es al mismo tiempo el causante de muchos males que la población padece, o cree padecer.

2. Por otro lado, hoy cobra cada vez más importancia el respeto a los derechos humanos. En efecto, estos forman parte central de cualquier proyecto político, y han estado en discusión de manera transversal, especialmente en estos últimos tiempos, exigiendo al Estado cada vez más garantías efectivas sobre los mismos.

Hemos observado que los mismos movimientos políticos, sociales o populares actúan sobre estas dos bases: Por un lado buscan dar protección integral a los derechos humanos, exigiendo un enorme aparato para protegerlos, y por otro lado pregonan por la más absoluta abrogación del mismo Estado que debiera protegerlos, al entenderlo como tal dispositivo de poder, dominio, opresión y represión.

3. La protección efectiva de un derecho humano requiere, en primer lugar, un Estado que sea capaz de defenderlo. Sin una estructura sólida, inquebrantable, coercitiva, eficiente y efectiva, entendida como una unidad orientada al bien común, y con capacidad de defenderlo, es imposible dar protección efectiva a ese derecho humano.

De no ser así, se generará una dicotomía irresoluble: Consagraremos incontables derechos humanos y mecanismos para protegerlos, pero que serán canalizados por un Estado cada vez más debilitado, el cual será incapaz de dar respuesta. Esta sombra de Estado que alguna vez fue (un estado republicano, sólido, democrático, cuyo poder es indiscutido, y con raigambre y tradición) no podrá satisfacer estas nuevas exigencias de la ciudadanía.

Lo anterior solamente llevará al descontento y la anarquía. Descontento por parte de quienes tenían la expectativa de ver satisfechos estos nuevos requerimientos, y al ver que la institucionalidad no será capaz de resolverlo. Y a la anarquía, porque al ver lo anterior, el ciudadano se convencerá que el Estado es una creación inútil, incapaz y sin autoridad, y que será mejor hacer valer esos mismos derechos por mecanismos reaccionarios y dialécticos, a saber, autotutela a la carta de cada ciudadano, colectivo, movimiento social o popular o cuerpo intermedio, tal como la empresa o el mismo convaleciente Estado.

Esta anarquía ya la vimos presente desde octubre de 2019: Los movimientos sociales y populares, en un ánimo febril de refundar la institucionalidad, salieron a hacer valer una exacerbada autotutela a las calles con el objeto de desestabilizar el aparato estatal y hacer valer por mano propia sus demandas. Esto propició el auge de delincuentes, narcotraficantes y anarquistas que tomaron el control de zonas urbanas y para ello deshabilitaron toda infraestructura pública.

Así también, esa misma anarquía ha hecho a los ciudadanos honrados y esforzados de la Araucanía convencerse que el Estado es una ficción jurídica sin sustento material alguno, y que por lo mismo, la autotutela es el camino a seguir, el camino de defender SUS derechos humanos.

Es la responsabilidad de esta honorable Comisión el resolver esta dicotomía, y frenar a las corrientes abrogacionistas del Estado (secundadas por filosofías dialécticas, anarquistas y postestructuralistas de la vertiente más radical) y así poder garantizar a los chilenos que sus derechos humanos consagrados en la eventual nueva Constitución, no serán tinta sobre papel, sino que una realidad capaz de ser abordada de una manera integral y efectiva.

A su vez, esta comisión, con la grave tarea encomedada debe dejar atrás la limitación a la libertad de expresión; pues no se podrá avanzar en la tarea de la protección de los derechos humanos, si ellos mismos son vulnerados en la misma comisión que se supone que los ampara.

Los derechos de las personas no son una concesión otorgada caprichosamente por el Estado, sino que son consecuencia del reconocimiento de la dignidad de la persona, y el deber del Estado de la protección de estos proviene justamente como consecuencia de esta especial calidad.

El clima anárquico que ha vivido nuestra República, que pretende la abolición del Estado; así como la ideología marxista que pretende su cooptación para fines propios, impiden y desvían a las instituciones para su recto cumplimiento del fin, ante tal situación, en Chile quedaría más bien la aceptación de la imposibilidad de defender los derechos humanos, o bien la utilización de los mismos para fines políticos. Lo cual no es admisible en ningún caso.

Por eso pido, a esta comisión resolver la dicotomía expuesta, y asegurar no sólo los derechos humanos, sino que asegurar una institucionalidad firme capaz de protegerlos.