Las así llamadas “Misiones” consisten en la venta, por parte del gobierno cubano a otros países, de servicios de salud, enseñanza, ingeniería, arte, música y arquitectura. Comenzaron en 1963 con una misión médica a Argelia y desde entonces, según el gobierno cubano, han participado más de 800 mil profesionales (la mitad de ellos del ámbito de la salud). Desde 2005 —por lo menos— son la principal fuente de ingresos del Gobierno de Cuba en el extranjero llegando a representar entre el 40% y el 50% de su balanza de pagos. A modo ilustrativo, en 2018 los ingresos por este concepto ascendieron a 8.500 millones de dólares, mientras que los ingresos por turismo fueron de 2.900 millones.

Las Misiones se rigen por reglamentos y leyes comunes a todos los civiles profesionales cubanos que prestan servicios en el extranjero y por normas que se aplican específicamente a determinadas profesiones. Las restricciones que dicha regulación impone a los trabajadores reclutados motivaron la presentación en mayo de 2018 de una denuncia por parte de las asociaciones de derechos humanos Prisoners Defenders International Network y la Unión Patriótica de Cuba ante la Corte Penal Internacional y la ONU, dando inicio a una investigación actualmente en curso. 

Según precisa la denuncia, las Misiones están compuestas por entre 50 y 100 mil trabajadores al año, las víctimas serían todos los profesionales que participan en las Misiones en más de cien países y contiene testimonios de 110 personas. De acuerdo con los testimonios recogidos, los profesionales son sometidos a las siguientes restricciones:

– No se trata de voluntarios sino que “son obligados, fuertemente coaccionados”.

– El período de misión es de 3 años, durante el cual a los profesionales se les impide visitar o ser visitados por sus familiares (incluidos hijos menores), salvo en casos de defunción de sus padres o sus hijos.

– Si el profesional decide abandonar el trabajo y volver a Cuba o, tras terminar la misión, no regresar a Cuba, incurre en el delito de “abandono de misión de trabajadores civiles”, penado con entre 3 y 8 años de cárcel. La misma pena se aplica si, habiendo finalizado los 3 años de misión, decide no volver a Cuba solo que, en vez de iniciar un procedimiento judicial, directamente se le niega la entrada al país durante 8 años. En consecuencia, “decenas de miles de familias están separadas, con menores, ancianos, hermanos y otros familiares, sin que se les permita entrar en la isla durante dichos 8 años, ni salir a aquellos, incluso cuando los familiares están en proceso de morir”.

– A los profesionales se les niega el pasaporte corriente y se les da un “pasaporte de misión”, el que se les confisca al llegar a destino quedando sin identificación legal. (El pasaporte de misión difiere de forma ostensible con la normativa y prácticas de todos los países y en las aduanas suelen ser rechazados, siendo el oficial cubano que acompaña a los profesionales el que soluciona este aspecto con la justificación de los Convenios entre Cuba y el país de destino). 

– Se les prohíbe llevar consigo sus títulos universitarios e historiales de experiencia legalizados.

– Al 32% de los profesionales entrevistados no se les presentó contrato de trabajo, el 35% firmó contrato pero no se les dio copia, y sólo el 33% firmó contrato y se les dio copia. De los países estudiados, sólo en dos tenían los trabajadores contrato de trabajo, uno de ellos Brasil, en donde han sido calificados como “trabajo esclavo” en sentencias dictadas por jueces federales.

– De acuerdo con los contratos, los trabajadores perciben entre el 10% y el 25% del salario que se paga por sus servicios; el resto lo percibe el Estado cubano. Además, a los trabajadores se les retienen cantidades “bajo pretextos que son manifiestamente falsos” y, adicionalmente, muchos son obligados a pagar honorarios al Partido Comunista. 

– Son obligados a estar confinados y muchas veces hacinados en estancias comunes, sin permiso para salir y con toque de queda al atardecer. Tampoco se les permite conducir aunque tengan licencia válida, ni participar en actos sociales sin autorización, ni permanecer más tiempo del autorizado en una localidad distinta de donde trabajan y residen.

– La ley les prohíbe relacionarse con los nativos y con extranjeros. Tampoco se les permite tener relaciones sentimentales sin la aprobación de los Jefes de Misión ni contraer matrimonio. Se consideran “infracciones de la disciplina” mantener relaciones con cualquier persona “cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana”, así como sostener “relaciones de amistad o vínculos de otro tipo” con ciudadanos cubanos disidentes y personas que tengan “posiciones hostiles o contrarias a la Revolución cubana” o que sean “promotores de un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior”. 

– Los Jefes de Misión —personal de seguridad de Cuba— tienen el deber de vigilar todos sus movimientos. Adicionalmente, los profesionales están obligados a vigilar a los compañeros.

– En el caso de los médicos, se les obliga a cambiar las estadísticas de trabajo, falsear las visitas y realizar intervenciones médicas a pacientes sin dolencias.

– Se les suele encomendar misiones políticas. Los médicos, por ejemplo, deben censar a la población y sus posibles tendencias políticas, casa por casa, así como tratar con absoluta preferencia a los pacientes que son del partido en el poder del país que los contrata.

– Se les hace trabajar jornadas que exceden la carga de trabajo máxima estipulada por la Organización Internacional del Trabajo.

– Todos los trabajadores confiesan que son amenazados constantemente. El 22% sufren o conviven con violencia ejercida por los funcionarios cubanos y el 41% confiesan que han sufrido acoso sexual o que lo han sufrido sus compañeros.

Con motivo de la denuncia, las Relatoras Especiales de la ONU “sobre las formas contemporáneas de la esclavitud” y “sobre la trata de personas”, emitieron en noviembre de 2019 una comunicación al gobierno cubano requiriendo información y advirtiendo que, de ser ciertos los hechos denunciados, serían constitutivos de “trabajo forzoso, una forma contemporánea de esclavitud y trata de esclavos”.