En los días que han sucedido a la puesta en marcha de la Convención Constitucional, hemos podido observar cómo la mencionada entidad se ha convertido en un grupo de presión política, más que en un órgano encargado de redactar una nueva Constitución para Chile. Es algo que, en mi entendimiento, queda claro desde que doña Elisa Loncón se manifestara favorable al indulto de quienes están siendo procesados por sus actos delictivos en el marco de la insurrección de octubre de 2019. Se aprecia en sus concepciones poca claridad en cuanto a los ejes sobre los que científicamente una Constitución debe sostenerse. Por ello nos embarga la intuición que el resultado del trabajo de los convencionales no parece revestir garantías ni de equilibrios ni de alianzas. Máxime si en las palabras que pronunció tras su nombramiento como presidenta del grupo utilizó reiteradamente el término “refundación”, que entendemos como opuesto en esencia a la finalidad de la Convención, cual es, reiteramos, el redactar una nueva Constitución sometida a la aprobación de los chilenos en un plebiscito de salida. 

Es por lo anterior que la Convención no pueda auto declararse soberana ni dejar de respetar el marco normativo que le brindó institucionalidad mediante propuestas de alteración de quórums, por ejemplo. Por otra parte, no debe desatenderse que una convención es precisamente un acuerdo, de aquí que el discurso refundacional sepulte desde ya el indicado propósito, no nos engañemos. Esto es importante, pues el éxito o el fracaso de los trabajos de la Convención derivan de que se logre reflejar en ellos su misma naturaleza jurídica, cosa que de momento se ve muy lejana; sea por los términos empleados por Loncón, sea desde que se ha cumplido la palabra del Partido Comunista de “rodear” (literalmente) la Convención, lo que vuelve a empantanar el clima social con denuncias de represión y de desorden.

Con todo, espero sinceramente equivocarme, y que las izquierdas no sean lo suficientemente capaces de sobrellevar este espejismo de poder que les significa la trampa de la “refundación”. De hecho, los tiempos no están como para dilapidar una no poca despreciable cantidad de dinero por nueves meses (por lo menos) para que un grupo de ciudadanos se sienten a filosofar bajo un propósito parecido a la profecía bíblica de no dejar piedra sobre piedra. Lo cual por lo demás es imposible ya que, como sabemos, debe ser respetado el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (aunque algunos estén instalando la idea que la limitación se refiere exclusivamente a los tratados concernientes a derechos humanos y no de orden comercial).

Por lo indicado, la verdad es que una Constitución es algo muy lejano a lo que Loncón ha dejado entrever en sus últimas alocuciones. El instrumento no debiera ser más ni menos que un marco que fija los límites del poder estatal, que no transgreda los principios de libertad -y por tanto de subsidiariedad, respeto de los grupos intermedios y de la iniciativa de particulares en actividades de orden económico y cultural- de seguridad, propiedad privada e igualdad ante la ley. En síntesis, se traduce en una herramienta de organización y de limitación al poder público, no en una carta blanca para que la autoridad de turno haga o deshaga en nombre del Estado ni tampoco en un listado de aspiraciones con cargo al bono de la época. Algo completamente opuesto a lo que convencionales de la izquierda radical esperan del proceso que comenzamos a vivir.