Esta semana, la bancada socialista por el analfabetismo -conformada por los diputados Santana, Ilabaca, Soto, Monsalve, Naranjo y Saavedra- anunció que comenzará a promover una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por insistir en volver a clases presenciales, “poniendo en riesgo la salud de las comunidades escolares”. El objetivo, claro, es ganar prensa de cara a las elecciones con un tema que ellos, así como algunos en el PC y el FA que ya anunciaron su apoyo, deben juzgar popular.

Pero ¿lo es? ¿Se sienten atacadas las familias chilenas cuando ven al ministro de dicha cartera dando la pelea por la educación de sus hijos? ¿Están felices con la postura del Colegio de Profesores de ojalá no volver al aula hasta que pase la pandemia? ¿Les pareció bien que ese gremio recibiera vacunas Pfizer y se saltara la fila de vacunación para, finalmente, no colaborar en nada?

Los efectos educativos de la pandemia serán brutales y de largo aliento. El daño cognitivo, emocional e intelectual que el encierro y aislamiento produce en las etapas tempranas de desarrollo humano es enorme. Y su distribución no es pareja: los hijos de familias con más recursos y formación saldrán menos afectados. Esto, en parte, porque los padres tienen mayor capital cultural que traspasar y tiempo para hacerlo. Pero también porque el régimen educacional privado les entrega mayor agencia para demandar el servicio comprometido. Los particulares han perdido menos clases presenciales. En el sistema público, en cambio, nadie responde. Los padres son siervos del Colegio de Profesores. Y, en la parte más delgada del hilo, lo que tenemos es derechamente desescolarización: muchos niños pobres salieron del sistema escolar y a nadie le importa.

Es bueno preguntarse, entonces, cuando veamos a alcaldes, parlamentarios y líderes gremiales rasgar vestiduras contra volver a clases, dónde estudian sus hijos. Bajo qué régimen. Y cuántas clases presenciales han perdido durante el año.

Pero esto tiene más ramificaciones importantes de cara a las elecciones. La primera es respecto de la cacareada necesidad de “cambiar nuestra matriz productiva”. Este tema es un fetiche programático para la izquierda. Sin embargo, no se entiende cómo pretenden que nos movamos hacia la matriz productiva de Singapur arrastrando la matriz educacional de Níger. ¿Cómo agregar valor si no nos tomamos en serio la educación?

La segunda pregunta es respecto del estatismo educacional de Jadue y Boric. Ambos destacan los males de la educación privada, pero no tienen propuestas de reforma y profesionalización del aparato burocrático que pretenden expandir. Ven las fallas del mercado, pero no las del Estado. Deberían darle una vuelta. ¿Dónde estudiaron Gabriel Boric y Daniel Jadue? ¿Ven ambos puro déficit en la provisión privada? ¿No es más digno, con todos sus problemas, ser cliente de un privado, que siervo de un gremio mezquino? ¿No es opresivo el secuestro de las instituciones estatales por grupos de interés? ¿Cómo arreglarlo? Proveer un bien de forma digna requiere un pragmatismo comprometido con la persona humana en la combinación de Estado, mercado y sociedad civil. ¿Es capaz la izquierda de ello?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el viernes 2 de julio de 2021.