En marzo de 2016, durante una conferencia de prensa conjunta de Raúl Castro y Barack Obama en el marco de la visita de este último a Cuba, un periodista preguntó al primero: “¿Hay presos políticos en Cuba?” Castro, irritado, contestó: “Si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos”. Oficialmente no hay presos políticos en Cuba. Sin embargo, desde el inicio del régimen, varios organismos han denunciado su violencia política y lo siguen haciendo. 

Cuando triunfó la revolución el 1 de enero de 1959, los seguidores de Fulgencio Batista fueron detenidos y muchos de ellos condenados y ejecutados como resultado de juicios sin garantías. Cuando en julio Castro quedó con todo el poder, ejerció la represión a través del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), la policía política. La resistencia armada que se levantó en su contra fue motivo para endurecer la represión y el intento de invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, dio al régimen el pretexto para hacerlo aún más: en los días siguientes, unas 100 mil personas fueron detenidas y, en diciembre, Fidel se atribuyó la facultad de nombrar a los jueces, con lo que el Poder Judicial quedó sometido al gobierno. 

El número de presos por oponerse —real o supuestamente— a la revolución alcanzó muy pronto una cifra considerable y el régimen utilizó varias formas para ocuparse de ellos. Los condenados a penas que no sobrepasaran los siete años eran destinados a frentes o a granjas. Las granjas eran barracas para grupos poco numerosos de presos, rodeadas de alambradas vigiladas por guardias con permiso para disparar a quien intentara escapar. Los frentes eran obras de construcción donde los presos (que podían llegar a los 200) debían residir y contaban con tres días de permiso a fin de mes; se mezclaban presos políticos y comunes y las condiciones eras menos malas que en las granjas. 

Otro experimento de trabajo penitenciario con presos políticos, fueron las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAPs), que funcionaron entre 1965 a 1967. Se crearon como alternativa al servicio militar obligatorio para objetores de conciencia pero luego se incorporó a personas consideradas “potencialmente peligrosas para la sociedad”, como religiosos de distintas confesiones, hippies, proxenetas, homosexuales, lesbianas y prostitutas, quienes eran sometidos a una dura disciplina y a un estricto régimen de trabajo forzoso para ser “reeducados” y “rehabilitados”. Como el experimento suscitó protestas internacionales, el régimen acabó las UMAPs a los dos años de su inicio. 

Pero la mayoría de los presos por razones políticas eran llevados a cárceles especiales, de las cuales la más famosa fue “La Cabaña”, una antigua fortaleza española situada a la entrada de la Bahía de La Habana. Allí estuvieron personas que más tarde darían sus testimonios como el poeta Jorge Valls y el escritor y diplomático Armando Valladares, cuyos relatos son un aporte valiosísimo para conocer la realidad de las cárceles para presos políticos en Cuba. A través de ellos se puede construir una secuencia del trato que recibían estas personas. Valladares tenía 23 años y trabajaba en la Caja de Postal de Ahorros, dependiente del Gobierno revolucionario y, según cuenta, cayó en desgracia por negarse a colocar en su escritorio el siguiente slogan: “Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, yo estoy de acuerdo con él”. Una noche de diciembre de 1960, agentes de la Policía Política irrumpieron en su casa sin orden judicial, lo despertaron encañonándolo con una metralleta, registraron la residencia durante cuatro horas y, sin que su familia pudiera hacer algo, lo llevaron a su sede central. Allí fue interrogado y acusado de “contra revolucionario” y terrorista sin mostrarle pruebas. 

Una vez detenidos e interrogados —no en un tribunal sino en un cuartel de la Policía Política— los detenidos eran llevados a una cárcel y luego sometidos a simulacros de juicios: “El fiscal no pudo aportar una sola prueba en mi contra. Inició un monótono discurso acerca de la Cuba anterior a Castro, arremetió contra la explotación yanqui, habló de la prostitución, y terminó diciendo que todos los acusados en aquella sala queríamos el retorno al pasado ignominioso del capitalismo explotador (…) No hubo un solo testigo que me acusara, no hubo quien me señalara. Sin una sola prueba fui condenado por la equivocada convicción de la Policía Política.” (A. Valladares). 

Las condiciones en las cárceles no ofrecían garantías para los presos. Muchas veces mezclaban presos políticos con presos comunes. Los espacios eran reducidos… 

“Las habitaciones tenían unos veinte metros de largo por menos de ocho metros de ancho (…) En este espacio vivían trescientas cuatro personas y tenían prohibido estar a menos de tres metros de la reja de entrada… no cabían juntos, por lo que unos tenían que estar de pie, mientras otros se metían en los nichos de las camas. Por la noche, los que no tenían cama se encajaban en el suelo, como las piezas de un puzle, bajo las camas y en los pasillos. No podíamos estirarnos ni encogernos mucho, y una vez que estábamos en una postura era difícil cambiarla.” (J. Valls). 

… Las condiciones, insalubres…

“Cuando llovía, las galerías se convertían en un verdadero espectáculo, y durante la estación de las lluvias esto ocurría casi todos los días. Los sumideros, que siempre estaban medio obstruidos, se desbordaban y toda la galería se inundaba con agua sucia y materia fecal. Teníamos que esperar a que escampase para limpiar y volver a la normalidad (…) Todas las noches merodeaban las ratas, rozándonos la cabeza.” (J. Valls). 

 …La comida, escasa y de mala calidad… 

“Era mejor no mirar tu plato porque podía venir con pequeños gusanos, gorgojos o cucarachas. Teníamos demasiada hambre para ser escrupulosos. Si alguien encontraba una cucaracha o cualquier otro objeto inusual flotando en su cena decía: «proteínas», y se lo comía o lo tiraba.” (J. Valls).

…Las requisas, una práctica habitual…

“Una vez por semana, algo después de las nueve de la noche, cuando la mayor parte nos habíamos dormido, los guardianes entraban silenciosamente en el patio. Luego, de repente, abrían las puertas, entraban de golpe, saltando y gritando, golpeando a los presos con las porras y pinchándoles con las bayonetas, creando auténtica confusión. Salíamos corriendo en calzoncillos, empujándonos unos a otros hasta agruparnos. Entonces nos teníamos que quitar los calzoncillos y ponernos de cara a la pared.” (J. Valls). 

…Y el amedrentamiento, permanente: 

“La noche no era el momento de descanso… Alrededor de las nueve comenzaban las ejecuciones… Oíamos venir al pelotón, desfilando, y al coche que traía a los condenados cuando se detenía… Oíamos cuando les ataban al poste, sus últimos gritos, la orden de fuego, la andanada y, finalmente, el ruido de los tiros desvaneciéndose; luego, la retirada del pelotón y el traslado de los cuerpos. El último ruido eran los chillidos de las aves nocturnas que venían a picotear los trozos de carne que todavía colgaban del poste y de la pared… Esto se repetía casi todas las noches, y generalmente fusilaban a un grupo entero, lo que alargaba mucho la sesión.” (J. Valls).

Para anular a sus opositores, al principio Fidel actuó al margen del ordenamiento jurídico, pero con el tiempo el régimen fue creando el contexto jurídico que le permitiera efectuar la represión con la “legitimidad” derivada de un conjunto de disposiciones de nivel constitucional y legal. En el nivel constitucional, la Constitución de 1976 consagraba una amplia lista de derechos fundamentales pero, dado que la Constitución reconocía explícitamente al Partido Comunista de Cuba como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. En la práctica, las libertades quedaban sometidas al arbitrio de los jerarcas del Partido. 

En el nivel legislativo, la legislación cubana autoriza al Estado a penalizar casi todas las formas de disenso, especialmente mediante tipos penales ambiguos. Por ejemplo, en 1978 se dictó la ley de “peligrosidad predelictiva”, que incorporó al Código Penal normas que permiten detener a personas consideradas peligrosas, esto es, ¡antes de cometer un delito! Se define “estado peligroso” como “la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”, y esto se presume cuando concurre algún “índice de peligrosidad” o característica que la ley señala: “embriaguez habitual, narcomanía o conducta antisocial”. Las sanciones a quienes incurran en conducta antisocial son de dos tipos: (1) la “reeducación”, que supuestamente se lleva a cabo en establecimientos especializados educativos o de trabajo por un período de uno a cuatro años; y (2) “el control y la orientación de la conducta del sujeto” por parte de la Policía Nacional Revolucionaria, por el mismo período. Sin embargo, en la práctica los disidentes que son condenados por su condición de “peligrosidad” son enviados habitualmente a prisiones comunes donde conviven con reclusos que han sido condenados por delitos violentos. 

En el plano judicial, si bien la Constitución establece que los jueces son “independientes y no deben obediencia más que a la ley”, prescribe también que el poder judicial está “subordinado jerárquicamente” a la Asamblea Nacional (poder legislativo) y al Consejo de Estado (poder ejecutivo).

Con este entramado jurídico, no es de extrañar que la detención y encarcelamiento de disidentes sea un fenómeno que haya marcado al régimen desde su inicio hasta el presente. No es posible determinar con precisión el número de personas que han sufrido privación de libertad por razones políticas desde 1959 a la fecha pero se puede dar algunas cifras que permitan hacerse una idea de la acción represiva del régimen:

– Según un Informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) de 2011 “alrededor de 2.000.000 de personas han sido encarceladas, condenadas o detenidas por tiempo prolongado bajo el actual régimen”.

– Según la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en los campos de trabajo de las UMAPs “estuvieron unos 25.000 hombres, básicamente jóvenes en edad militar que por diversos motivos se negaban a hacer el servicio militar obligatorio (miembros de algunas religiones), eran rechazados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o, sobre todo, por su probada o presunta homosexualidad ‘burguesa’, y que tenían que ser ‘reeducados’ por el gobierno revolucionario”.

– Según la misma UNPACU y Prisoners Defenders, el país tenía a 2020 más de 90.300 reclusos en total, la mayor población reclusa per capita del mundo (794 por cada 100 mil habitantes), entre ellos 8.400 por condenas predelictivas (sin delito), sin contar otros 2.500 que por la misma causa sufren condenas domiciliarias o trabajos forzados. De ellos, 130 eran presos políticos.

– El Libro Negro del Comunismo da algunas cifras sobre presos políticos (a 1997): (1) Se estima que en los años 60 hubo unos 30.000 presos políticos; (2) En 1986 había entre 12.000 y 15.000, además de 35.000 jóvenes asignados a trabajos obligatorios como medida disciplinaria en el marco del Servicio Militar Patriótico; (3) en 1997 el gobierno reconocía la existencia de entre 400 y 500 presos políticos, pero según asociaciones cubanas de derechos humanaos y Amnistía Internacional había entre 980 y 2.500; (4) “Desde 1959, más de 100.000 cubanos han pasado por los campos, cárceles o frentes abiertos” (y agrega que de 15.000 a 17.000 han sido fusiladas).