No hay Estado ni fuerza que pueda defendernos si no paramos de frivolizar y normalizar la violencia. Pero cada día nos vemos más inermes frente al delito que incendia y destruye supermercados, estaciones del Metro, locales e iglesias y en el sur arrasa con escuelas, maquinaria agrícola, casas y cosechas.

La violencia comienza a circular como un virus letal por nuestro torrente social y no hay vacuna para atajarla, porque los linfocitos naturales de la sociedad, que son la fuerza policial, están impedidos de actuar. El bloqueo viene de todas aquellas autoridades que legitiman el uso de la fuerza desde el Congreso, la política y ahora, incluso, la nueva Convención Constituyente.

La policía tiene la obligación de defender a los chilenos que requieren protección, pero está impedida de usar la fuerza, lo cual la ha puesto en una situación de desventaja absurda frente a los delincuentes.

Es lo que dijo francamente el General Director de Carabineros Ricardo Yañez la semana pasada: que necesitan un mayor respaldo y un ordenamiento jurídico que les dé seguridad para usar sus armas de fuego, porque cuando las usan son detenidos e imputados por el delito de homicidio y se les aplican medidas cautelares. Además, les suspenden el sueldo y pasan a ser tratados como delincuentes, lo cual es razón suficiente para inhibirlos de actuar.

De este modo, los policías se convierten en un blanco fácil. Desde octubre han caído tres en la macro zona sur del conflicto, dos de ellos en emboscadas, como fue el caso de la última víctima, Francisco Benavides. Recorría 169 kms diarios para cumplir sus labores en Collipulli y dormir en su hogar junta a su esposa y tres hijos. El lunes pasado se retiraba luego de despejar varios cortes de ruta, donde los uniformados estuvieron defendiéndose por alrededor de 5 horas frente a los disparos y las bombas molotov que les lanzaban comuneros amparados en el bosque. La Fiscalía señaló que ellos repelieron los disparos de tres pistolas y una escopeta sin hacer uso de sus armas de fuego. Sólo con gas lacrimógeno, lo cual no impidió el tiro mortal que Benavides recibió por un costado de su chaleco antibalas.

En el Congreso sigue durmiendo la agenda de seguridad y el Estatuto de Protección de Carabineros que podrían darle mayor respaldo a la actuación de los policías, quienes, como señaló el general Yánez, son acusados de inacción o de acción en exceso. Sin términos medios. Pero hay fiscales que también contribuyen a inhibirlos cumplir con el mandato de la ley.  Es cuestión de ver la inclemente persecución del Ministerio Público al carabinero que iba tras un manifestante que había agredido a la policía y escapaba por el puente Pío Nono y terminó éste cayendo al río. Cumplió 8 meses en prisión preventiva (como peligro para la sociedad) y arresto domiciliario total. El martes pasado, el juez le rebajó la cautelar a arresto domiciliario nocturno, considerando que existe evidencia material y documentos periciales para explicar la arremetida del policía contra el joven que cayó al río Mapocho como accidente o cuasi delito, pero la fiscal Ximena Chong optó por la acusación más grave: homicidio frustrado. Y aunque está descartado que el policía “empujara” al joven al río, como afirmó ella inicialmente, cada vez que se han discutido las cautelares, se ha opuesto a rebajarlas.

Los tratan como a delincuentes y en el envés, a los antisociales los miran como víctimas. Incluso en el Senado, donde su actual presidenta, y su antecesora, promueven un proyecto para indultar a los detenidos en el marco del denominado estallido social. La semana pasada se reactivó y fue aprobado, paradojalmente, en la comisión de Seguridad, con los votos de Huenchumila (DC), Quintana (PPD) e Insulza (PS).

Huenchumilla concluyó, sin ninguna lógica, que como estos delitos tienen su origen en el estallido social de octubre, del cual atribuyó la responsabilidad al mundo político, entonces “es una situación política la que existe, y, por lo tanto, son presos políticos”. La presidenciable de ese mundo de izquierda, Paula Narváez, también lo apoya, alegando que “no ha habido un debido proceso, hay discriminación, porque en Chile se encarcela la pobreza”. Un argumento parecido a los que usan los otros candidatos de la ultra izquierda, el comunista Jadue y el frente amplista Boric. Ninguno se atreve a acusar de frente a los tribunales por estar operando con intencionalidad política, pero inoculan el odio de clases para anestesiar el deber ser frente al delito común.  Persisten en esta absolución a personas que están en prisión por delitos graves (como quemar las estaciones del Metro La Granja o San Pablo), la mayoría reincidentes, todos adultos y que suman 25 según la Fiscalía Nacional y no 800, como aseguró la ex presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en diciembre pasado. La Corte Suprema consideró el proyecto una amnistía porque el indulto sólo procede frente a sentencias ejecutoriadas. Y el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, descartó que en Chile existan presos políticos, agregando que “no es necesario, ni conveniente, otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas”.

El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, a su vez, aseveró que “esta idea que se ha querido levantar de que se está persiguiendo penalmente a quienes han manifestado una idea política es completamente falsa. Quiero pensar que es fruto de la ignorancia y no de un propósito deliberado y me parece especialmente grave, porque bajo esa lógica se pueden terminar legitimando acciones violentas como canal de expresión de la voluntad política, algo que se entiende que la sociedad chilena, ni las democracias, legitiman de ningún modo”.

El Senado reactivó la tramitación del proyecto de indulto/amnistía como respuesta a la presión de constituyentes electos por la Lista del Pueblo, quienes condicionaron el respaldo a esa iniciativa a dialogar con otras fuerzas de izquierda en la Convención Constituyente. Cómo no, si varios de ellos formaron parte de la Primera Línea de Plaza Baquedano y ahí organizaron la exitosa Lista del Pueblo, que ganó 27 escaños, para redactar nuestro futuro ordenamiento jurídico.

Uno de los objetivos más importantes de la Constitución es asegurar la paz social y la protección de sus ciudadanos. A la hora de definir cómo lo harán, es de esperar  que no se impongan voces como las de Rafael Montecinos, fundador y vocero de la Lista del Pueblo, quien recién se refirió a carabineros como “una institución nefasta que no para de reprimir al pueblo”, defendiendo a su colega constituyente detenido el viernes en protestas en la Plaza Baquedano.

Nos hemos creado nuestro propio virus mortal validando y justificando la violencia y quitándole el piso a quienes están llamados a reprimirla desde el Estado. Un sistema democrático que no usa los anticuerpos de los cuales dispone para neutralizar el virus de la violencia termina sucumbiendo frente a ella.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el lunes 31 de mayo de 2021.