Dejamos hace rato de hacer las cosas bien, con fundamento técnico y gradualidad para asegurar los resultados. Hoy el actual Congreso sería incapaz de hacer reformas previsionales como las que crearon las AFP o las isapres para enfrentar los problemas del sistema de reparto y la falta de infraestructura privada en salud. Si ni siquiera han sido capaces de poner al día estos sistemas incorporando las necesarias y urgentes modificaciones.

Algunos pueden buscar eliminar todo y partir de cero, o improvisar, como lo hicieron recién para decretar un feriado tres días antes. El drama es que esa misma improvisación la plasmaron en nuestro proceso constituyente. Y el riesgo es otro, temerario por las consecuencias que acarrea.

A medida que se cumplen los plazos vemos cuánta incerteza tiene el proceso. Pareciera que cualquiera de los convencionales elegidos puede desafiar las normas constitucionales que originaron la convención constitucional (CC) y no se observa ninguna contención. Desde lo más elemental, atingente a la instalación de esa asamblea y cómo operará, nada parece estar asegurado según la reforma constitucional que la normó en diciembre de 2019. Da la impresión de que va a depender de la buena voluntad de los convencionales y del temor que despierta su veto en los demás poderes del Estado.

El grupo de 34 independientes, originariamente de la Lista del Pueblo, pero que ya suma 41, puso condiciones para funcionar (como liberar los presos violentos de la revuelta) y se arrogó un “poder constituyente originario” con autonomía para decidir sobre la institucionalidad y “reordenar el cuerpo político”. Pareció olvidar que su función está limitada en la Constitución que le dio origen y que debe respetar dichas normas mientras el nuevo cuerpo normativo no sea aprobado por la ciudadanía en un plebiscito de salida. Los convencionales avanzan haciendo caso omiso a los varios párrafos que les prohíben arrogarse la soberanía, atribuirse otras funciones, o alterar el quórum de 2/3 con que deben aprobar las normas y el reglamento de votación y que se redactaron justamente para evitar lo que ocurrió con la asamblea constituyente en Venezuela.

Ya sabrán esos convencionales, sin embargo, que por error de nuestros legisladores podrían ser destituidos por subvertir el marco jurídico, pero no quedó establecido quién debe aplicarles las mismas causales de cesación del cargo que a los parlamentarios, caso en el que actúa el Tribunal Constitucional.

Estos seudo independientes están procurando tomar las riendas del proceso, al margen de la normativa que les permitió elegirse. De hecho, llamaron a los 155 convencionales a reunirse hoy lunes por zoom para definir el inicio de la CC e indicaron al gobierno que el Decreto Supremo (que dictó ayer el Presidente) para convocar a la primera sesión de instalación “sólo debe remitirse a indicar el lugar y la fecha de su primera sesión”.

Con el apoyo de los convencionales del PC y del Frente Amplio (que tampoco participaron en el acuerdo del 15 de noviembre que originó este proceso) han ido echando por tierra cualquier formalidad de asunción de sus nuevas funciones. Han objetado que el anfitrión sea el presidente de la Corte Suprema, que accedería si se lo pide la mayoría, que estén presentes símbolos de la República como la bandera o el escudo nacional. Seguro que se negarán a cantar el himno patrio, que se puede entonar en los partidos de fútbol internacionales, pero no cuando se levantará una nueva Carta Fundamental. Y tampoco cumplirán con el ritual mínimo de jurar o prometer que respetarán esta Constitución que “seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla?” (art 135).

¿Cuántos vetos más irán surgiendo y cómo se resolverán, cuando lo que se observa es un temor reverencial a contrariar a alguno de los elegidos y despertar sus furias y funas? Eso, seguramente, disuadió al Presidente Piñera de omitirse de esa sesión de instalación que anunció ayer para el 4 de julio.

Frente a este temor reverencial para defender la institucionalidad, ¿quién los frenará si un grupo impone plebiscitos para resolver materias en que no llegan a acuerdo? El plan del PC es continuar polarizando el país, mientras postula un nuevo Congreso Constituyente para modificar las normas, como el plazo máximo de un año que les fijó la Constitución para cumplir con su mandato. Así como van, es muy probable que entren en conflicto con el Congreso, formulándole exigencias de legislar o de no hacerlo. ¿Y si boicotean el inicio de las sesiones a que los tribunales liberen los presos y “desmilitaricen la Araucanía”, como lo han anunciado?

Son incontables los conflictos que se pueden presentar por delante. Pareciera que cumplir con las normas estipuladas para el proceso constituyente ha sido librado a la buena voluntad de los convencionales electos. Muchos tienen la esperanza que el proceso sea un éxito. Pero tanto riesgo no sólo es imprudente, sino que irresponsable con Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el lunes 21 de junio de 2021.