El domingo pasado, con ocasión del Día de la Madre, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite que, por acuerdo de los padres, los hijos lleven en primer lugar el apellido materno, así como que las personas puedan solicitar el cambio del orden de sus apellidos, ya sea a través del Registro Civil o por un procedimiento judicial.

Se ha presentado esta ley como un avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres y hacia una mayor visibilización de la maternidad. La ley, gracias a una indicación del Ejecutivo que fue defendida por el propio ministro de Justicia en el Senado, fue perfeccionada y se le incorporaron normas que precaven que estos cambios se presten para eludir la justicia.

Sin embargo y al igual que otras iniciativas que han sido aprobadas, como la que suprimió el impedimento de segundas nupcias, o que se encuentran en estudio, como la que incluye el “femicidio” como causal de indignidad sucesoria, son leyes simbólicas con escaso, si no nulo, efecto práctico a favor de la mujer.

Tememos que, como ha sucedido en España, que adoptó esta misma regulación por una ley de 1999, sean escasos los niños inscritos con el primer apellido de la madre. Primero, porque es muy difícil, a menos que se haga obligatorio, ir contra una costumbre social arraigada, como es la precedencia del apellido paterno, que, como toda tradición más que secular, tiene una fuerza social inmensa. Segundo, porque las restricciones que tiene la ley, esto es, que a falta de acuerdo se vuelve al orden tradicional: apellido paterno y materno, y que el orden establecido para el primogénito deberá ser el mismo para los otros hijos que tengan ese padre y madre, conspirarán contra su aplicación práctica.

Será poco probable que el padre vaya a consentir en que su primer hijo lleve primero el apellido de la madre, porque eso significará que los demás hijos que vengan tendrán el mismo orden. Además, es el padre el que suele requerir la inscripción del nacimiento del hijo mientras la madre se recupera del parto, por lo que le bastará al padre señalar que no está la madre y que por eso no hay acuerdo. Una vez inscrito con el orden tradicional ese primer hijo, todos los que nazcan luego entre esos mismos padres deberán llevar los apellidos en ese mismo orden.

En España, después de décadas en que la ley mantuvo esta fórmula legal sin que se percibiera una aplicación práctica, se decidió reformarla para indicar que a falta de acuerdo decida el oficial de Registro Civil atendiendo al interés superior del niño. Esta nueva regla entró en vigor el 2017, pero, por lo que se ha informado, en el primer año de aplicación los niños inscritos con apellido materno en primer lugar no alcanzaban el 0,5%. Y es lógico que sea así, porque el oficial de Registro Civil no va a querer intervenir en una reyerta doméstica sobre el orden de los apellidos y si lo hace, conforme al interés superior del niño, optará por el orden tradicional y masivamente extendido.

No negamos que estas leyes meramente simbólicas puedan tener algún valor, pero el problema es que se alientan expectativas que se ven luego frustradas. Además, porque mientras se gasta tiempo, recursos y esfuerzos en estas leyes, otras que sí aportarían soluciones prácticas a la situación de la mujer se mantienen durmiendo en algún cajón del Congreso.

No se entiende así que el proyecto de reforma a la sociedad conyugal que ya fue aprobado en la Cámara en el primer gobierno de Piñera, el 2013, haya estado inmovilizado por más de siete años, a pesar de las urgencias que se le han puesto. Este proyecto sí supone avances reales en la igualdad entre hombres y mujeres, partiendo por la posibilidad de que sea la mujer quien administre los bienes sociales y dándole libertad para administrar sus bienes propios.

Claro, este es un proyecto que es jurídicamente complejo y que requiere una cirugía mayor al Código Civil y eso hace que se rehúya su estudio. Confiamos, no obstante, en que al haber pasado a la comisión de Equidad de Género y Mujer del Senado y haberse asignado su promoción a la ministra de la Mujer podrá por fin llegar a buen puerto.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el miércoles 12 de mayo de 2021.