Se ha dicho mucho sobre los problemas político-institucionales que se encontraría experimentando el país. Entre sus aristas, cabe mencionar el desajuste que existiría entre el régimen presidencial y el sistema electoral, la contienda de atribuciones legales entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la situación afín que ha enfrentado a la Corte Suprema de Justicia con el Tribunal Constitucional y las discutibles intromisiones de la Contraloría General de la República en ámbitos fuera de su competencia. Por otra parte, qué decir de las disonantes disputas entre facciones y hasta personas dentro del Congreso, la Contraloría, el TC y la Fiscalía Nacional. El cuadro de conjunto es, sin dudas, preocupante al tiempo que lamentable. Sin desmedro alguno de que la aludida institucionalidad atraviesa por dificultades serias, bajo ellas subyace una crisis moral de proporciones, que reviste mucho mayor gravedad y, es fácil prever, resultará arduo contrarrestar, qué decir superar.

Dos ejemplos contingentes -y relacionados- pueden servir para ilustrar lo antedicho. Por una parte, el aprovechamiento pequeño que diversos personeros tratan de obtener del impacto del Covid en la población. De otra, la utilización para intereses particulares que se hace de la discusión de un tercer retiro de fondos previsionales desde las AFP. Ambos parecen ser bastante ilustrativos del fenómeno de descomposición ético que se menta. Respecto al primero, una realidad que debiera ser motivo de unidad nacional, como la pandemia -y otrora lo han sido guerras o desastres naturales-, se ha ido convirtiendo en materia útil para intentar socavar al gobierno (que en este complejo escenario se ha desempeñado razonablemente bien) y hasta procurar sacar ventajas electorales, como ocurrió con una reciente carta pública firmada por varios precandidatos presidenciales opositores. En cuanto al segundo, es demasiado evidente que hay sectores que con esta serie de sustracciones no han perseguido otra cosa que destruir el sistema previsional. Y, en esta última pasada, es descarado como la mayoría de los diputados toma posiciones pensando en su partido, lote o en pro de su interés individual. En síntesis, el bien común de Chile y el futuro de los pensionados quedan totalmente subordinados a los intereses mezquinos de quienes, por sus investiduras, deberían ocuparse activamente de la promoción de aquellos.

Los hechos señalados en estas líneas son signos inequívocos de decadencia ética, con el agravante de que son adjudicables a un sector relevante de las supuestas élites de la sociedad chilena. ¿Cómo se revierte un estado moral como éste?, ¿hacia dónde conduce? ¿Tendrá Chile que llegar a sufrir un descalabro social para reaccionar y recuperar en algo una buena andadura?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el martes 13 de abril del 2021.