El 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlán y captura de Moctezuma, Hernán Cortés conquistó México y lo hizo con menos de 600 soldados, frente a una población en esos años de 4,5 millones de indígenas. 

El 16 de noviembre de 1532, con el apresamiento de Atahualpa, en Cajamarca, Francisco Pizarro hizo lo propio en Perú conquistándolo con apenas 168 soldados y 37 caballos frente a 45.000 indígenas que los rodeaban y en un imperio inca que se calcula en más de 9 millones de habitantes. 

El 7 de enero de 2021, con 850 agentes, la Policía de Investigaciones no pudo allanar algunos predios de Temucuicui. La operación fue fallida y la orden judicial era simple: revisar 16 invernaderos y 12 casas. Solo se logró ingresar a 5 de éstas y 11 detectives sufrieron lesiones, 3 de ellos con balas en la cabeza. Uno murió. Un desastre a nivel operativo, lo calificó en su momento la Fiscalía Regional de La Araucanía; de hecho nunca antes hubo un despliegue así de grande de la policía y un resultado así de magro; el espíritu de Lautaro sobrevoló el lugar para dirigir la maniobra de un puñado de subversivos.  

Lo ocurrido en México y Perú hace cinco siglos es parte de la historia de esos países; solo lo menciono por la correlación de fuerzas entre aquel reducido grupo de intrépidos españoles frente a miles de indígenas y compararlo con lo ocurrido en Temucuicui. Y téngase en cuenta que para este mega-operativo, preparado con ocho meses de anticipación, no solo se movilizaron 850 policías incluidos entre ellos fuerzas de asalto y equipos de reacción táctica (ERTA) con su armamento apropiado; se apoyaron, además, con 200 vehículos, dos helicópteros y varios drones. Las fuerzas de la PDI portaban más de 25 mil cartuchos, 30 cada policía según declaró su director general. “Nunca nos había ocurrido algo así”, indicó él después. Claro que no, y como resultado del penoso allanamiento, solo pudieron conseguir 1.277 plantas de marihuana, 12,3 millones de pesos, 7 armas de fuego, un rifle a postón, y 148 municiones de distinto calibre. Quizás si tres o cuatro funcionarios de los 850 concurrentes, habrán bastado para retirar aquel menguado botín. “Reconozcamos que hay una organización criminal de alto poder de fuego, que tiene armamento pesado”, aseguró el director general desde su sillón en Santiago. Bueno, pero reconozcamos también que dada la magnitud inusitada de aquel despliegue policial, el alto poder de fuego lo llevaba la PDI y que debe haber superado por mucho al de unos cuantos insurgentes, y la victoria fue de éstos, no de aquellos. Unos a pie, otros en 200 vehículos; unos decididos, otros ingenuos, confiados en la cantidad de sus efectivos. Unos intrépidos, otros cándidos al punto que en su caravana de vehículos por las calles de Angol lucieron banderas de distintos colores para identificar a qué predio debían ingresar, mientras a través de redes sociales se compartían videos del destacamento de efectivos y vehículos en su ostentoso y mediático desplazamiento, por lo que cuando estos llegaron a su destino ¡oh sorpresa! los estaban esperando. “Yo creo que debe ser el allanamiento con más efectivos de la PDI, que yo recuerde”, comentó el ex fiscal, Andrés Cruz. ¡Cómo se habrá reído Lautaro! digo yo, (y asombrado Cortés y Pizarro).

Luego del inaudito episodio en Temucuicui, el director general de la PDI se trasladó hasta la denominada “zona roja” de la provincia junto al subsecretario del Interior. Salvo seguir ofreciéndole al país el segundo acto de un espectáculo verdaderamente vergonzoso, ¿algún otro motivo especial movía a tan ilustres visitas? Eso no lo sabemos, pero el mismo director general advirtió que la PDI “no se va a amedrentar” tras la muerte del funcionario, y envió un mensaje a los responsables: “Son unos cobardes. Los vamos a encontrar”. ¿Y encontraron a esos cobardes en estos tres meses que han pasado desde entonces?  

Lo que resulta imposible de creer es que 850 policías entrenados para esas operaciones, premunidos de suficiente armamento, 200 vehículos, helicópteros, y tecnología de punta, no puedan penetrar en esos lugares con la seguridad de obtener resultados exitosos y sin bajas que lamentar. La Policía de Investigaciones, al igual que Carabineros, depende del Ministerio del Interior y todos los dardos apuntan a las responsabilidades políticas en el procedimiento. Orden judicial de por medio, ¿de dónde emanó la instrucción de ejecutar dicha orden con la movilización de cientos de policías al lugar? ¿Podríamos presumir que, aprovechando la instrucción de la Fiscalía el malogrado operativo lo montó el gobierno buscando exhibir a la ciudadanía su valiente decisión de poner término a la subversión local y demostrar a los revoltosos su poder disuasivo y su coraje para enfrentarlos ingresando masivamente a un territorio vedado para quienes no ostentan un apellido mapuche? Es sabido que las bravuconadas no sirven. Y la prueba de ello es que el “operativo” terminó siendo el hazmerreír de los chilenos, el descrédito de la policía, y otra muestra más de la liviandad de las autoridades responsables. 

Tan triste espectáculo movió a las comunidades indígenas representadas por el Parlamento de Autoridades Ancestrales, Pu Kuifike Longko Gülmen Ñi Nutram, a aprovechar la ocasión para pregonar que lo de  la PDI fue una señal de “terrorismo del Estado chileno en territorio mapuche (…) Declaramos nuestro total repudio a los actos represivos ejecutados por PDI el día 7 de enero 2021 (…) Que como se ha visto no tienen remordimiento en asesinar hasta a sus propios compañeros con tal de cumplir con sus amos”. 

Pobre Chile, el comentado no fue un hecho aislado sino un evento más en la minuciosa y maquiavélica planificación del partido comunista y sus secuaces de extrema izquierda a través de todos estos años, para desestabilizar esa zona del país mediante una grave crisis económica, social y política que está produciendo el caos absoluto. El gobierno le ha dado a la banda de subversivos todas las prerrogativas para instalar allá en Arauco el laboratorio para perfeccionar la técnica del terror, del pánico y del sometimiento, y hoy es un territorio donde el que no es mapuche no puede entrar sin correr el riesgo de salir maltrecho o, simplemente, no salir vivo. 

Sucesos como éste, y peores, han sido una constante desde octubre de 2019 cuando el narcoterrorismo inició la destrucción y saqueo de las principales ciudades del país ante un gobierno pusilánime e irresponsable que solo atinaba, entonces y ahora, a declamar insistentemente aquel conocido poema: no se preocupen porque las querellas se dirigirán “en contra de todos quienes resulten responsables”, “caiga quien caiga” y, naturalmente, “hasta las últimas consecuencias” porque “nadie está por sobre la ley”. Ante la insurgencia, el narco terrorismo, y la delincuencia desatada que sufre el país de norte a sur, a nuestras autoridades no les ha faltado oportunidad para perfeccionarse en el arte de la lírica y repetir la poesía cada vez con más entusiasmo. “Se efectuará una amplia, severa y exhaustiva investigación de los hechos; muy pronto caerán los responsables” es parte de la segunda estrofa. “Vamos a utilizar la fuerza legítima de nuestras policías para imponer en todos los rincones de Chile el estado de derecho y hacer cumplir las órdenes judiciales”, declamó el Presidente Piñera durante el funeral del efectivo de la PDI fallecido en aquel operativo.

Duele decirlo, pero Chile está sumido en una grave crisis institucional, social y política de la que no saldrá con lindas promesas ni masivas reparticiones de bonos ni múltiples retiros de las AFP. Topamos fondo. ¿No es, acaso, la suma de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro país una muestra de un quebranto sistémico, de una paulatina pérdida del estado de derecho? Entre cientos de ejemplos, baste con decir que tenemos un Parlamento que está violando abiertamente la Constitución al presentar proyectos de ley que no están dentro de sus atribuciones; un Ejecutivo que no cumple ni siquiera con su obligación de mantener el orden público y salvaguardar los derechos de las personas; un Poder Judicial donde campea el tráfico de influencias, el abuso de poder y la corrupción, generando un grave daño a la confianza y credibilidad pública en éste. Es el estado de derecho el que está en juego y es el descalabro que vivimos lo que agregará otros cuantos metros de tierra sobre la sepultura de un gobierno que no gobierna, y que pasará a la historia como la administración bajo la que más se ha empoderado la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la extrema izquierda. Pero, salvo mirar al cielo, ¿qué persona o grupo de personas, o qué acontecimiento tendrá que ocurrir para librar al país de este infortunio? Quien podría hacerlo no lo ha hecho en estos tres años, y sería sorprendente que lo hiciera en los 10 próximos meses. Pobre Chile. ¡¡Reaccionemos!! Es nuestro turno.