Hace 11 meses, el empresario Alejandro Correa fue asesinado por un sicario, luego de denunciar que su terreno en Quilpué había sido tomado por un vecino, que resultó ser un peligroso narcotraficante. Pese a la conmoción que generó el crimen, la toma sigue y cada vez se suman más personas. Según un reportaje de “24 Horas”, ya son 100 las viviendas instaladas en sitios de 450 metros cuadrados, con casas de dos pisos, con paneles solares y estacionamientos para autos. Es decir, nada parecido a los campamentos vulnerables que abundan en Valparaíso o Viña del Mar.

Por las calles abiertas con maquinaria pesada, se pasea el organizador de la toma asesorando a las personas que levantan sus casas. Se trata de un tipo carismático que decía que el predio era fiscal, hasta que fue desmentido por el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, afirmó que la toma era una reivindicación del pueblo por la instalación de lavaderos de oro en el estero Marga Marga durante el siglo pasado, pero que estaba dispuesto a “conversar un precio justo” para regularizar la situación.

Lo peor no es la desfachatez del personaje, sino que la impunidad con que se mueve, puesto que ninguna autoridad ha hecho algo por reponer el Estado de Derecho en el predio de la familia Correa. El municipio de Quilpué ha brillado por su ausencia, pese a que las casas se construyeron sin permiso y corresponde demolerlas. Tampoco se ha manifestado el gobierno regional, que debiera velar por el orden público, o la fiscalía, cuya misión es perseguir delitos, estando ante uno que se comete en flagrancia, a plena luz del día y al costado de la principal autopista del Gran Valparaíso.

En los hechos, la familia Correa ha sido abandonada a su suerte y debe mirar con indignación cómo siguen entrando autos y camiones a su propiedad. Imagino que la misma rabia, sienten las familias que ven este espectáculo por televisión, luego de años de trabajar para juntar un ahorro, postular a un subsidio habitacional y pagar sus cuotas todos los meses, confiando en un Estado que mira para el lado en el drama que afecta a la viuda y los hijos de Alejandro Correa.

Pero ellos no son los únicos. En Isla Negra, una patota se tomó violentamente el terreno de una pareja de comerciantes de clase media con discursos similares al lavadero de oro, y en San Antonio el problema ya se salió de control. Los cerros Bellavista y La Virgen están completamente subdivididos en tomas ilegales que suman 146 hectáreas, equivalentes a seis parques como el Bicentenario de Vitacura. ¿Y por qué en los cerros? Para aprovechar la vista al mar, que es el gancho que usan quienes venden los terrenos tomados en sitios, una modalidad conocida como “loteo brujo” y que ha crecido explosivamente en los últimos años.

Viña del Mar es otra ciudad afectada por los loteos brujos. En sólo dos años, se tomaron 50 hectáreas frente al campamento Manuel Bustos, cuyas dirigentes fueron amenazadas por denunciar las invasiones, las ventas por internet o los ruidos molestos que generan los “dueños” cuando llegan los fines de semana tirando fuegos artificiales. El patrón es el mismo que en el predio de la familia Correa. Los usurpadores ingresan con maquinaria pesada para romper cercos, aplanar el suelo y abrir las calles. Luego trazan los lotes y los cercan con madera o alambre, instalando casas asignadas a personas que se quedan para evitar el desalojo. Esta rapidez, sumada a la impunidad con que operan estas verdaderas mafias, ha transformado a los loteos brujos en una bomba de tiempo que hizo estragos en México, Brasil o Centro América, creando una industria criminal que expandió las ciudades al margen de cualquier planificación territorial.

Por ello, el Estado de Chile debe tomarse este asunto muy en serio. Lo primero es desplegarse en el territorio para identificar los loteos brujos, separándolos de los campamentos de familias vulnerables que también crecieron con la pandemia, pero que no involucran negocios, sino necesidades básicas no resueltas. De hecho, es fácil distinguirlos ya que los campamentos tienen sitios pequeños de formas irregulares, con calles estrechas y sin predios vacíos. Una vez que se compruebe que estamos ante un loteo ilegal con venta de predios, las autoridades deben coordinarse con los propietarios para ordenar el desalojo, y con el Ministerio Público para iniciar acciones legales contra los responsables.

En un país afectado por varias crisis, es fundamental honrar el esfuerzo de millones de chilenos que cumplieron las reglas para postular a sus viviendas y han esperado años para obtenerlas. Ellos no merecen que personas con recursos se salten la fila, vulnerando el derecho de propiedad, a vista y paciencia de las autoridades.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el Sábado 17 de abril de 2021.