Cada vez que se discuten programas de apoyo para aliviar la caída de los ingresos de los hogares durante esta pandemia, se instala el debate de si estos apoyos debieran ser universales o bien dirigidos a quienes efectivamente han sido afectados por ella. Sin duda que siempre es más lucrativo —políticamente hablando— entregar un determinado apoyo a todos, que solo a un grupo de la población. Si no se les entrega a todos, siempre habrá un grupo de personas molestas por no haber recibido ayuda, mientras que si se les entrega a todos lo mismo, independiente si lo necesitan o no, en promedio todos estarán más contentos, sobre todo si nunca se enteraron quienes realmente lo necesitaban que pudieron haber recibido mucho más de no haberse entregado apoyos a quienes no lo requerían.

Pero más allá del lucrativo negocio político de entregar apoyos universales, sin duda que se simplifica la entrega de ayuda desde el Estado a todos si no se requiere identificar quiénes efectivamente la necesitan. Por ello, cuando las necesidades son universales, la respuesta debe ser universal, pero cuando las necesidades no son universales, el apoyo tiene que estar dirigido a quienes lo necesitan. Si bien ello impone el desafío de efectivamente llegar a quienes requieren de apoyo, simplificando la entrega para no generar barreras burocráticas para acceder a ellas, el argumento de la simplicidad no nos debe llevar a concluir que la ayuda deba ser universal.

Sin duda que la recesión económica como consecuencia del control de la pandemia ha tenido un impacto profundo en los ingresos de los hogares en nuestro país. Pero ¿a todos por igual?

En el peor momento de la crisis se destruyeron del orden de dos millones de trabajos. Así, en el trimestre mayo-julio del año pasado el total de ocupados fue cercano a los siete millones, casi un 21% inferior al de igual trimestre del año anterior. De acuerdo con la última información disponible, se han recuperado cerca de la mitad de esos empleos, con un total de empleados en el trimestre noviembre-enero algo superior a los ocho millones. En relación con igual trimestre del año anterior, la caída del empleo se ha reducido a un 11%. Así y todo, en el peor momento de la crisis, aún un 80% de las personas mantenían algún grado de ocupación.

Se podría argumentar que, a pesar de que la mayoría de las personas mantenían sus empleos, igual vieron reducidos sus ingresos, pero a partir de la misma encuesta de empleo se observa que durante los trimestres mayo-julio y junio-agosto, un 33% de los ocupados reportaron una caída de sus ingresos, cifra que se ha reducido a un 13% para el último reporte entregado. Todo ello, consistente con la recuperación del empleo observada.

Si ahora centramos el análisis en los trabajadores formales que deben cotizar en el sistema de pensiones, también se observa una recuperación. Si bien el total de cotizantes se redujo en un 8,4% al mes de junio, desde entonces se ha visto una tendencia a la recuperación. Con todo, en el mes de mayor caída de cotizantes, aún un 90% seguía empleado. Y si analizamos la masa salarial de los cotizantes (total de cotizantes por renta imponible promedio), tenemos que durante el año 2020 el total fue, en términos reales, un 2% más bajo que lo registrado durante el 2019.

No cabe duda de que las cifras presentadas no necesariamente capturan la heterogénea realidad que ha debido enfrentar cada hogar en nuestro país, pero sí permiten constatar que los efectos no han sido similares. Una parte significativa de la población se ha visto menos afectada y ha podido mantener sus ingresos o bien recuperado parte de los perdidos. Si también se entrega ayuda estatal a ellos, finalmente los que terminan pagando el costo son quienes tienen mayores carencias, pero que simplemente se tuvieron que conformar con lo que alcanzaba para todos. Como siempre, el afán de lucro de los políticos lo terminan pagando los más necesitados.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por  El Mercurio, el domingo 11 de abril del 2021.