“Usted está entrando en tierra de nadie”: unos carteles con esa leyenda aparecieron el jueves, pegados sobre las señales del camino que va de la Región del Biobío hacia La Araucanía. Eran una medida desesperada de ciudadanos que protestan porque no existe el estado de derecho en una parte relevante del sur del país. Ya en 2012 habían aparecido carteles semejantes: “Bienvenido a La Araucanía, donde el gobierno, la justicia y los parlamentarios se olvidaron de nosotros”.

Una parte de Chile Vamos pide la declaración de estado de sitio. El gobierno advierte que puede ser una solución peor que la enfermedad y la oposición se opone radicalmente. Se decide iniciar patrullajes mixtos de militares y carabineros; sin embargo, se cuestiona la legalidad y necesidad de la medida.

Hay dos problemas adicionales: primero, a diferencia de las colombianas, nuestras FF.AA. no están entrenadas en la lucha antisubversiva ni en el contacto con la población civil en materias de seguridad. Segundo, el recuerdo de la humillación que sufrió el Ejército en la crisis de octubre está muy vivo. Si uno saca a los militares a la calle no es para que se burlen de ellos, sino para que los grupos violentos se asusten y, en caso de persistir en sus propósitos, sean repelidos con toda la fuerza del caso. Ahora bien, ¿quién prestará apoyo a nuestros militares cuando se produzca el primer muerto? Dudo que haya alguien en el gobierno o la oposición capaz de inmolarse por ellos.

Todos parecen dar palos de ciego, y nadie lo ha expresado mejor que José Miguel Insulza: “reconozco no tener muchas respuestas, quisiera”. Esto lo dice el ministro del Interior (2000-2005) cuya actitud decidida en materias políticas le valió el apodo de “Pánzer”. En ese tiempo el problema de La Araucanía ya era grave, ¿por qué no pudo verlo y tomárselo en serio?

Por distintas razones, todos los gobiernos han fracasado estrepitosamente en esta materia. Esto debería ser un motivo para que hoy la totalidad de las fuerzas políticas se empeñe en la solución, que requerirá humildad de parte del gobierno y mucho sentido patriótico en la oposición. No va a haber solución al problema si no encontramos el modo de enfrentarlo en un horizonte más largo que el de los períodos presidenciales. Es una locura intentar obtener provechos electorales del incendio de La Araucanía. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que todavía no se obtenga la aprobación opositora para las leyes que permiten proteger la infraestructura crítica o poner en marcha unos servicios de inteligencia adecuados para enfrentar un problema gravísimo?

No olvidemos que entre 1991 y 1992 hubo alrededor de 600 atentados terroristas, incluido el asesinato de Jaime Guzmán. Sin embargo, estaban Patricio Aylwin y otras personas que sabían que la política no podía ser ingenua. Pusieron en marcha “la Oficina” y en un par de años lograron desarticular a los grupos que todavía querían instaurar el modelo cubano. Han pasado tres décadas desde entonces, pero parecen siglos. La vergüenza de parte de la izquierda por los “treinta años” hace hoy imposible que vea cosas que antes le parecían evidentes, como el hecho de que la democracia es frágil y debe ser cuidada. ¿No tienen en cuenta el hecho elemental de que, en caso de que el próximo presidente se llame Muñoz, Narváez o Rincón tendrán el mismo problema, aumentado?

El acuerdo de las fuerzas políticas y otros actores sociales para erradicar la violencia es importante, también, por otro motivo: el encuadre de los hechos. Hoy pasean en vehículos lujosos por La Araucanía jóvenes mapuches que desprecian la autoridad de los loncos. Esos autos no provienen del cultivo del trigo. Junto a ellos, en el último tiempo hemos visto en acción a personas con fusiles AKA-47 y M-16, armas de guerra. El diálogo es fundamental en la región, pero esas personas no van a participar de él. Cuando muera uno de ellos en un enfrentamiento, ¿cómo será presentado, en el caso de que también pertenezca a la etnia mapuche? ¿Como un narcotraficante armado, un ladrón de madera con metralleta, un terrorista, o bajo la forma de un comunero que defiende derechos ancestrales?

Ser narcotraficante o terrorista son cosas muy distintas de ser mapuche, y si los distintos sectores políticos no tienen el valor de hacer esas distinciones y defender el legítimo uso de la fuerza estatal resultará imposible que funcionen las instancias de diálogo y las diversas e indispensables medidas para apoyar a esa región empobrecida y afectada por conflictos muy complejos.

Nos queda poco tiempo. Afortunadamente las cúpulas santiaguinas ya están nerviosas. Empiezan a descubrir que fenómenos como la combinación entre terrorismo, delincuencia común y narcotráfico no son una rareza propia de Colombia. Por otra parte, la financiación de autoridades municipales y de otros políticos por parte de los narcos no está restringida a las series mexicanas. Mañana esto puede ser una realidad en nuestro país, aunque hoy parezca estar limitada a ciertas comunas.

No somos inmunes a nada. Si tenemos presente que estamos expuestos a todos estos males, dejaremos de lado por un rato la infinita frivolidad que nos afecta y podremos enfrentar en serio un problema que —conviene reconocerlo de una vez por todas, junto con Insulza— no sabemos cómo vamos a resolver.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el domingo 28 de febrero del 2021.