La Convención Constitucional que se elige en abril tendrá 155 integrantes, pero solo 138 serán elegidos por todos los electores. El Congreso decidió que los otros 17 restantes serán reservados para los pueblos originarios, y se elegirán en votación aparte. Así, en la Convención deberá haber siete convencionales de origen mapuche, dos aimaras, un atacameño, un colla, un quechua, un diaguita, un rapanuí, un yagán, un kawésqar, un chango. Los votantes de tales ancestros podrán optar entre sufragar como siempre, de acuerdo a la inscripción en el registro general (y naturalmente, por un candidato de cualquier origen), o hacerlo según el nuevo registro étnico (1.239.295 personas), que funcionará en nueve regiones. La Región Metropolitana, por ejemplo, elegirá a seis de los escaños reservados; La Araucanía, a dos.

Hasta hoy, Chile contaba con un registro único de electores, el cual consagraba el principio unificador de la ciudadanía por encima de cualquier diferencia étnica, social, religiosa o de otro tipo. Esto cambió con la decisión de los parlamentarios de separar racialmente a una parte de los electores con fines aparentemente altruistas. En los días en que se discutía si los escaños reservados se agregarían a los 155 o se descontarían de allí, el senador Pedro Araya sostuvo: “Si uno agrega a 23 constituyentes a los 155 que ya hay, es muy difícil que la derecha pueda mantener el tercio que le asegura poder oponerse a ciertas reformas” (Tele13 Radio, 30/10/2020).

Si en nuestro país hubiera existido hasta ahora una especie de apartheid, o sea, un sistema jurídico de segregación racial, se habría justificado un esfuerzo de todos por acabar con tal ignominia, pero la realidad es otra. Quienes tienen ascendencia indígena son ciudadanos chilenos, con los mismos derechos que el resto. Sin embargo, la variante de las llamadas políticas identitarias que exalta el origen racial, no ha encontrado nada mejor que apartar a esas personas de la comunidad política a la que ya pertenecen, para ubicarlas en un espacio que tiende a enfatizar la diferenciación.

No pocos descendientes de los pueblos originarios ocupan hoy posiciones relevantes en diversos ámbitos, también en el político: hay dos senadores (Provoste y Huenchumilla) y cuatro diputados (Nuyado, Leuquén, Alinco y Moraga Mamani). Algunos dirán que eso no es suficiente, pero eso implica caer en una discusión sin orillas acerca de cuáles serían las cuotas satisfactorias. Una cosa es reconocer y respetar la diversidad, y otra cosa es crear una categoría de “víctimas absolutas de la historia”, frente a las cuales ningún esfuerzo de reparación que realice la sociedad será nunca suficiente.

Para elegir representantes en el marco de la democracia liberal, basta con que los ciudadanos se asocien sobre la base de la afinidad de puntos de vista frente a la sociedad y el Estado. Es el papel de los partidos. Pero incluso quienes no pertenecen a un partido procuran agruparse para competir, como hemos visto en la campaña por la Convención. ¿Por qué entonces enarbolar la identidad racial en la competencia por el poder? ¿Alguien cree que tal pertenencia supone por sí misma una forma de ver, sentir y pensar? Sería extravagante creerlo. En realidad, algunos apenas disimulan que buscan instrumentalizar a las minorías étnicas en función de su propio negocio político.

Los candidatos presidenciales Joaquín Lavín y Heraldo Muñoz han propuesto establecer escaños reservados para los pueblos originarios en el Congreso. Al parecer, intuyen que ese es el pensamiento electoralmente correcto. Por su parte, Jaime Quintana, senador por La Araucanía, dijo el jueves 5 al salir de una reunión con el Presidente en La Moneda: “Hemos planteado la necesidad de escaños reservados en el Congreso, pero también en todas las instancias colegiadas, consejos regionales, comunales, con harta presencia indígena”. Suena generoso, pero incluye cálculo.

Está abonado el terreno para graves confusiones. ¿Podría sorprendernos que pronto se reclamen escaños reservados para los inmigrantes y descendientes de inmigrantes? ¿O para los representantes de organizaciones de tal o cual naturaleza? El Congreso y las demás instituciones democráticas no son ni pueden ser una agregación de estamentos, estratos o grupos corporativos. A estas alturas, no debería estar en duda que el régimen de libertades nos iguala como ciudadanos. Quienes son elegidos mediante el sufragio universal representan, independientemente de su origen, al conjunto de la comunidad. ¿Estamos o no de acuerdo en que la democracia debe trascender las razas?

Necesitamos líderes políticos que se comprometan inequívocamente con la integración nacional y los fundamentos del régimen democrático. Es la condición para que Chile sea mejor para todos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda, el miércoles 17 de marzo del 2021.