Estamos contemplando un espectáculo tan interesante como angustioso. La destrucción sistemática de una república. Quiero hoy ofrecer una visión sinóptica de este fenómeno, de sus principales causas y de cómo habría que enfrentarlo, para desarrollar en las próximas semanas algunos de los puntos aquí comprendidos. Esta destrucción fue planeada por décadas y se ha llevado a cabo durante muchos años. El asesinato de Jaime Guzmán junto a la fuga de los asesinos, más el indulto que se dio a los terroristas ya en el primer gobierno de la DC después de la dictadura, nos permiten comprender esto con claridad. La decadencia de la educación, el progresivo deterioro y control sobre lo que se enseña en los colegios o lo que se investiga o enseña en las universidades han sido pasos necesarios, que se iniciaron ya en los 90. Pero los pasos más importantes los dieron sin duda Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Lagos, en efecto, fue fiel al dicho marxista: “cuanto peor mejor”, o al dicho rosacruz: “del caos sacaremos el orden”. Eliminó la inhabilitación política de los movimientos totalitarios que pretendieran abolir la familia; introdujo el divorcio; modificó la regulación de las AFP para exacerbar con el tiempo las contradicciones, y lo mismo hizo con las autopistas y el Transantiago: en el último caso, eliminó la subsidiaridad y, con ello, mató dos  pájaros de un tiro. Porque pudo dar pingües negocios a quien quisiera, y al mismo tiempo preparar el descontento general dirigido a unos pocos capitalistas, no a la hidra de mil cabezas que antes cumplía la función del transporte público de pasajeros.

Pero los verdaderos arquitectos de la subversión de Chile han sido Bachelet y Piñera. Yo nunca confié en Piñera, desde que supe que había comprado Chilevisión a los Cisneros. Esto era claro signo de su conexión con la familia Rockefeller, que no da puntada sin hilo, y que es una de las principales promotoras de la subversión mundial y del nuevo “orden”. En Venezuela, Gustavo Cisneros fue siempre el testaferro de Rockefeller. Fue, además, el gran corruptor del país, principalmente por medio de su televisora, de la industria discográfica, de la publicidad y de su conexión con Carlos Andrés Pérez. Sospeché, pues, que Piñera sería un agente de la revolución, y lo ha sido, efectivamente.

Durante el primer gobierno de Bachelet se profundizó el ataque a la familia. El primer paso violento que dio fue dictar unas normas administrativas para la distribución de la píldora del día después. Esto provocó un recurso en el Tribunal Constitucional que fue decidido con una memorable sentencia en el año 2008, que declaraba inconstitucional las normas que ordenaban la distribución de esa píldora por el peligro que suponía de matar a los seres humanos ya concebidos y no nacidos. Inmediatamente, en desacato abierto a esta sentencia, Bachelet presentó un proyecto de ley que ordenaba la distribución de la píldora. El Congreso lo recibió y Piñera dio libertad a los parlamentarios de la Alianza para votar en favor el proyecto. Es decir, Piñera cohonestó el desacato abierto al Tribunal Constitucional. Se ponían así las bases para la destrucción de las garantías que tan bien había diseñado Guzmán. Ese mismo año moría, por cierto, en extraño accidente en Panamá, en un helicóptero cuya caja negra se perdió, José Alejandro Bernales, General Director de Carabineros. Con su muerte se despejó el terreno para iniciar la subversión de esta importante fuerza policial-militar, que es también una garantía para nuestros derechos.

Después llegó la llamada “revolución de los pingüinos” y vimos a los políticos y a los medios de comunicación social bailar la danza revolucionaria por primera vez de manera descarada.

Para el período del 2010 al 2014 ganó las elecciones la Alianza y Piñera llegó a ser Presidente. En este tiempo se aprobó la ley de educación sexual obligatoria en los colegios y la ley antidiscriminación. Además, en parte a causa del terremoto, la deuda pública de Chile creció considerablemente. Al final del período ascendía a más de 26.000 millones de euros, según Expansión, Datos macro (cfr. https://datosmacro.expansion.com/deuda/chile). Por último, nombraba Piñera para el Tribunal Constitucional a María Luisa Brahm. Así llegamos al segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el que el movimiento revolucionario cobra momentum.

En efecto, durante este gobierno se introducen importantes cambios a la estructura jurídico-política de Chile. En primer lugar, se legaliza el aborto en tres causales como un derecho de la mujer. Si un doctor no desea practicar un aborto, tiene que invocar una objeción de conciencia que está muy regulada y restringida. Además, las niñas menores de edad pueden obtener abortos sin consentimiento y aun sin conocimiento de sus padres. El proyecto de ley fue llevado al Tribunal Constitucional, pero el redactor de la sentencia en el año 2017 fue la misma persona que había sido abogado del Estado en el juicio sobre la píldora del día después en el 2008, Carlos Carmona Santander. Con el voto de María Luisa Brahm se obtuvo la mayoría necesaria para declarar constitucional el aborto, en una reversión espectacular del precedente de 2008, reversión que resultó de los nombramientos y acciones de Bachelet y Piñera.

Bachelet también suscribió en 2015, en fraude a la Constitución chilena, un “Acuerdo de Solución Amistosa” con el lobby homosexual (Movilh) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por medio de ese acuerdo, sin pasar por el Congreso, ella concretó un brutal ataque a la familia y al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incluso a la libertad religiosa, pues se comprometió nada menos que a conceder todos los puntos que se encuentran en la agenda legislativa y de políticas públicas del lobby, según Rolando Jimémez (Ver Tomás Henríquez, “Matrimonio Gay: la colusión no es sólo entre privados”, https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/07/05/matrimonio-gay-la-colusion-no-es-solo-entre-privados/). Por si esto fuera poco, Bachelet también incentivó el consumo de marihuana. De hecho, desde el segundo gobierno de Bachelet ha quedado claro que se está librando una verdadera “guerra del opio”, fundamentalmente desde Bolivia contra Chile. Y Chile la está perdiendo. Hoy en día, algunos oficiales de carabineros, cansados de que los delincuentes que arrestan sean después liberados por los tribunales, están liberándolos ellos mismos, a cambio de jugosos sobornos, en el caso de los narcotraficantes, según informaciones fidedignas que he recogido y cuyas fuentes no puedo revelar. A todo esto se añade que Bachelet, al final de su gobierno, introdujo el proyecto de ley de “matrimonio” igualitario.

Junto a esta línea de corrupción de la moral de Chile, línea que sigue la doctrina leninista (“corrompe la moral de un pueblo, y éste caerá como un fruto maduro en tu mano”) y la doctrina marcusiana (ya no son los proletarios quienes llevarán adelante la revolución, sino intelectuales y estudiantes comprometidos con la monstruosidad moral), Bachelet inició la demolición de la subsidiaridad establecida en la Constitución. Para ello hizo dos cosas principales: centralizar la educación en el Ministerio, acabando efectivamente con los colegios subvencionados y con los colegios municipales, y destruir la autonomía universitaria (a) sometiendo las universidades a una estricta supervisión y control puesta en manos del Ejecutivo, y (b) cambiando drásticamente el sistema de financiamiento de los estudiantes. Por cierto que el cambio de financiamiento de todos los niveles de la educación contribuyó grandemente a destruir las medidas constitucionales dirigidas a impedir un endeudamiento excesivo del Estado y, por eso, Bachelet, con el objetivo de someter a Chile a poderes financieros extranjeros, aumentó la deuda pública chilena de 26.000 millones de euros en diciembre de 2013 a casi 58.000 millones de euros en diciembre de 2017, según Expansión, Datos macro (cfr. https://datosmacro.expansion.com/deuda/chile). En esta misma línea se sitúa el reciente ataque contra las AFP.

Pero la actividad subversiva de Bachelet no se limitó a lo cultural y lo económico. Durante su gobierno permitió que escalara el conflicto subversivo (que no es mapuche) en la Araucanía, y permitió también que se quemara el 40% de los bosques nativos de Chile. Todos recordamos cómo mantuvo retenido por más de tres semanas el avión super-tanque que había traído a Chile Ana Avilés (ver “21 días demoró Conaf en aceptar llegada del supertanque”, Nuevo Poder, 26 de enero de 2017, disponible aquí: http://www.nuevopoder.cl/21-dias-demoro-conaf-en-aceptar-llegada-del-supertanker/). Para cerrar su labor, Bachelet, con la excusa de la corrupción, desactivó los servicios de inteligencia de los carabineros, dejando así indefenso al país frente a una eventual amenaza subversiva. ¿Es casual que así lo hiciera la antigua “Comandante Claudia” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez?

Después de todo esto llegó Piñera al gobierno, en una contienda electoral en la que los votantes pensaban que Chile se encontraba ante una encrucijada: si llegaría al gobierno nuevamente un comunista o no. Con gran esperanza de todos, fue derrotado Guillier, el candidato pro-marxista. Pero al poco tiempo se comenzó a ver que no había mucho que celebrar. En efecto, el gobierno de Piñera impulsó la ley de identidad de género al empezar su período. Pero los acontecimientos más decisivos ocurrieron a partir del 18 de octubre de 2019.

Cuando Chile recibió simultáneamente una cadena de ataques terroristas incendiarios coordinados con el mismo acelerante de la combustión, ese día ha debido inmediatamente arrestarse a todos los agentes de campo y llegar a los cabecillas para aplastar en pocas horas este mecanismo subversivo, tan parecido al que actuó en Caracas el 27 de febrero de 1989. Piñera omitió hacer esto y de ese modo dio alas al movimiento subversivo que está deshaciendo la república. Desde ese momento, los medios de comunicación social (muchos de ellos en manos de intereses extranjeros), los políticos marxistas, los grupos subversivos, no pocos personeros del gobierno, el Fiscal General y no pocos tribunales, han ido paralizando por completo la capacidad de resistencia legal que la república puede oponer a una subversión dirigida a su total destrucción.

Los revolucionarios pueden atacar impunemente. Ningún medio los va a hostigar por ello, y a menudo los fiscales o jueces van a ser extremadamente indulgentes. Pero, ¡ay del carabinero que impida la comisión de un hecho punible durante una manifestación por “la dignidad”! Los medios lo van a cocer vivo, sus superiores lo van a remover y los tribunales y fiscales lo van a hostigar con esperanza de dejarlo encerrado en un calabozo. A menudo se miente incluso sobre lo que hacen o no hacen los carabineros u otras fuerzas policiales. Todos recordamos el caso del supuesto centro de torturas cerca de la Plaza Baquedano, o aquella chica que supuestamente fue torturada por la Policía de Investigaciones, Javiera Bascuñán; o el caso de Jorge Ortiz, del Instituto de Derechos Humanos, que fue confirmado por el testimonio de Carol Cariola y Camila Vallejo. Mentiras y más mentiras. Más recientemente recordamos el caso del carabinero acusado de arrojar a un joven desde el puente Pío IX al río Mapocho. Este -también joven-  carabinero se zafó de las calumnias porque llevaba una cámara no reglamentaria con la que pudo filmar con todo detalle lo ocurrido. Sin embargo, un general de Carabineros quería removerlo de la Fuerza, precisamente por llevar esa cámara que no era reglamentaria. ¡Oh, y no se nos olvide, ese General es ahora el Director de Carabineros! Y con todas estas mentiras, y el apoyo de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU, se ha conseguido colar la idea de que hay que reformar profundamente a los carabineros. Idea compartida por el actual General Director y por no pocos Ministros del gobierno de Piñera.

Se va paralizando la defensa efectiva de Chile, y se va impulsando la revolución. En noviembre del año pasado observamos cómo los parlamentarios del gobierno cedieron a las presiones y convinieron en cambiar los mecanismos de reforma de la Constitución. Fue así como entramos en el actual proceso constituyente. Dos cosas buenas tuvo ese acuerdo: explícitamente estableció que si ganaba en plebiscito la opción de la reforma por medio de una Convención Constituyente, la dicha Convención no sería soberana, sino que quedaría sujeta al ordenamiento constitucional chileno; y que las decisiones se tendrían que tomar por mayoría de dos tercios: en caso de que no se logre de este modo la reforma, quedará en vigencia la constitución actual. Con todo, existe el claro riesgo de que los convencionales, una vez electos, declaren que la convención es soberana. En ese caso se convertirían inmediatamente en usurpadores y todo ciudadano chileno tendría el derecho a levantarse en armas contra la Convención para salvar la república, y las Fuerzas Armadas tendrían el deber de hacerlo.

En los meses siguientes, los medios de comunicación social convencieron a los chilenos de que hacía falta un cambio de Constitución. La propaganda ha sido incesante y aplastante. Entre tanto, las protestas callejeras y los ataques terroristas continuaban. Docenas de iglesias han sido quemadas, por ejemplo, sin reacción significativa por parte de los pastores de la Iglesia católica, que, por otra parte, han apoyado abiertamente la revolución, es decir, la supuesta necesidad del cambio de Constitución. También se ha agudizado la actividad subversiva en La Araucanía. Se descubren las tácticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de Sendero Luminoso, pero no se permite respuesta efectiva de nadie, ni de los carabineros, ni de los camioneros (que son constantes víctimas del terrorismo) ni de los agricultores ni de los militares. Las élites constitucionales y judiciales de Chile parecen haber decidido que Chile debe morir sin defensa alguna.

En esta coyuntura nos alcanzó la crisis del Sars-CoV-2, decretada por la Organización Mundial de la Salud, cuyo Director no es un médico, sino un conocido comunista con claras vinculaciones con el gobierno chino. Se impuso en Chile el “pensamiento único”. Nadie puede disentir de los diagnósticos y recomendaciones de la OMS. Aún las más importantes corporaciones académicas se someten sin análisis alguno a esos lineamientos. Curiosamente, el clero, que es tan enfático en su oposición a la constitución republicana de Chile, es igualmente enfático en obedecer sumisamente a las imposiciones de la OMS. Muy temprano éstas incluyeron la prohibición del uso de la hidroxicloroquina, recomendada por uno de los más grandes expertos en Sars, Didier Raoult (y respaldada ahora por docenas de artículos científicos), el uso de ventiladores y la imposición de drásticas medidas que incluyen cuarentenas masivas. Médicos chilenos de alta presencia mediática se hicieron eco también en estos dos puntos de las indicaciones de la OMS. Pero en abril el Instituto Superior de Salud de Italia  probó que los ventiladores, si se usaban en casos no extremos, eran contraproducentes y causa de la muerte de muchas de las víctimas iniciales. Además se ha visto que las medidas de cuarentenas masivas y totales que caen sobre ciudades y países enteros producen una crisis económica sin precedentes y también una crisis sanitaria. Pero, si alguien disiente, enseguida se le amenaza con la represión, como se hizo con el doctor Mañalic. Y la represión y la censura no son solo nacionales. José Antonio Kast sostiene en agosto o septiembre que es tiempo ya de que cesen los confinamientos, y se le cancela su cuenta de Tweeter.

En este contexto, en todo el mundo, conforme a una directriz de un think tank denominado Open Democracy, financiado por la Open Society Foundation, se inicia una ofensiva dirigida a abolir la familia. Se discute la ampliación del aborto, la introducción o radicalización de la educación sexual integral, la reducción de la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales hasta los catorce años (es decir, la legalización del abuso sexual de menores, con cuya excusa se ha atacado a la Iglesia por dos décadas), el “matrimonio” homosexual, la virtual abolición de la patria potestad y un gran etcétera.

Algunos grupos republicanos y algunas redes civiles han resistido la marea revolucionaria. Pero la verdad es que la presión es enorme. La organización para promover la opción del rechazo en la votación en el plebiscito (sobre si se quiere o no una reforma de la Constitución y la formación de una Convención Constituyente) se llevó a cabo con muchas dificultades a causa de las restricciones a todas las libertades decretadas conforme a la información y las recomendaciones de la OMS. Además, se sembró el miedo al virus en los miembros más maduros de la comunidad, de manera que no fueran a votar. A todo esto se sumó que el registro electoral está palmariamente inflado. En el año 2017, según las estadísticas oficiales del Servel había en Chile (no en el extranjero) 14.308.151 votantes (ver https://oficial.servel.cl/padron-electoral-por-ano-inscritos-vigentes-por-comuna-region-grupos-etareos-no-videntes-analfabetos-etc/). Y, supuestamente, para esa fecha y según el censo de 2017, el número total de habitantes de Chile era de 17.574.003. Es imposible que en este universo haya más de 14 millones de votantes. De 0-14 años, según el censo, había más de  3 millones y medio. Entre 15 y 18 no se sabe. Pero, si aplicamos una regla de 3 (3 años, 15, 16 y 17 serían la vigésima parte del total de 60 años, de 15 a 64), podemos decir que hay al menos 600.000 habitantes más que no pueden votar a causa de la edad. Pero, además, hay 471.285 extranjeros, de los cuales, según el Servel sólo podían votar 267.116 en el 2017. Es decir, hay que restar otros 204.000 (sobre todos los datos demográficos, ver el censo de 2017, aquí: http://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf). Por tanto, suponiendo que pueden votar todos los chilenos mayores de 18 años, no debería haber más de 13.200.000 votantes en Chile. Hay un abultamiento de al menos un millón y cien mil votantes. Si a esto se suma que no hay ningún mecanismo para controlar que no se vote más de una vez, concluimos que es imposible asegurar que no hay fraude en Chile, por más que los apoderados de mesa cubran todas las mesas y sean extremadamente cuidadosos en su tarea. Por todas estas razones, unidas a la manipulación mediática, juzgo que el plebiscito del 25 de octubre estuvo lejos de ser un acto de votación limpio y libre. Y sostengo, además, que no se puede asegurar que las elecciones de abril sean medianamente limpias y libres mientras no se subsanen los dos problemas (a) del padrón electoral y (b) de las medidas para evitar doble o múltiple votación.

Después del plebiscito han ocurrido varias cosas muy graves. La primera es que se ha intensificado la violencia en La Araucanía y al sur de La Araucanía. Los mapuches poco han tenido que ver con este movimiento terrorista y han sido más bien víctimas de él. Además, como me comentaba recientemente un agricultor de la zona, las leyes que se han aprobado recientemente con el propósito supuesto de favorecerlos no han hecho sino marginarlos. Así, por ejemplo, las tierras reservadas para mapuches no se pueden dar en garantía para recibir préstamo alguno, y esto causa que la mayoría se encuentren ociosas y que sus flamantes propietarios queden fuera del sistema económico de Chile. Esta marginación es del todo contraria a las aspiraciones de los auténticos mapuches, que son chilenos, tanto como cualquier otro. La segunda, que se ha vendido infraestructura vital a compañías vinculadas al Partido Comunista Chino: a Chilquinta (comprada el año pasado a mediados de octubre [¿casualmente?]), se suman: CGE, la autopista Talca-Chillán (https://www.latercera.com/pulso/noticia/empresa-china-presenta-mejor-oferta-por-concesion-de-la-ruta-5-en-el-tramo-talca-chillan/OOGG2H3FIBHR3PFOA7MV7PFZKM/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-dogtrack) y los ferrocarriles Chillán-Santiago (https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2020/12/03/consorcio-chino-se-adjudica-licitacion-de-trenes-por-us70-millones-para-servicio-chillan-santiago.shtml).

En una palabra, el país se hunde por la acción combinada de la traición de quienes debían evitar su entrega en manos revolucionarias, Piñera y su entorno, y la traición de los revolucionarios marxistas o globalistas mismos, que son siempre anti-nacionales, y que engloban a un conglomerado de agentes, tales como los políticos de Frente Amplio y PC, los subversivos de La Araucanía, las redes del narcotráfico, los medios de comunicación social, entre otros. Cada uno de los pasos que hemos dado en el camino revolucionario es contrario a la más obvia sensatez. Esto nos plantea nuestras dos preguntas finales: ¿Cómo es posible, entonces, que los hayamos dado? Y, ¿cómo puede Chile escapar de la espiral revolucionaria?

La situación en la que nos encontramos exige que se diga la verdad sin tapujos. De otra manera, no tendremos salida. ¿Cómo es posible que una república occidental se haya deslizado por esta cuesta de la irracionalidad y de la destrucción, de la insensatez y de la traición? Voy a responder apoyado en una cita que se aplica al caso como anillo al dedo. Refiriéndose a la decadencia de la Fe y de la razón en Occidente, comenta Alberto Bárcena: “no tendría que haber sido así. ‘No hay, pues, motivo de competitividad alguna entre la razón y la fe: una está dentro de la otra, y cada una tiene su propio espacio de realización” (Fides et ratio, n. 17). Sin un agente externo, enemigo del verdadero progreso humano, no se comprende ese suicidio colectivo, inducido desde el poder” (Iglesia y Masonería. Las Dos Ciudades, p. 16). Ese “agente externo” son las sociedades secretas masónicas. A mi entender, no hay manera de que se coordinen tan prodigiosamente todos los medios de comunicación social globales, más los políticos de gobierno y oposición en este movimiento suicida que pretende absorber a Chile bajo la “gobernancia mundial” de China, como le oí decir el año 2012 al expresidente Ricardo Lagos en el Campus San Joaquín; en este movimiento suicida que pretende “construir” una nueva era global. Michelle Bachelet lo decía recientemente en su conferencia del 1 de diciembre ante la Gran Logia de Chile: “necesitamos un nuevo contrato social para una nueva era […] y para esto contamos con uno de los principios masónicos, la solidaridad […], porque es posible actuar como una sola humanidad” (https://www.youtube.com/watch?v=_FJVqwV4DIY&feature=youtu.be, minutos 41-42, consultado el 15 de diciembre de 2020). Si tengo razón en esto, el caso de Chile no sería diferente al caso de Venezuela. También allí la revolución chavista fue llevada a cabo por una cuidadosa infiltración de las Fuerzas Armadas por las logias masónicas. Tres logias en particular fueron responsables de la destrucción de Venezuela: una encabezada por Raúl Isaías Baduel, otra por Francisco Arias Cárdenas, y la tercera por Hugo Chávez Frías (Alberto Garrido, Chávez con uniforme, pp. 13-14). Y también allí la revolución llevó al dominio de China, y al acostumbrado genocidio marxista.

La siguiente pregunta es ésta: ¿debe Chile permitir que se le arrastre a su desaparición como nación independiente, a la sujeción a esta nueva “gobernancia” china que le están imponiendo desde dentro verdaderos traidores, y al consiguiente y ritual genocidio? Como se dijo en el voto salvado del Juez Jackson en el caso Terminiello, “la Constitución no es un pacto suicida”. No se puede permitir que con subterfugios legales se paralice la defensa de la república ante enemigos poderosos que la están derrumbando desde sus cimientos.