La semana pasada fuimos testigos de dos hechos significativos para la libertad de expresión. En Chile, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo de un proyecto de ley que sancionaba como un delito el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, lo que claramente atenta contra los principios básicos de cualquier estado de derecho que se precie de tal. Simultáneamente, en Estados Unidos se desarrollaban las elecciones generales que disputaban Donald Trump y Joe Biden. 

Lo que nadie esperaba es que ese proceso fuera el escenario para una batalla campal entre quienes denunciaban que se habría producido un fraude electoral masivo en los comicios y los que no sólo negaban rotundamente las acusaciones, sino que se aprestaban a censurar las opiniones divergentes. Sí, estas elecciones dan muestra de que la democracia norteamericana, modelo para el mundo en lo que respecta a la libertad de prensa, de información y expresión, corre peligro, pero no por Donald Trump y sus adherentes, sino por quienes buscan censurarlos.

Como dijera Jack el Destripador, vamos por partes. En primer lugar, la denuncia de fraude electoral no sólo no es absurda y “sin pruebas”, sino que hay dudas razonables respecto de la limpieza del proceso. Más votantes que inscritos en Wisconsin, 138.000 votos por correo que fueron en un 100% para Biden en Michigan, urnas en los basureros en Pensilvania, detenciones en los conteos de estados favorables al Partido Republicano (GOP), estados donde habrían votado muertos, etc., dan cuenta de que la elección no fue limpia. Y con eso pierden todos los norteamericanos: los republicanos, los demócratas, los libertarios, verdes e independientes. Todos. Por eso, lo mejor es que se resuelva en sede judicial o que se repita el proceso eleccionario.

El problema no quedó ahí, sino que dirigentes republicanos, con Trump a la cabeza, comenzaron a denunciar las irregularidades del proceso eleccionario, hablando de un “fraude” con el que el Partido Demócrata buscaba “robar la elección”. A pesar de que la acusación es grave y que son ellos los que tienen la carga de la prueba, lo mínimo que se espera en una sociedad democrática es que se respete el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluso de quienes ponen en duda la validez de una elección. 

Sin embargo, lo que ocurrió fue que todo el aparataje del establishment –medios de comunicación, redes sociales, etc– se aprestó a censurar a quienes llegaran a levantar el dedo denunciando el “fraude”, bloqueando la posibilidad de retuitear o poner like en Twitter o advirtiendo que la información no es exacta. Un trabajo de fact-checking coherente con la misión del periodismo no busca censurar al chequeado, sino que contrastar lo que sostiene con los hechos y poner todos los antecedentes sobre la mesa para que los ciudadanos se formen una opinión.

Que se entienda lo que quiero decir. Como periodista no puedo sino valorar el papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad, fiscalizando el poder, ofreciendo información contrastada y veraz, formando opinión, etc. Sin embargo, lo que han hecho los medios norteamericanos no permite formar opiniones libres que permitan tomar mejores decisiones, sino acallar al divergente y bombardear con la visión dominante. Quienes debían hacer de ágora o plaza pública, presentando las distintas opiniones para que las audiencias determinen a quién apoyar, se erigieron como censores de la verdad pública, imponiendo la visión políticamente correcta. 

Eso claramente pone en peligro la democracia de Estados Unidos y los pone en el camino hacia las tiranías totalitarias. En ese sentido, no podemos sino compartir la advertencia de San Juan Pablo II: “Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia” (Centesimus Annus, 46).