El viernes comenzó la franja electoral para el plebiscito. El mayor argumento de quienes han hecho campaña para votar por el Apruebo y por la convención constitucional es la posibilidad de que todos los chilenos puedan elegir y que por primera vez tendríamos una Constitución escrita por todas y todos.

Llama la atención, sin embargo, que muchos de los que defienden con ahínco esa postura, no lo hacen en otros aspectos que influyen directamente en la vida de las personas, como es, por ejemplo, la decisión del regreso a clases. En definitiva, muchos de quienes defienden que es la ciudadanía la que debe escribir su Constitución, no piensan igual cuando se trata de defender a las comunidades y a los propios padres para que tomen la decisión sobre la reapertura de las escuelas y de enviar a sus hijos a clases presenciales. El caso más paradójico resulta ser el del Colegio de Profesores: a la vez que su presidente aparece en la franja invitando a votar Apruebo para que el pueblo decida, busca que los parlamentarios limiten la posibilidad de elección de los padres.

Este ejemplo no es un hecho aislado. Durante los últimos años diversos proyectos de ley presentados por parlamentarios han querido restringir las esferas de decisiones de las escuelas, debilitando con ello a las comunidades (algo que se resiente en momentos como estos). Así, un caso es el proyecto de ley de promoción automática, que prohíbe las tareas, elimina las notas, el uso del uniforme, limita las facultades de los directivos, la elección de los padres e incluso la posibilidad de abrir establecimientos educativos.

El asunto no es menor, especialmente si atendemos a que dentro de las propuestas de reforma constitucional en temas de educación que se han presentado en el último tiempo buscan limitar la libertad de enseñanza y la posibilidad de una provisión mixta, buscando que sea el Estado quien provea la educación sin dar cabida a la participación de la sociedad civil.

Hay, por tanto, cierta incoherencia con cuál es el verdadero valor que le damos a la ciudadanía organizada en agrupaciones y organizaciones intermedias y si bien podemos entre todos construir una Constitución que nos acomode, podemos terminar debilitando aún más la esfera de acción de las personas en asuntos que son fundamentales, como es la educación de los niños.

Lo que se esperaría es que exista un relato coherente respecto de la relevancia de empoderar a las comunidades, en este caso las educativas, respetando sus ámbitos de libertad y su autonomía, pues es la única manera de fortalecerlas y robustecer de paso nuestra democracia.

Sobre este piso es que debemos discutir cómo abordamos las dificultades que tiene el regreso a clases, cómo nos hacemos cargo de la salud de todos los miembros de la comunidad. Sería una discusión muy distinta si en vez de que algunos actores buscaran impedir que todos los colegios de Chile reabran, se levantara la inquietud respecto del resguardo de la salud de todos los estudiantes, docentes, asistentes y directivos, y se buscaran de forma activa y colaborativa las soluciones para que puedan regresar de forma segura.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el lunes 29 de septiembre del 2020.