¿Cuál es el requisito sine qua non del Estado? Poca gente lo tiene claro, pero es muy simple: el monopolio legítimo del uso de la fuerza.  No obstante la simpleza de este principio, es necesario explicar en qué consiste.  Veamos, pues, el significado del término nuclear: monopolio.  La Real Academia Española lo define, en su diccionario, como “ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes”, luego, como ejemplo, da el monopolio del poder político y de la enseñanza. 

En palabras simples, el Estado es el único actor que puede hacer uso de la fuerza, obviamente, esto ocurre en una sociedad en que “las instituciones funcionan”, como diría cierto Presidente, considerado estadista por quienes no saben lo que significa esta palabra.  ¿En qué se traduce esto en la práctica? En que los privados no pueden usar la fuerza, salvo que el Estado lo permita. Ejemplo de esto son los vigilantes privados y el derecho a la legítima defensa establecido por ley.  Dicho lo anterior, se puede inferir que quienes atacan a Carabineros no pueden argumentar que se les reprime con fuerza desmedida; a lo más innecesaria. Quienes defienden a los violentistas están en la misma situación.

Una de las muchas consecuencias de este principio es que no hay “manifestaciones pacíficas”, salvo que sean autorizadas por la autoridad competente. Existe el derecho a manifestarse, pero esto no quiere decir que todas las manifestaciones sean pacíficas. Si un grupo de manifestantes se toma una calle, está impidiendo, por la fuerza, el libre desplazamiento de las personas, o sea, violando el derecho de libre tránsito. Si la víctima se opone a los manifestantes, será violentada.

El concepto medular es que el uso de la fuerza corresponde al Estado, o sea, la proporción correcta sería 0% a 100% en favor del Estado sobre los privados. 

Dicho todo esto, debemos preguntarnos qué hay detrás de la desidia del gobierno del Presidente Piñera y del Alto Mando de Carabineros frente a los ataques de todo tipo que reciben los carabineros en el cumplimiento del deber. ¿Por qué el foco del problema es la “violación de los Derechos Humanos” y no la ilegalidad de las acciones de las “víctimas”? ¿Por qué el Alto Mando de Carabineros abandona a sus efectivos acusados sin siquiera darles el beneficio de la duda? ¿Por qué las autoridades respectivas no demandan a quienes calumnian a las FF. AA. o las policías? ¿Por qué no exigen explicaciones a la pléyade de “pintamonos oportunistas” que ha corrido a apoyar falsas denuncias?  ¿Por qué es intocable el parasitario Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué no utilizan todos los recursos legales de que disponen? Son demasiadas las interrogantes sin respuestas. La respuesta más probable es que se rindieron a la deconstrucción propiciada por grupos de izquierda dura, partiendo por el neomarxismo.  Para que este fin se alcance, es fundamental minar las bases del Estado de Derecho, y, sin fuerzas de orden, la meta estará cerca.

La campaña está orientada a desacreditar a Carabineros.  La desfachatez no tiene nombre porque quienes se autoerigen como guardianes de las virtudes cívicas, generalmente, en las encuestas, obtienen una confianza ciudadana que va del 3% al 15%, según la encuesta y la metodología usada. Mientras las FF. AA. y las policías las triplican o cuadruplican, es muy raro que bajen del 40% y, en ocasiones, han llegado al 60%. Estos resultados se deben al espíritu de sacrificio por el prójimo que sus compatriotas ven en los integrantes de estas instituciones.

Quienes están en la campaña de la deconstrucción del Estado no son sólo políticos de oposición u oficialistas oportunistas o paralizados por su cobardía.  Hay jueces, fiscales, periodistas, empresarios, dirigentes politizados de gremios, colegios profesionales y sindicatos y una variada fauna criolla.

Dirán que hay un “milico gate” y un “paco gate”, pero entre el tren fantasma, el jarrón de Lagos, los falsos exonerados, las municipalidades convertidas en botines, etc., el monto defraudado es varias decenas mayor. Además, ninguno de estos guardianes de las virtudes cívicas arriesga su vida por miserables $ 500.000. Y, como si fuera poco, cuando uno de ellos tiene algún problema, no llama a algún fiscal, juez, ministro, periodista comprometido, alcalde farandulero u otro.  No, llama a Carabineros. Hay que ser bien poca cosa para actuar de esta forma.