Uno de los aspectos esenciales de toda Constitución es que establece los límites a las facultades de los órganos del Estado para regular las libertades (o derechos o garantías) de las personas. La Carta Fundamental chilena de 1833 reconocía 7; la de 1925 extendió la lista a 15; la de 1980 (actualmente vigente) la extendió a 26. Esta evolución refleja que el crecimiento del poder del Estado experimentado desde el siglo XIX es un peligro para las libertades individuales, lo que impone la necesidad de que el orden jurídico aumente los resguardos. 

La importancia de una adecuada y completa descripción de las libertades en la Constitución radica en que todo el ordenamiento jurídico (normas legales, reglamentarias y administrativas, sentencias de los tribunales de justicia y resoluciones de los organismos fiscalizadores) le está sometido, por lo que los agentes del Estado deben respetarlas y, en caso de no hacerlo, los particulares pueden activar los mecanismos de defensa que la propia Constitución prevé. Cualquier vacío o rendija contenida en la normativa constitucional se transforma en un espacio de discrecionalidad que puede ser llenado con atropellos a nuestros bienes fundamentales. 

Cuando el 15 de noviembre pasado el Gobierno y los partidos políticos —ambos dueños del Estado— anunciaron el Acuerdo por una nueva Constitución, lo que en el fondo hicieron fue ponerse de acuerdo para modificar los límites a su propia acción para regular nuestras libertades. Lo presentaron de manera atractiva: la nueva Constitución sería redactada por un órgano al que todos los ciudadanos podrían postular para ser elegidos. Pero la verdad es que, más allá de las apariencias, los miembros de la Convención (sea Constituyente o Mixta) provendrán de los partidos políticos puesto que es prácticamente imposible que un independiente resulte electo y, como los partidos están deseosos de aumentar su poder, obviamente sus representantes restringirán nuestras libertades para ampliar el poder del Estado (esto es, el suyo). 

Hay otro aspecto de la cuestión que agrava la situación: la regla de los dos tercios, que significa que cada norma de la nueva Constitución deberá contar con ese quórum, es decir, al menos dos terceras partes de los miembros de la Convención deben aprobarla para que quede incluida; el reverso de la medalla es que basta que un tercio más uno de ellos se oponga a una norma para que quede excluida. Por ejemplo, cuando se proponga que el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos quede recogido en la nueva Constitución (como ocurre ahora), a los partidarios de aumentar el poder del Estado les bastará un tercio más uno de los votos para dejarlo fuera. La lógica indica que en tal caso debiera quedar vigente la norma actual pero, dado que el Acuerdo de noviembre pasado establece que se parte de una hoja en blanco, el derecho de los padres simplemente quedará fuera y perderá el rango constitucional del que goza hoy. Una vez aprobada la nueva Constitución, cualquier proyecto de ley sobre educación que se discuta en el Congreso y que desconozca el derecho de los padres o que lo supedite al Estado podrá ser aprobado por mayoría simple (la mitad más uno de los parlamentarios). 

Por eso, en la práctica, el eventual proceso constituyente significa que los propios detentadores del poder establecerán los límites a su acción, es decir, los gatos han quedado al cuidado de la carnicería. Y por favor, estimado lector, no me diga que estoy exagerando, porque justamente en este momento se discuten en el Congreso dos proyectos que apuntan en tal sentido (Sistema de Garantías de la Niñez y Educación Sexual Integral). 

Porque este es el contexto en el que se elaborará —si es que gana la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre— la nueva Constitución: una parte de los chilenos quiere refundar el país usando el aparato estatal que en gran medida ya está en su poder. En los últimos años se han hecho cada vez más frecuentes declaraciones y hechos que atentan contra bienes tan fundamentales como la vida de los más indefensos, la libertad de expresión y de emprender, el derecho de los padres para criar y educar a sus hijos, la propiedad privada, por mencionar sólo algunos. Es obvio que hay chilenos que simplemente quieren imponer su ideología a los demás arrebatándoles sus bienes (espirituales y materiales). 

Cuando una Constitución es redactada por un grupo de hombres sabios e independientes, es una oportunidad para aumentar la protección de los ciudadanos. Pero cuando la tarea queda encargada a personas puestas allí no por su sabiduría sino por su pertenencia a partidos políticos que han hecho del Estado su propiedad privada y cuyos dirigentes han gritado a los cuatro vientos que quieren restringir nuestras libertades… ¡qué quiere que le diga!  No sé usted pero al menos yo, estimado lector, no quiero que mis derechos sean discutidos por cualquiera; son mis bienes fundamentales, mis joyas más preciadas, y tendría que estar loco para entregarlas voluntariamente a los cerdos. 

Con el famoso Acuerdo por una Nueva Constitución los políticos dejaron a los gatos cuidando la carnicería y dieron nuestras joyas a los cerdos. Y como en la novela de Orwell, los cerdos son ellos mismos.