La movilización de un segmento importante del gremio camionero, a raíz de los interminables ataques, quemas, robos y violencia de los que son víctima, vino a remarcar que un grupo importante de gente de trabajo, pequeños empresarios, están disconformes con la protección que el gobierno da a sus desplazamientos. Tampoco están con el Parlamento, que tiene durmiendo más de una decena de proyectos de ley que apuntan a aumentar las penas para los ataques vandálicos, proteger la infraestructura pública y dotar al Estado de un sistema de inteligencia que alerte con mayor rapidez y precisión los planes de grupos subversivos en la zona. En los momentos que escribo, el gremio aludido ha alcanzado un acuerdo de compromisos con el gobierno y obtenido la promesa de una serie de beneficios económicos que buscan paliar los efectos de la violencia sobre sus vidas y familias, como también sobre su capital de trabajo y hogares. La oposición ha criticado el acuerdo y, en lugar de concentrarse en la legislación pendiente, acusará constitucionalmente al ministro del Interior por notable abandono de deberes y por la no aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado a quienes habrían bloqueado las carreteras.

En su célebre “Animal Farm”, el escritor George Orwell relató la vida de unos cerdos en una granja donde, teóricamente, eran todos iguales, pero había algunos más parecidos entre ellos. Si la ley no es igual para todos, no hay Estado de Derecho en Chile. Además, veremos si esta acusación deriva jurisprudencia en el futuro. ¿Se aplicará la ley de Seguridad Interior a quienes hagan barricadas o quemen instalaciones públicas casi inmediatamente? ¿O se acusará al ministro del Interior de turno por no hacerlo en forma expedita? Si no ocurre, la democracia estará en mayores problemas porque, en términos del relato de Orwell, hay cerdos diferentes, que gozan de privilegios distintos.

Esta vez no han sido los partidarios del gobierno, los partidos políticos de la coalición oficial ni menos la izquierda que desde octubre pasado viene imponiendo sus términos utilizando la violencia, ya sea por acción u omisión. Es gente de trabajo, modesta, que no pide beneficios económicos especiales, sino que quiere trabajar en paz sin perder su capital de trabajo y ciertamente sin riesgos significativos sobre sus vidas y la de sus familias. Especialmente llama la atención la reacción de algunos miembros del Parlamento que han pedido que se apliquen las leyes más duras contra este movimiento gremial y, sin embargo, desde octubre pasado, muchos de ellos guardaron silencio o alentaron el uso de la violencia contra la ciudadanía inocente. Es una muestra de doble estándar no compatible con la democracia y el Estado de Derecho, cuyo principio básico es que la Ley se aplica por igual para todos los habitantes de un país, independiente de su origen, creencias o ideas políticas.

Hay varios parlamentarios de la oposición que lo hicieron, pero no puedo dejar de nombrar al diputado Matías Walker, quien nunca ha condenado la violencia que se originó el 18 de octubre; sus declaraciones que buscan castigo contra los camioneros están más cerca del FA que la que uno esperaría de un líder de centro izquierda, más aun siendo presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la Cámara de Diputados de la República.

Para mí es claro que el movimiento gremial ha representado un llamado desesperado sobre los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que muestran evidente falta de apoyo entre la ciudadanía, lo que se refleja en diversos estudios de opinión. Como no habrá elección de autoridades políticas hasta el próximo año, aquéllos deben prepararse porque la respuesta en las urnas puede ser para varios proporcional al que las grandes mayorías consideran como daño ocasionado por estos líderes a su vida, bienestar y sobre todo paz.

La oposición se empeña en que el plebiscito de octubre se realice contra viento y marea y ahora agregaría la pandemia, presionando para que se instalen procesos especiales de votación para los contagiados conocidos. Presionando también a las autoridades de Salud para que emitan declaraciones que aseguren la realización del acto y, en definitiva, prescindiendo de asegurar condiciones sanitarias básicas para 12 millones de votantes que, en un solo día, llenarán las calles, el transporte público y los locales de votación. Llama la atención el apuro por asegurar la realización de este acto en octubre, cuando aún no es claro si durante septiembre habrá rebrotes por la gradual apertura que muestran varias comunas para dejar atrás la cuarentena y la evidencia mostrada en varios países que han iniciado el proceso de desconfinamiento. Esto puede provocar que mucha gente deje de ir a votar y es especialmente delicada la situación de los vocales de mesa y apoderados, quienes enfrentarán condiciones sanitarias muy débiles. La realización o suspensión del plebiscito no es un hecho político, sino sanitario, y los que lo autoricen deberán asumir su responsabilidad.

Por otra parte, contrasta la preocupación de la oposición por el plebiscito, con la tasa de desempleo anunciada hace pocos. Esto confirma nuestras proyecciones, realizadas hace semanas en este mismo espacio, para la trayectoria del empleo en el trimestre móvil mayo-junio-julio. La cifra oficial de 13.1% para dicho trimestre debe ser ajustada para contabilizar aquellos trabajadores que están recibiendo subsidio de cesantía o protección al empleo, pero que no están trabajando, a un 25%, y si agregamos el encogimiento de la fuerza de trabajo, a causa de la recesión y la cuarentena, sobrepasamos el 30%. Es decir, efectivamente más de 3 millones de trabajadores no tienen pega hoy en Chile, subrayando el severo daño ocasionado al mercado laboral.

Durante el tercer trimestre, las cifras de actividad mejorarán. Esperábamos una caída del Imacec para julio cercana al 10%, y esa disminución ocurrió. Será sostenible en el resto del año esta baja continua en la medida que prosigan las bajas en las cifras de la pandemia y no haya violencia en el país o ésta sea detenida. Es de esperar que los cruces de caminos aludidos no detengan el mejoramiento de los índices de actividad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el lunes 07 de septiembre del 2020.