Los partidos de la Unidad Popular se constituirían, según el Programa, en la vanguardia de la clase trabajadora. En efecto, se decía que “el Gobierno popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias”. El papel del Presidente eventualmente electo no quedaba con claridad definido en el Programa. Sólo se afirmaba que el Ejecutivo sería “verdaderamente democrático, representativo y cohesionado” en la medida de su fidelidad al esquema pluripartidista revolucionario.

Como hemos dicho, al candidato de la Unidad Popular, la indefinición de su papel como futuro Presidente y de sus relaciones con los partidos de la coalición, le trajo continuas molestias. Con anterioridad a su definitivo nombramiento como candidato oficial, Allende llegó a renunciar a su precandidatura dentro de la coalición, como abanderado de los socialistas, el 5 de enero de 1970.

En esta ocasión afirmó que lo hacía porque “no estamos empeñados en la mera lucha por elegir un Presidente de la República, sino tras la conquista del poder para el pueblo”, y agregó que los Partidos de la Unidad Popular “que reivindican para sí la responsabilidad de la vanguardia” debían ser “capaces de cumplir adecuada y unitariamente su papel revolucionario”. Allende puso así el peso de la tarea en los partidos, y se retiró inteligentemente a un segundo plano.

Pero, al aceptar pocos días después la candidatura oficial, aclaró que su victoria no sería “la victoria de un hombre, ni siquiera la victoria sólo de los partidos populares”. Transcurrida una semana volvió a matizar, afirmando que en su campaña “los partidos no pierden su fisonomía”, y renovó su compromiso con el Programa por ellos elaborado, reiterándoles así su papel protagónico en el proceso electoral y de Gobierno.

Con frecuencia durante la campaña, el candidato insistió en que no se trataba de “cambiar a Frei por Allende”, sino de “cambiar un sistema”, objetivo que sólo se conseguiría mediante el acceso de la coalición de izquierda al poder. Por eso, calificó a la Unidad Popular como “un imperativo histórico” que de no cumplirse con prontitud, implicaría que “incontenibles tensiones sociales arrastrasen a Chile al caos”.

Junto a esto, Allende debió afirmar la importancia de su propio rol en el proceso. Consultado en Concepción por un periodista extranjero sobre la posibilidad que por sobre él gobernase el Comité Político de la Unidad Popular, Allende, muy molesto por la pregunta, contestó: “Yo no seré un Presidente pelele, ni un dictador legal. Seré el compañero Presidente de la República, que ejercerá funciones de acuerdo al mandato de las organizaciones populares”. Hablando a la masonería, en agosto de 1970, Allende insistió en la importancia de su propia figura: “Quiero llegar a la Presidencia de la República para dar felicidad a un pueblo postergado. Y no tengo la menor duda que seré Presidente de Chile”.

Así, por momentos de la mano de su coalición de partidos, en otros, surgiendo él como primera figura, Allende basó su campaña en el mesianismo de ambos, Unidad Popular y candidato. Por eso afirmó: “Debemos vencer para que cambie el régimen y el sistema. Venceremos para abrir un futuro mejor para el pueblo”.

Todo el rol mesiánico de la clase trabajadora -tanto durante la campaña como después de obtenido el supuesto triunfo- se enlazaba en el Programa de la Unidad Popular con el papel también protagónico, y no menos mesiánico, del Estado.

En efecto, una nueva Constitución política debería institucionalizar “la incorporación masiva del pueblo al poder estatal”, para lo cual el Estado debería contar con “una organización única… estructurada a nivel nacional, regional y local”, cuyo órgano superior sería la ya reiteradamente mencionada Asamblea del Pueblo. Se trataría, simplemente, de “transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo” tuviesen el real ejercicio del Poder. El nuevo Estado, obviamente, sería socialista.

Al respecto, Allende afirmó que “la nueva concepción del Estado sitúa a éste al servicio del hombre y no para nutrir a una clase”, a lo que agregó en otra oportunidad que “el Estado estará al servicio de las grandes mayorías”. En toda su campaña se guió por la idea de que “el gran objetivo doctrinario de un socialista tiene que ser la construcción del socialismo”.

Esta voluntad de construir el socialismo ya se había expresado en el Programa de la Unidad Popular mediante la constitución del área social o estatal de la economía. Ya nos hemos referido a las características de dicha área, por lo que sólo cabe agregar que su existencia implicaba aumentar enormemente el volumen del Estado hasta límites gigantescos, al agregarse a las empresas existentes en manos del Estado hasta 1970 a todas las que explotasen las riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro y salitre.

Estos caracteres de ilimitado gigantismo previstos por el Programa para el Estado quedan en absoluta evidencia si se analizan los rubros específicos en que el nuevo Estado socialista jugaría un papel principal o único.

En efecto, el Programa aseguraba la realización de una profunda Reforma Agraria, parte de “un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país”. Los llamados “Veinte puntos sobre la Reforma Agraria” aseguraban que producidas las expropiaciones, el sector “de comercialización e industrialización de la producción agropecuaria debe estar en manos del Estado”, al cual, en concreto, se le obligaba a garantizar “la adquisición de toda la producción de los campesinos que no sea comercializada a los precios oficiales por los cauces normales” e incluso, a contratar “con anticipación toda la producción agropecuaria planificada”. A todo lo anterior se sumaba la función crediticia del Estado, la cual se desempeñaría “sólo en dinero y no en documentos”, y la creación de un sistema nacional de previsión para todo el campesinado.

Por su parte, Allende no fue particularmente explícito sobre el rol del Estado en la agricultura. Procuró más bien destacar el papel de los campesinos y sus cooperativas, aunque no olvidó mencionar la existencia en el futuro régimen de las haciendas estatales.

En cuanto a política de vivienda, el Programa afirmaba que se destinarían todos los fondos “suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de edificación de viviendas”. En este sentido, Allende caracterizó su política como aquella por la cual “se completarán todos los planes comprometidos, en desarrollo y en construcción”, modificándose los reglamentos para que accediesen a dichos planes los que careciesen hasta la fecha de los requisitos, ya que “la vivienda es un derecho social”.

En lo relativo a salud, el Programa de la Unidad Popular se proponía “asegurar la atención médica y dental preventiva y curativa a todos los chilenos”, entregándose los medicamentos “en cantidad suficiente y a bajo precio”. Todo el proceso estaría financiado por el Estado, con la ayuda de los patrones y las instituciones de previsión.

Entre las cuarenta medidas prometidas por Allende se estipuló la instalación de consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones, la supresión del pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales, la entrega de desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica, de almuerzos a aquéllos sin medios suficientes, de medio litro de leche diario a todo los niños del país y de una previsión para todos. Un volumen enorme, por lo tanto, de tareas encomendadas al Estado.

En cuanto a la educación, el Programa se refería a ella como enmarcada en un sistema “democrático, único y planificado”. A partir de estos criterios generales, se hacía presente la hipertrofia del Estado en la educación: se iniciaría un plan extraordinario de construcción de establecimientos, se extendería el sistema de salas cuna, se integraría al control estatal a todos los establecimientos privados con su personal, se crearía un plan nacional de becas “lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile”. En lo relativo a las Universidades, el Programa anunciaba que “el Estado asignará a las Universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratización”.

Como complemento de toda la intervención fiscal, el Programa entregaba al Estado el fomento de la educación física, del turismo y de “la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística” a través de una “extensa red de centros locales de cultura popular”.

Finalmente, el Estado cargaría con el enorme peso de “garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado”, creando las nuevas fuentes de trabajo necesarias, mediante los planes de obras públicas, vivienda y la “creación de nuevas industrias y… la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo”, según estipulaban las “cuarenta medidas” del candidato Salvador Allende.

El instrumento previsto por el Programa para el cumplimiento de parte del Estado de todos sus nuevos compromisos era la planificación. Por esto se establecía que “los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirían un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado”. En concreto, el Programa creaba un “Sistema nacional de planificación económica” al cual confiaba la misión de transformar toda la vida social y económica para lo cual “sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo«.

Allende fue enfático para manifestar su confianza en los mecanismos de planificación. Por eso afirmó: “la economía nuestra será planificada, para producir lo que necesita”.