Dado que el actual Congreso puede reemplazar de forma íntegra la actual Constitución reuniendo el quórum de 2/3, resulta difícil de justificar el proceso constituyente por las siguientes razones.

Si se alega falta de legitimidad de origen, no se comprende cómo es que se pretende realizar el plebiscito que le da inicio en medio de una pandemia, sufriendo una escalada de violencia, en un escenario de recesión económica mundial y con la peor crisis política local desde 1970.

De alegarse la escasa representatividad de las autoridades democráticamente elegidas para interpretar la “voluntad constituyente” de la nación soberana, tampoco se entiende por qué se ofrece como alternativa una “convención mixta”, integrada precisamente por ellas.

Si se reclama que el famoso “tercio más uno” (consecuencia del quórum de 2/3) constituye una “trampa” que le permite a una minoría bloquear cualquier tipo de acuerdo político al que arribe la mayoría, sería importante conocer la razón por la cual se le incluyó como mecanismo de producción de las futuras normas constitucionales.

Y si llegase alguien a sugerir que la nueva Constitución será redactada por la archiconocida “señora Juanita”, deberíamos exigir que nos explique por qué escogieron el sistema proporcional para la elección de los constituyentes, el cual en los hechos solo permite que políticos de carrera o gente “visada” por ellos resulten electos.

En síntesis: si los mismos que toleraron la violencia como vía de expresión política firmando el acuerdo del 15 de noviembre tenían, ya en ese entonces, la atribución constitucional para cambiar por completo la Constitución vigente, ¿por qué ahora nos piden más poder y recursos para hacer exactamente lo mismo?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente como carta al director de La Tercera, el miércoles 09 de septiembre del 2020.